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Embargo a contratista prende alarmas por la suerte de Hidroituango
Hidroituango

El proyecto sigue en crisis.

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Jaiver Nieto

Embargo a contratista prende alarmas por la suerte de Hidroituango

Tras medida de la Contraloría, una decisión igual para el consorcio retrasaría el proyecto un año.

La decisión de la Contraloría General de la República de decretar el embargo de 13 cuentas y 12 inmuebles de la empresa Integral S. A., como parte de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de 28 personas (naturales y jurídicas) por un presunto detrimento de más de 4,23 billones de pesos en el proyecto hidroeléctrico Ituango, generó fuertes preocupaciones no solo en Empresas Públicas de Medellín (EPM), sino entre expertos en infraestructura y del sector eléctrico.

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La decisión, en contra de la empresa Integral S. A., encargada de la supervisión de la construcción y del diseño de la central de generación más grande que tendrá el país (2.400 megavatios de capacidad), es parte del proceso de investigación por supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de la megaobra. Más adelante se podrían tomar nuevas decisiones sobre otros bienes y empresas vinculadas al proyecto, investigado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría.

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El auto de siete páginas, que señala que dichas medidas cautelares son esenciales para asegurar el resarcimiento y que buscan evitar que el presunto responsable fiscal se insolvente de cara a los procesos de responsabilidad fiscal, abre la posibilidad de que eventualmente las obras del proyecto sufran una nueva parálisis.

“Esta situación genera inconvenientes para los ejecutores del proyecto, que pueden tener repercusiones en el proyecto y en los planes que traemos como empresa”, indicó ayer el nuevo gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.

Y mientras que el Consorcio CCC Ituango, constructor de las obras, dijo ayer que no ha sido informado sobre los embargos por la Contraloría, ni por sus proveedores financieros, EL TIEMPO conoció que hay una gran preocupación no solo en EPM y entre sus contratistas, sino también en el renglón de infraestructura y en el sector eléctrico.

El peor escenario

Una fuente consultada le dijo a este diario que en caso de extenderse el embargo a las cuentas de las empresas que hacen parte del consorcio CCC Ituango (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H) y a la interventoría, la obra se tiene que parar de forma automática. Y explica que una parálisis incrementa los riesgos latentes para las comunidades ubicadas aguas abajo de Hidroituango, porque en este momento el agua sigue pasando por el vertedero.

Esta es una infraestructura que habitualmente es utilizada para desalojar excedentes de agua cuando el embalse se llena, ya que lo normal es que el agua pase por la casa de máquinas y luego vuelva al río tras utilizarse para generar energía.

“Es una estructura que se hace para funcionar temporalmente y ya lleva funcionando tres años”, alertó el experto consultado al señalar que la única forma de eliminar este riesgo es terminar la obra.

Además, si eventualmente las empresas del consorcio constructor quedan bloqueadas por un embargo, Empresas Públicas de Medellín tendría que conseguir nuevas firmas que se encarguen de la construcción, la interventoría y la supervisión de la construcción y del diseño de la parte que falta.

De acuerdo con la fuente, en el mejor de los casos, si ese proceso avanza muy rápido, tendría que pasar por lo menos entre uno y dos años para que ello se lleve a cabo. Lo anterior porque, entre otras actividades, habría que sacar nuevos pliegos, hacer un inventario del estado de las obras para sacar la nueva licitación y los proponentes tendrían que estudiar en detalle qué tan avanzadas están las obras, presentar su oferta, evaluarla (por parte de EPM), redactar los contratos, legalizarlos y realizar la logística de empalme.

Empresas Públicas de Medellín tendría que conseguir nuevas firmas que se encarguen de la construcción, la interventoría y la supervisión de la construcción y del diseño de la parte que falta

Y además, la entrada en operación, prevista para 2022, ahora sería para 2023 o 2024, es decir, seis años más tarde del plazo inicial de diciembre de 2018, el cual no se cumplió a causa de la grave contingencia derivada del colapso del túnel auxiliar de desviación.

Y el sistema eléctrico del país, que está diseñado para contar con esta energía que no llegaría, asumiría el riesgo de un racionamiento de energía o tendría que pagar unos costos de energía más altos, ya que, para responder por los compromisos de generación adquiridos, EPM tendría que salir a comprar esa energía en el mercado mayorista o reemplazarla con la que produzca otra de sus centrales.

Y las fuentes advierten que una empresa sensata no recibiría la construcción en el estado actual, pues ningún constructor, interventor o supervisor va entrar a asumir la responsabilidad por algo que generó un tercero. “Un abogado sensato, de una firma sensata, simplemente dice que el riesgo es muy alto y por ello no se meten”, agregó.

Se examinan salidas

Aunque EPM sigue analizando los diferentes escenarios, su nuevo gerente, Jorge Andrés Carrillo, indicó que a la fecha el único plan es terminar exitosa y oportunamente el proyecto, pero en las matrices de riesgos que hace EPM sí existe una ruta para ir preparando un plan de continuidad si se materializa este riesgo.
El documento de la Contraloría decretó el embargo y retención “de los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de Integral S. A. hasta por la suma de 4’230.000’000.000 de pesos”.

La misma disposición se dictó frente a 12 bienes inmuebles identificados, dos de estos ubicados en Fredonia y los restantes, en Santa Bárbara, municipios de Antioquia.

Las medidas cautelares, se lee en el auto, estarán vigentes mientras dure el proceso de responsabilidad fiscal, y si se profiere un fallo con responsabilidad fiscal, se extienden hasta la culminación del cobro coactivo.

Ayer, el consorcio CCC Ituango recalcó que durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal han “aportado toda la información necesaria para aclarar las imputaciones planteadas por la Contraloría y demostrar que, en la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por EPM”.

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