Al menos unos 621.000 millones de pesos le están debiendo al Estado las empresas que operan en el país y que han sido sancionadas por las distintas superintendencias, luego de que estas detectaran infracciones o violaciones a las normas que rigen cada sector de la economía.
De esa cartera, el 48,2 por ciento –unos 299.000 millones de pesos– está en mora, razón por la cual estos órganos de vigilancia y control, una vez vencidos los plazos, inician los respectivos cobros coactivos, lo que incrementa el monto que deben pagar, pues tendrán que cancelarse con intereses moratorios y los correspondientes gastos de los procesos judiciales.
La cifra de las deudas puede ser más alta si se tiene en cuenta que de las superintendencias del Subsidio Familiar y de Notariado y Registro no fue posible obtener la información respectiva.
Ahora, los recursos pendientes de pago serían suficientes para financiar la mitad de las 30.000 casas que forman parte de la segunda fase del programa de viviendas gratis, cuyo presupuesto es de 1,4 billones de pesos.
Llama la atención que en lo corrido del 2016, el valor de las sanciones monetarias impuestas por las superintendencias, unos 533.000 millones de pesos, casi supera el monto total de las multas del año pasado, el cual alcanzó poco más de 535.000 millones de pesos, según información de estas entidades.
José Luis Mendoza Daza, superintendente de Servicios Públicos, es de los que creen que no todas esas fallas de mercado se solucionan con multas, sino que ese tipo de sanciones se debe manejar con inteligencia y mucho tacto, pues hay que pensar en los efectos que estos tienen sobre los demás actores del mercado.
Los dineros recaudados por concepto de multas y sanciones, la mayoría de las veces son destinados a funcionamiento de dichos órganos de vigilancia y control, pero también tienen como destino el presupuesto de la Nación.
Por ejemplo, en el caso de las superintendencias de Salud, de Sociedades y de Servicios Públicos, los recursos de las sanciones se incorporan a los presupuestos de cada una de estas entidades para gastos de funcionamiento.
“Estos recursos permiten cofinanciar los gastos anotados y los de inversión de la entidad; van para la realización de las acciones de inspección, vigilancia y control; para la debida atención y protección de los usuarios, y para el fortalecimiento de las funciones jurisdiccionales y de conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, entre otros”, indicaron fuentes de la Supersalud.
En las superintendencias Financiera, de Industria y Comercio, Solidaria y la de Transportes, las empresas multadas deben girar los recursos al Tesoro Nacional o a las mismas entidades de vigilancia, que se encargan luego de trasladarlos al Ministerio de Hacienda.
Topes de multasAunque las sanciones más frecuentes que imponen las superintendencias a sus vigilados tienen que ver con violaciones a las normas de la competencia, la protección al consumidor, no reporte de información sobre sus actividades en los plazos estipulados, así como el incumplimiento de sus deberes de mercado, entre otras, las multas no son iguales en todos los sectores y varían dependiendo de si van contra una persona natural o una jurídica.
“La multa máxima para una persona natural (representantes legales, directores o secretarios de salud, jefes de presupuesto y tesoreros, entre otros) es de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v.) –unos 138 millones de pesos–. En el caso de personas jurídicas, 2.500 s.m.m.l.v. – “cerca de 1.727 millones de pesos”, señalan fuentes de la Supersalud–.
En la Superfinanciera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley de Valores indican que el tope máximo de una multa de carácter institucional no puede superar los 1.040 millones de pesos, en tanto una personal, los 207,2 millones de pesos, según valores del 2016.
En temas relacionados con el incumplimiento de las normas de lavado de activos, la sanción asciende a cerca de 3.300 millones de pesos, y por habeas data, a 1.034 millones.
Otras, referentes al retraso en el pago de prestaciones económicas del Sistema de Riesgos Profesionales, llegan a los 689 millones de pesos para este año, indicaron funcionarios de la entidad.
Las dos multas más altas que ha dejado en firme la Superfinanciera este año alcanzan los 365 millones y 623 millones de pesos.
La primera, a una entidad bancaria por exceder el límite en el cobro de intereses para créditos de vivienda, y la segunda, a Rodrigo Jaramillo por “omisión en el cumplimiento de sus deberes como administrador de Interbolsa”.
Los topes de las sancionesEn la Supersociedades, el tope de las multas también alcanza los 200 s.m.m.l.v., según funcionarios de la entidad, y dos de las sanciones más recientes fueron contra César Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas, por 26,7 millones de pesos cada uno, por no cumplir en forma oportuna lo relativo a la inscripción del grupo empresarial.
En reiteradas oportunidades, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, ha señalado la necesidad de fortalecer este aspecto en la entidad y así evitar que se cometan más infracciones a las normas del sector.
Se sabe que el Gobierno ya tiene listo un decreto para endurecer las sanciones a las empresas que operan en el sector de servicios públicos, el cual dará a conocer en los próximos días.
En este aspecto, la Superindustria (SIC) ha sentado un precedente con las más recientes sanciones impuestas a varios de sus vigilados, en especial por violaciones a las normas de competencia.
Solo las multas impuestas en lo corrido de este año se aproximan al medio billón de pesos, esto es, 22 por ciento más que las registradas en todo el 2015.
Como se recuerda, esta superintendencia ha impuesto severas multas a varias empresas por cartelización de precios. La más reciente fue por 185.000 millones a las empresas Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda, así como contra varias personas naturales, funcionarios de esas empresas.
CARLOS ARTURO GARCÍA M.
Redacción Economía y Negocios
