Un correo electrónico de hace 15 años, fechado el 21 de agosto de 2001, es una de las pruebas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para demostrar que altos ejecutivos de las firmas Carvajal y Colombiana Kimberly-Colpapel trazaron una estrategia para controlar el mercado de los cuadernos escolares en el país y eliminar a la competencia.
El correo fue enviado por el gerente de mercadeo de Carvajal, Germán Varela Villegas, a la presidenta de la empresa, Gladys Elena Regalado Santamaría, con copia al vicepresidente corporativo, Eugenio Castro Carvajal, y a otros altos ejecutivos de esa firma. El mensaje habla de concertar una reunión con directivos de Kimberly.
“El objetivo básico (es) de conocernos y acordar: precios netos a febrero del 2002, descuentos financieros y prácticas comerciales (devoluciones, bonificaciones, etc.)”, dice el mensaje, en el que además se propone que la reunión se realice en Bogotá o en Cali. (Ver también: Carvajal, con multa millonaria por ser parte de cartel del cuaderno)
Con base en ese correo y en otras evidencias, como la declaración de los directivos de Kimberly y de la empresa Scribe (que también hizo parte del acuerdo irregular), la SIC acaba de imponer una multa de 59 mil millones de pesos a las tres firmas implicadas y a 24 de sus directivos.
Para la SIC, el correo no deja duda de la finalidad anticompetitiva e ilegal de la reunión. Y agrega que ese y otros encuentros entre los ejecutivos tenían como propósito, además de conocerse, también convenir precios, descuentos y otras prácticas restrictivas a la competencia.
Además concluye, que el origen del comportamiento cartelista de Carvajal tuvo lugar en la cúpula de la compañía, pasando por su presidente, su gerente de mercadeo y su vicepresidente corporativo, entre otros directivos.
Dice la SIC que las tres empresas mencionadas en el expediente cometieron infracciones a la libre competencia, como fijar el precio de los cuadernos, coordinar políticas de comercialización y mercadeo y restringir el abastecimiento del producto.
Carvajal Educación y Kimberly incurrieron en conductas irregulares contra la libre competencia entre el 2001 y 2011; y la primera repitió entre el 2011 y el 2014, pero con Scribe.
Como Scribe fue vendida en el 2011 al grupo Bio Pappel Scribe (México), el antiguo dueño (Kimberly) fue delator y colaborador de la investigación.
La SIC afirma que Varela pidió contactar al entonces gerente de ventas de Kimberly, Juan Enrique Restrepo Gaviria, con el fin de que estuviera disponible en la reunión que pretendían llevar a cabo y acordar los precios, descuentos y prácticas comerciales.
Otra prueba de la SIC, que da cuenta de los orígenes del acuerdo ilegal, es la declaración de Restrepo Gaviria, del 26 de enero del 2015, que confirma los primeros acercamientos entre empresas y la celebración de una reunión en febrero del 2002 en el restaurante Los Girasoles, en Cali, con directivos de su compañía.
El primer asunto de la reunión fue que el mercado de cuadernos económicos, que entonces significaba 100 millones de unidades al año y representaba 70 por ciento del negocio, estaba muy fragmentado por las importaciones baratas provenientes de China y Perú.
En la reunión también se mencionó que era imposible competir bajo esas condiciones, tanto que Carvajal redujo la producción de esa línea y concentró los esfuerzos comerciales en el 30 por ciento del mercado, que abarca un producto más diferenciado.
Se referían a los cuadernos protegidos por licencias y derechos de autor en Colombia y el exterior, con carátulas repujadas y otras características que los convierten en un segmento alto o ‘premium’.
El directivo agrega que aunque la reunión fue para hablar del mercado, los bajos precios y los reducidos márgenes de las empresas, fue como un comienzo de las cosas, pues a partir de ese momento se empezaron a citar formalmente con directivos y el gerente de Bico (firma del Grupo Carvajal), Germán Varela, para hablar de las temporadas de ventas.
Restrepo Gaviria también confesó que el 5 de febrero del 2002 remitió un correo electrónico al presidente de Kimberly, Álvaro Ricardo Mejía Cano, y a Federico Restrepo Ríos y Fernando Restrepo Restrepo, también funcionarios de esa firma, en el cual les indica, bajo el asunto ‘reunión directivas Carvajal’, que “desde hace un mes estábamos en el plan de conseguir con los directivos de Bico Internacional una reunión para analizar el mercado de los cuadernos y la mejor manera de optimizar el manejo de este… ya que entre las dos compañías controlan la mayor parte del mercado nacional”. El directivo asevera igualmente que el objetivo de la reunión era mejorar la rentabilidad del negocio de los cuadernos, con un nuevo esquema de precios y plazos. (Ademas: tres fabricantes de cuadernos habrían creado cartel para fijar precios)
Germán Varela Villegas, gerente de mercadeo de Carvajal, aseveró que si bien asistió a la reunión de Cali, el que la promovió fue Restrepo Gaviria. La firma también dice que la SIC no valoró el material probatorio que su defensa presentó.
Las multasLa resolución de la SIC indica, entre otros asuntos, que la empresa Carvajal Educación S.A.S. y 12 de sus directivos tendrán que pagar multas que sumadas contabilizan 16.342 millones de pesos, por acuerdos de restricción de la libre competencia.
Aunque Kimberly, Scribe y 12 de sus ejecutivos fueron declaradas culpables, la SIC las exoneró por delatar y colaborar.
‘Ignoraron nuestra defensa’Frente a la sanción impuesta por la SIC, la firma Carvajal emitió un comunicado en el que reitera que no incurrió en conductas ilegales y anunció que apelará la decisión.
“Carvajal Educación reitera que no ha violado las normas de libre competencia y que, convencida de su buen proceder, recurrirá la decisión y acudirá a las instancias que le brinda la ley para demostrarlo”.
“La SIC ignoró más de 20 documentos, 31 testimonios e interrogatorios, 2 dictámenes periciales de reputados economistas y decenas de horas de contrapreguntas a los delatores que demostraban las debilidades e inconsistencias del caso”.
Añade que la Superintendencia tampoco tomó en cuenta estudios económicos independientes que “indican claramente que las conductas de las cuales se nos acusa no pudieron haberse llevado a cabo y, sobre todo, que los consumidores no pueden haber sido afectados por nuestras prácticas comerciales”.
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