Así es el proyecto que da cuota regional a través de congresistas

Así es el proyecto que da cuota regional a través de congresistas

¿En qué países aplica idea de que 20 % del monto destinado a inversión sea manejado por Legislativo?

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Con el presupuesto de inversión se financian gastos inflexibles, como becas y programas sociales que se verían afectados con la propuesta de Acto Legislativo.

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Archivo El Tiempo

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
17 de mayo 2019 , 01:07 p.m.

Los legisladores colombianos, aunque cada año estudian y aprueban el presupuesto general, que además se distribuye en las regiones (regionalización) a través de Planeación Nacional, están pidiendo más participación en el ciclo presupuestario, como existe en Estados Unidos, según argumentó Germán Navas, autor del acto legislativo que está causando polémica.

La iniciativa ya lleva seis de ocho debates en el Congreso, y, apenas ahora, el Ministerio de Hacienda se pronunció en contra, luego de percatarse de que en el transcurso del trámite, los congresistas pusieron una cifra: hasta en un 20 por ciento del rubro destinado a la inversión en el presupuesto general “podrán efectuar modificaciones mediante traslados entre partidas, aumento o disminución de estas o inclusión de nuevas partidas”, dice la propuesta.

La idea original, según expresa Navas, “estaba encaminada a que el Congreso pudiera cuestionar montos de partidas y aprobar aumentos o disminuciones”.

La generalidad en los países del mundo es que exista una coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para la construcción del presupuesto, como también se hace en Colombia, donde el Gobierno presenta la propuesta y el Congreso le hace ajustes antes de aprobarla.

Pero, según Navas, “nos volvimos un Congreso de firmones. En el presupuesto no se puede modificar nada sin el aval del Gobierno. En esa relación surge la ‘mermelada’. Por eso, esta es una medida antimermelada”.

Nos volvimos un Congreso de 'firmones'. En el presupuesto no se puede modificar nada sin el aval del Gobierno. En esa relación surge la ‘mermelada’. Por eso, esta es una medida antimermelada

En el contexto mundial, uno de los casos singulares es el de EE. UU., donde “la capacidad del Congreso para configurar los presupuestos es probablemente única”, señala un documento del Banco Mundial. Si bien “el Presidente presenta un proyecto al Congreso, este último lo trata como una propuesta, pues tiene amplia participación para modificarla”.

Hay que subrayar lo que señala el asesor jurídico de Navas, Manuel Restrepo: “En Estados Unidos tienen oficina técnica asesora que se encarga de revisar el proyecto de presupuesto del Gobierno y hacer seguimiento a su ejecución. Actúa como una agencia adscrita al órgano legislativo”.

La idea fue calificada de exótica

Este panorama es muy distinto a la propuesta que avanza en el Congreso y que el Ministerio de Hacienda, entre otras voces , considera “inconveniente”.

Varios expertos incluso califican la idea de “exótica”, y el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dice que “es un retroceso que nos devuelve a los años 50. Es irreal pensar que se pueda disponer del 20 por ciento del presupuesto de inversión, el cual es inflexible porque cubre compromisos ineludibles, como los programas sociales (Familias en Acción y becas, entre otros)”.

Javier Hoyos, director de la firma Gestión Legislativa, también sostiene que la propuesta limita ese 20 por ciento del presupuesto de inversión, que de por sí ya es precario, para que los legisladores dispongan su uso en pro de las regiones.
Por eso, la propuesta ha sido comparada por algunos expertos “con los cupos indicativos”, los cuales fueron el reemplazo de los cuestionados “auxilios parlamentarios, que iban a parar a las fundaciones de los legisladores”, según recordó Hoyos.

Esto pasa en otros países

Restrepo, en línea con lo dicho por Navas, sostiene que, por el contrario, “lo que pretende la reforma es acabar los cupos y los auxilios parlamentarios, y que la discusión sobre la destinación de las partidas regionales específicas se haga en plenarias del Congreso”.

Varios economistas insisten en que no es común encontrar esta práctica en otros países. En Chile, por ejemplo, “la legislatura solo puede reasignar recursos entre las distintas líneas de gasto”, indica el estudio del Banco Mundial.

Y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el informe ‘La función de la legislatura en los procesos presupuestarios’, expone casos como el de Alemania, donde el presupuesto solo lo aprueba el Bundestag (parlamento federal), tras un recorrido largo, con estudios y participación de expertos que establecen una coordinación entre Ejecutivo y Legislativo.

El DNP se pronuncia

En 27 países analizados en el informe del organismo internacional, solo cuatro, incluido Estados Unidos (República Checa, Dinamarca y Hungría), pueden hacer cambios significativos, pero sin un porcentaje como el que se plantea en Colombia y que, al decir de Planeación Nacional, “podría generar situaciones de inequidad entre las regiones, dependiendo de la representación política, causando así que se gasten los recursos en unos proyectos de ciertas regiones, en detrimento de otras”.

Las consecuencias serían más hacia lo negativo. “Podría generar desorden en el manejo de la inversión pública nacional, que se coordina con el Plan Nacional de Desarrollo”, agrega el DNP.

Además, recordó que “los congresistas tienen todas las facultades para proponer proyectos de inversión, pero ello debe articularse con el Gobierno para garantizar la conveniencia fiscal”.

Esto, sin contar con que el presupuesto para inversión, en más del 80 por ciento, es inflexible (vigencias futuras, víctimas, rentas garantizadas, sentencias, etc.). Por lo tanto, señala Planeación, “el 20 por ciento asignado por el Congreso sería otra inflexibilidad que generaría presiones fiscales, en contra de la sostenibilidad fiscal”.

Puede abrir la puerta para que los recursos terminen asignados a entidades públicas en donde hay tolerancia con la corrupción en la contratación pública

Para el 2019, el presupuesto de inversión es de $ 46,8 billones, de los cuales 8,7 billones provienen de recursos propios y 38,1 billones, de la Nación.

De aprobarse el acto legislativo (falta Comisión Primera y plenaria de Senado), tendría que haber una ley ordinaria que desarrolle la idea. Los expertos estiman que el 20 % al que se refiere la propuesta recaería sobre los 38,1 billones. Por lo tanto, se estaría hablando de $ 7,62 billones.

El mecanismo de distribución también requeriría aclararse. Pero aún nada está decidido. El representante Cristian Garcés señaló que “puede abrir la puerta para que los recursos terminen asignados a entidades públicas en donde hay tolerancia con la corrupción en la contratación pública”.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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