¿Por qué es riesgoso intervenir a Electricaribe?

Mientras varios sectores políticos y sociales de la costa Atlántica han venido pidiendo que el Gobierno intervenga a la distribuidora de energía Electricaribe, firma que tiene a cuestas lastres de varios años, el efecto de una decisión en el mercado eléctrico sería complejo para usuarios y generadores de energía.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Ángela Montoya, aseguró que cualquier decisión que se tome debe ser estratégica y tiene que ponderar los efectos para el país y para los agentes del sector.

Lo anterior, porque una intervención a esta compañía, que atiende a 2,5 millones de usuarios, tendría un impacto aproximado en el 20 por ciento de la demanda de energía del país. (Lea también: Electricaribe, gobiernos y usuarios, en la raíz de crisis del servicio)

Este es el porcentaje que consume Electricaribe actualmente en el mercado, el cual es un tamaño considerable frente al total. Y en número de usuarios, el impacto se calcula en el 18 por ciento, según estimaciones de la Contraloría General de la República.

Además, según otras fuentes del mercado, al intervenir la firma el Gobierno debería sacar millonarios recursos, según el tiempo y el tipo de medida que se decida.

En los últimos años, por factores como el fenómeno del Niño y el crecimiento económico, la costa Atlántica ha venido aumentando de forma importante su consumo de energía, la cual es comprada a tres agentes principales: Isagén, AES Chivor y la española Emgesa.

Según el balance de Electricaribe del año pasado, antes de que el fenómeno climático llegara a su mayor intensidad, entre noviembre del 2015 y marzo del 2016, el consumo de energía en este mercado subió muy por encima del resto del país. (Lea también: Gobernadores del Caribe piden 'intervención de Electricaribe ya')

De acuerdo con el documento, en el 2015 el consumo de la región subió un 7,77 por ciento, frente al 4,11 por ciento del resto del país. Incluso, en el 2014 el incremento de la demanda de Electricaribe fue mayor, del 8,56 por ciento, mientras en el resto del país el porcentaje de variación fue del 3,16 por ciento.

Además, solo en el 2015, según el reporte de Electricaribe, en el ítem de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, las compras de energía cerraron en 489.696 millones de pesos, para un aumento cercano al 73 por ciento con respecto al corte del 2014.

Este incremento, según fuentes enteradas, obedeció a que para tener acceso a la energía en la bolsa, Electricaribe tuvo que dejar garantías bancarias reales. Aun así, el año pasado la firma tuvo cerca de 13 limitaciones de suministro.

El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, señaló que se deber mirar con cuidado, pues la decisión de intervenir no se puede tomar sin entender muy bien todos los efectos de esta actuación.

Ante la grave situación, el Gobierno abrió la puerta para que lleguen otros agentes, no solo para garantizar la prestación del servicio, sino para que este sea de calidad.

Así lo dijo el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, al señalar que esta es una de las posibilidades que se miran. De acuerdo con el funcionario, el país tiene un problema histórico, que consiste en que “hemos querido resolver a punta de subsidios y de proyectos de electrificación, y aquí lo que necesitamos son acciones de largo plazo que nos garanticen que la operación sea viable para el actual operador o para cualquiera que lo preste”.

El nuevo equipo de la Superservicios puede demorar algunas semanas el análisis de la conveniencia de intervenir la empresa, ya que también hubo relevo en la Delegatura de Energía y Gas, área en la que el martes asumió José Fernando Plata Puyana, quien procede de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y conoce el mercado eléctrico. (Lea también: El robo de energía y otros cinco males de Electricaribe).

En diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República dijo que los usuarios de las zonas especiales y de difícil gestión le debían a la compañía más de 697.000 millones de pesos, de los cuales las zonas subnormales representaban unos 401.599 millones de pesos.

Hoy, las deudas de estos últimos ya superan los 650.000 millones de pesos, suma que crece sin parar, ya que de los 2,5 millones de usuarios que tiene Electricaribe, el 80 por ciento corresponde a estratos 1, 2 y 3.

A la fecha, los entes territoriales de la región Caribe también ya le deben a la compañía alrededor de 150.000 millones de pesos que no han entrado a las arcas de la empresa, la cual no puede cortar el servicio porque se trata de establecimientos públicos, que son bienes y servicios protegidos por la Constitución Política, como los hospitales, por ejemplo.

En diciembre pasado, la Contraloría advirtió que buena parte de los recursos para normalizar las redes en barrios subnormales y para expandir la infraestructura están quietos, sin generar beneficio a las comunidades, pues 404.453 millones de pesos girados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe para estos propósitos, en el 2008 y entre el 2011 y el 2014, se habían dejado de ejecutar 93.043 millones de pesos.

Y al sumarle otros 56.984 millones de pesos que fueron asignados el año pasado a empresas de otras regiones (hubo enfrentamiento entre Electricaribe y el Ministerio de Minas y Energía), algunas con mercados más pequeños y sin la experiencia requerida, la cifra de la plata que la Costa tiene sin ejecutar para mejorar la calidad del servicio asciende a los 150.027 millones de pesos.

Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que varios de estos agentes estarían pensando en devolver el dinero, debido a que el aumento del dólar encareció los costos de los insumos para ejecutar los proyectos.

Aunque el Gobierno impulsó proyectos por $ 3 billones en las redes de transmisión nacional y regional en la Costa, las mejoras no las ven los usuarios, pues en la red de distribución Electricaribe no ha ejecutado el billón de pesos al que se comprometió, pues no tiene retorno de la inversión. (Lea también: Alerta por riesgo inminente de apagón en la Costa Caribe)

En el informe de actuación especial de finales del año pasado, la Contraloría señaló que en los proyectos de normalización eléctrica, Prone GSC-97-2008, que costaron 19.359 millones de pesos para beneficiar a 10.704 usuarios, las obras estaban finalizadas pero la comunidad no permitió la energización de la infraestructura eléctrica, la cual corre el riesgo de ser objeto de vandalismo por la falta de uso.

Se trata de redes inteligentes con sistemas para evitar la adulteración y el robo de energía.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu