Uno de los objetivos fundacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es la facilitación de los flujos de inversión y comercio entre países. Es por esto que uno de sus estándares prioritarios, por el cual deben regirse los Estados miembros, es la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, instrumento jurídico que se encarga de velar porque los países no impongan restricciones a la inversión extranjera.
Como parte de su proceso de acceso a la Organización, Colombia adhirió a esa declaración desde el 2011, para lo cual tuvo que someterse a una revisión sobre sus políticas de inversión, realizada por expertos de la Organización y aprobada por los 34 países del Comité de Inversión en el 2012.
Como resultado de esta evaluación, el Comité de Inversión (compuesto por delegados de cada país miembro de la Ocde), tal vez uno de los más importantes para el acceso de un país, le otorgó el visto bueno a Colombia en 2016, queriendo decir que las políticas de inversión extranjera en el país están en línea con los estándares de la Ocde.
Adicionalmente, en el índice de restricción a la inversión extranjera que calcula la Ocde y que mide qué tan amigable es la regulación de un país con respecto a la inversión, Colombia se encuentra entre los países más abiertos de toda la Organización y muy por encima del promedio de esta.
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Otra de las condiciones importantes es la calidad de la regulación. Para lograr la aprobación de este comité, se hicieron reformas muy importantes: se fortaleció la independencia de los superintendentes de Sociedades, Financiero e Industria y Comercio asignándoles periodos fijos a su mandato y haciendo obligatoria la explicación pública en caso de ser retirados del cargo antes del fin de su periodo.
También se aprobó un marco de política regulatoria del más alto nivel (Documento Conpes 3816 del 2014), que establece una comisión para la coordinación de la regulación, introduce gradualmente el requerimiento de análisis de impacto de nuevas normas (AIN), fortalece la transparencia y la consulta para emitir regulaciones, y a futuro requiere la evaluación periódica de las normas.
Con estas mejoras, el Comité de Política Regulatoria dio su visto bueno a Colombia el año pasado, conceptuó que el país cumple los parámetros de la Recomendación sobre Política y Gobernanza Regulatoria, instrumento de la Organización donde están consagrados los estándares y principios que tienen otros países del mundo.
El Gobierno Corporativo de Empresas Públicas y Privadas también fue otra de las áreas en donde la Ocde reconoció las reformas que ha hecho el país para adecuarse a sus estándares: se impulsó la actualización e implementación del Código País en las empresas privadas y se fortaleció la gobernanza de las empresas públicas creando la Dirección de Participaciones Estatales en el Ministerio de Hacienda, profesionalizando la selección y evaluación de las juntas directivas y retirando a los ministros del Gobierno de dichas juntas. En este tema también se tiene ya la aprobación para el acceso.
Estos avances no están solo en el papel y no se quedan en el visto bueno inicial, sino que son objeto de seguimiento y monitoreo por parte de los comités de la Ocde (en cada uno de ellos se sientan representantes de los 34 países miembros, funcionarios expertos en cada tema).
Por otro lado, las cifras de inversión extranjera en Colombia han mostrado un progreso significativo desde hace ya varios años.
Entre el 2010 y el 2016, la inversión extranjera pasó de US$ 6.430 millones a US$ 13.593 millones. En particular, en el sector de electricidad, gas y agua la inversión extranjera pasó de US$ 43 millones a US$ 3.600 millones entre 2010 y 2016.Resulta, entonces, por lo menos curioso que un estudio que algunos interesados han hecho circular por los medios y presentado ante varios organismos internacionales, termine afirmando que el ambiente en Colombia para la inversión extranjera ha sufrido un “gran retroceso”.
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Menciona el reporte la “escasa implementación de las reformas propuestas por la Ocde para ingresar a la organización”.
Esto último contrasta con el evidente avance de Colombia en su camino de acceso a la Ocde; hoy faltan en la práctica tres –de 23– comités por otorgar el visto bueno, y justo las áreas referidas en el informe como negativas ya fueron evaluadas y bien calificadas por la Organización.
Contrasta, igualmente, con el grado de inversión del país declarado por las tres calificadoras de riesgo más importantes.
El Gobierno colombiano puede demostrar, en el caso particular que parece interesarle a una firma de abogados, que ha seguido todos los pasos establecidos para manejar la situación de una empresa con problemas con el fin de garantizar la adecuada prestación de un servicio público esencial; al mismo tiempo ha mantenido el diálogo abierto con los socios para explorar opciones de manejo de una situación de insolvencia.
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Es precisamente por el respeto a todas estas instancias que la casa matriz podrá, si así lo considera, acudir a la jurisdicción de arbitraje internacional prevista en los tratados internacionales que ha suscrito Colombia.
En cuestiones de negocios pueden surgir problemas y desacuerdos, y lo importante para la confianza de los inversionistas es el respeto a las reglas establecidas para manejarlos. Sobre el clima de inversión de Colombia dicen más los avances del país en la Ocde, los hechos y las calificadoras de riesgo, que las versiones sobre un caso puntual que, con gran despliegue mediático, pretenden afectar la reputación del país para favorecer intereses particulares en una disputa jurídica.
Catalina Crane Arango
Directora de la Oficina de Acceso de Colombia a la Ocde en París.
Economista de la Universidad de los Andes.
Especial para EL TIEMPO