Tan solo en el arriendo de baños portátiles para los miles de empleados que construyeron la Refinería de Cartagena (Reficar) hubo sobrecostos por más de 9.597 millones de pesos.
Ese es uno de los ejemplos de “una novela, una danza de millones de pesos, de millones de dólares” que, según el contralor general, Edgardo Maya Villazón, caracterizó a este proyecto estratégico.
Casi 12 meses después de que estallara el escándalo por los sobrecostos, la Contraloría entregó este martes el balance de 177 contratos y subcontratos –luego de rastrear 5 millones de transacciones– que arrojan un detrimento patrimonial sin precedentes para un solo proyecto: 8,5 billones de pesos.
La investigación de la Contraloría encontró 36 ‘hallazgos fiscales’, es decir, irregularidades que les terminaron costando a todos los colombianos.
Puntualmente, las irregularidades en la contratación equivalen a 943 millones de dólares, a los que se suman 1.936 millones de dólares “que no ingresaron al patrimonio del Estado por la demora de 27 meses del proyecto”.
Se concluyó, además, que “Reficar no se desarrolló bajo un modelo de buenas prácticas (...). Inició obras sin los diseños, y solo cuando ya se había construido el 52 por ciento del proyecto se tuvieron los estudios definitivos”.
Además, se encontró que aunque en todo el mundo estos proyectos se construyen con socios de alta experiencia, Ecopetrol seleccionó como socio estratégico a Glencore International A. G., por encima de la brasileña Petrobras, a pesar de que la primera “no certificó experiencia alguna en el desarrollo de proyectos de refinación”.
En el 2007 empieza a jugar en el proyecto otro actor cuestionado: CB&I Américas, la firma encargada de la construcción y cuyos contratos son, en su mayoría, los que cuestiona la Contraloría. (También: Cinco venas rotas por las que se pierde la plata de los colombianos)
Además, en el 2009 Glencore, argumentando “dificultades insuperables”, se retiró del proyecto, y con todas las dificultades que esto implicaba, Ecopetrol “no ejecutó los mecanismos para contrarrestar los incumplimientos del socio adjudicatario incluidos en el acuerdo marco de inversión”. Las penalidades que se debían cobrar sumaban 115 millones de dólares, más una multa de 166.000 dólares diarios por incumplimiento.
Todas estas polémicas decisiones dispararon el costo del proyecto de 3.777 millones a 8.016 millones de dólares. Así, de una rentabilidad esperada de 16,1 por ciento se pasó a una del 4,35 por ciento.
La Contraloría concluyó que “con el único propósito de terminar rápidamente la refinería, y a pesar del incumplimiento de las metas”, se aprobó un plan de incentivos superior a los 80.000 millones de pesos.
Según el informe, hay sobrecostos inaceptables como el pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por 7.947 dólares por parte de la compañía CB&I; o el pago de 724 millones de pesos por el alquiler de 30 buses que nunca se usaron, entre otros. En el alquiler de 84 grúas hidráulicas se dio un daño fiscal por 37.000 millones de pesos, de acuerdo con el informe.
La refinería de Cartagena señaló que la mayoría de los hallazgos se relacionan con problemas de gestión del contratista CB&I y sus subcontratistas, y dijo que por ello hay un proceso de arbitraje internacional en contra de las firmas CB&IN. V., CBI Colombiana y CBI UK, con el cual se busca recuperar los costos, daños y perjuicios atribuibles a estas.
A su turno, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, se disculpó por los sobrecostos derivados de la actuación de los contratistas y dijo que tanto en este caso como en el de la planta de etanol Bioenergy se han tomado medidas para identificar y abordar los problemas derivados de los incumplimientos.
Entre tanto, Fabio Echeverry Correa, miembro de la junta directiva de Ecopetrol entre el 2002 y el 2014, dijo: “En estas empresas uno no tiene mayor capacidad de entrar a preguntar nada, porque uno tiene que suponer que cuando están el presidente de la empresa, el vicepresidente, el ministro de Minas y Energía, el director de Planeación y dos miembros más de junta, estos caballeros saben qué están haciendo”.
EL TIEMPO llamó al expresidente de Reficar, Orlando Cabrales, pero no fue posible contactarlo.
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