Se agita debate por el fraude y el impago a Electricaribe

Que cerca del 98 por ciento de los clientes normales de Electricaribe pagan a tiempo, como lo afirmó la semana pasada la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), es tan cierto como que esa es solo una de las caras de la moneda de la situación que enfrenta a diario esta compañía, que presta el servicio de energía eléctrica a los siete departamentos de la costa Atlántica.

Mientras fuentes del mercado eléctrico dicen que hoy la empresa debe pagarles a los generadores en bolsa unos 102.000 millones de pesos correspondientes a septiembre, un documento de la empresa, que está siendo visitada por el organismo de control y vigilancia, indica que “en la costa Caribe hay una arraigada cultura de no pago, que afecta a una parte relevante de la población, incluso a los organismos oficiales, existiendo una ‘industria’ ilegal dedicada a ofrecer manipulaciones de la red y los medidores”.

Y agrega que ante esta situación hay una “insuficiente actuación policial y judicial, lo que acentúa la sensación de total impunidad”.

(Más: Superservicios dice que el 98 por ciento de clientes legales de Electricaribe pagan a tiempo)

Las cifras de la compañía evidencian que los 2,7 billones de pesos de facturación del 2015, de los que habló el superintendente José Miguel Mendoza, corresponden solo al 63 por ciento de las ventas totales (los clientes de fácil gestión), y que allí no está el centro del problema, pues el nivel de impago en estos clientes fue del 7,2 por ciento.

En el otro 36,1 por ciento de la facturación, que en el 2015 fue de 1,55 billones de pesos, el nivel de morosidad fue del 23,5 por ciento (366.120 millones de pesos), porcentaje que entre enero y junio del 2016 ya escaló al 31,8 por ciento, es decir, llegó a 237.582 millones de pesos.

De acuerdo con la compañía, este año, de esta última suma sin pagar, el 63,2 por ciento corresponde a las llamadas zonas especiales, es decir, áreas apartadas, pequeños poblados y zonas alejadas de las vías principales, o a las que incluso solo se llega en chalupa.

Al sumar toda la facturación, el impago se mantiene en niveles del 13 por ciento, porcentaje que en el 2015 fue del 13,1 por ciento y en el 2016, a junio, del 13,5 por ciento.

En los clientes normales este porcentaje fue solo del 6,2 por ciento en la primera mitad del año, pero en los barrios subnormales fue del 33 por ciento; en las llamadas zonas especiales, del 27 por ciento, y en los organismos oficiales, del 12,4 por ciento.

Si bien la gestión de cobranza está a cargo de la empresa, cuando esta insiste en la cultura del no pago, se refiere también a que solamente el año pasado las pérdidas por la energía que se compra a los generadores, pero que no se puede cobrar a los usuarios, llegaron a 285.739 millones de pesos y este año, en el primer semestre, el monto ya superó los 192.000 millones.

(También: Se complica la crisis de Electricaribe)

Dichas pérdidas, que las asume la empresa, corresponden a zonas donde no hay medidores o en las que se han detectado todo tipo de irregularidades para conectarse ilegalmente o para alterar la medición de la energía consumida.

El año pasado, de acuerdo con los reportes de la empresa, se detectaron 343.042 casos de fraude y en la primera mitad de este año el volumen de las irregularidades en las conexiones alcanzó los 157.617 casos.

El documento cita como factores determinantes de las pérdidas por fraude la pobreza, pero también la manipulación de redes y la reincidencia en los casos reportados, ya que solo en los últimos siete años, hasta el 2015, el 38 por ciento de las situaciones detectadas han sido de clientes reincidentes, mientras en el 2015 hubo 40.882 de usuarios con más de dos irregularidades.

Y es que mientras entre el 2012 y el 2015 la compañía presentó 10.028 denuncias por fraude, el fenómeno sigue sin contenerse a pesar de las acciones para evitarlo (hay 700 personas trabajando de tiempo completo en la detección de anomalías).

En efecto, en el 2013 el número de denuncias fue de 590, en el 2014 fueron 653 los casos reportados, la cifra llegó a 699 en el 2015 y en el 2016, solamente a marzo, fueron 458 los casos denunciados.

En total, desde el 2005 hasta marzo del 2016, el número de denuncias suma 12.428, de las cuales 7.034 casos fueron terminados por conciliación, 84 concluyeron en condenas, en 55 casos las sentencias han sido de absolución, 1.761 han sido archivados, precluidos o el juez se declaró inhibido para fallar.

De igual forma, las denuncias desistidas suman 1.242 y hay vivas 2.252 denuncias, de las cuales 1.767 apenas están en la fase de indagación.

Además, la compañía registra este año más de 193 agresiones físicas contra personal propio y contratado. Sus brigadas de técnicos han sido víctimas de 45 atracos, y el año pasado, de acuerdo con el documento, un ingeniero, quien era parte de la Unidad de Lucha contra el Fraude, fue asesinado por causas que aún se investigan, pero cuyas conclusiones preliminares apuntan a que los posibles móviles se relacionan con su actividad en detección de fraudes de energía.

Mientras la Corte Constitucional dice que a los usuarios con protección constitucional, como los hospitales, las cárceles o la misma Policía, no se les puede cortar el servicio de energía, este año, a agosto, Electricaribe ha detectado 2.944 casos de fraude a sus redes, por 25.651 millones de pesos, de los cuales 17.483 millones son del sector comercial (1.508 casos).

Los otros segmentos relevantes, por su número y monto, son los fraudes residenciales, donde iban 1.227 casos por 4.339 millones de pesos, y las entidades oficiales, en las que se dio cuenta de 149 casos que implicaron pérdidas por 2.413 millones de pesos.

En estas últimas, el grueso de las pérdidas, con 1.503 millones de pesos y 96 casos, está concentrado en escuelas, seguido por polideportivos (300,3 millones en pérdidas) y las alcaldías, donde se reportaron robos de energía por 215 millones hasta agosto.

Los casos más relevantes están en Bolívar, en las alcaldías de Córdoba, María la Baja y Turbaco. Bajo este panorama, las autoridades continúan buscando una salida, en medio de la decisión de Electricaribe de restringir las inversiones hasta que se controle el fraude.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu