La huelga de los 730 pilotos de Avianca, que mantiene paralizada la mitad de la operación aérea de esta compañía, lejos de levantarse se avivó.
La convocatoria, por parte del Ministerio del Trabajo, de un tribunal de arbitramento para dirimir el conflicto que ya completa 12 días y tiene a 230.000 pasajeros sin posibilidad de llegar a sus destinos, en vez de acercar a las partes las alejó aún más, toda vez que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) rechazó la medida arbitral.
La tensión sube, en medio de una puja que viene de tiempo atrás, pero que en este cese de actividades, se ha convertido en la batalla más dura entre la compañía y los sindicalistas, pues, “hace 24 años no enfrentábamos una huelga de esta naturaleza”, indicaron los voceros de Avianca.
Esto se ha evidenciado en los entretelones de la negociación, en la que, a pesar de que las relaciones entre los representantes de Acdac y las directivas de Avianca son cordiales, el rechazo de las propuestas de ambas partes dilata el acuerdo.
En medio de jornadas que, en algunos días, como el primero de la huelga, se prolongó hasta las 3 de la madrugada, se ha dado la revisión del pliego de condiciones que puso sobre la mesa Acdac y que, en principio, contenía 30 páginas, con 218 cláusulas, algunas de las cuales fueron considerados por Avianca como “extralimitadas”, sin relación alguna con el bienestar laboral de la tripulación, con lo cual se garantiza la seguridad de los vuelos. Es el caso del punto con la que los aviadores solicitan que “la empresa reconozca y pague a la Dian, el 70 por ciento de la obligatoriedad tributaria mensual que aportaría el tripulante por el total de los ingresos constitutivos de salario...”.
Por peticiones como esa, el propio dueño mayoritario de la compañía aérea, Germán Efromovich, emitió declaraciones que fueron enardeciendo la relación con el líder sindical de los pilotos, el capitán Jaime Hernández, que ha tenido otros roces con el empresario. Es más, el presidente de Avianca, Hernán Rincón, dice que este año les han puesto 9 tutelas, 427 derechos de petición, 16 querellas y 11 denuncias.
Con los ánimos caldeados, ese jueves 21 de septiembre, segundo día de huelga, Efromovich no solo dijo que el pliego era imposible de cumplir (costaría US$ 295 millones), sino que mencionó la intención de la compañía de pedir la declaratoria de ilegalidad de la protesta, porque no fue votada por unanimidad, y así lo hizo.
Los días siguientes, muy a las 7 a. m., se reanudaban los encuentros, con la participación del Ministerio del Trabajo, que alegaba ser solo un mediador y que, en muchas declaraciones, se mostró dudoso de convocar el tribunal de arbitramento que reclamaban otros gremios relacionados con el sector, como el de Atac (Asociación de Transporte Aéreo).
En uno de los días de la semana, hasta almorzaron todos juntos, por invitación del Mintrabajo, pero llegó el 26 de septiembre. Tras 4 horas de exposiciones, durante las cuales, los equipos técnicos de ambos bandos revisaban cifras y pedían modificaciones, los representantes de Avianca pidieron ‘tregua’, hasta las 5 de la tarde, para poner en consideración de la presidencia de la compañía la propuesta de los pilotos.
Era el séptimo día de negociaciones y la ministra de esa cartera, Griselda Restrepo, ya se mostraba optimista, con los avances del diálogo. Pero, hacia la medianoche, mientras los sindicalistas leían la contrapropuesta que trajeron los emisarios de Avianca, se oyó la voz del abogado de la empresa, Juan Pablo López, anunciado el retiro de la misma, cuyo contenido se resume en 30 días hábiles de vacaciones; 28 por ciento de incremento salarial en 3 años, en primas, viáticos, auxilios e incentivos; extensión de la licencia de maternidad a 6 meses; plan de telefonía móvil con subsidio para la compra del dispositivo y tiquetes ilimitados en disponibilidad, entre otros.
Pero la empresa argumentó que se habían excedido en el tiempo para tomar la decisión, mientras los integrantes de Acdac alegaban que la demora se debía a la preocupación por las modificaciones que Avianca hizo a los preacuerdos a los que habían llegado o, y en otros casos, no los incluía.
El jueves 28, en medio del desconcierto de la Ministra del Trabajo, el día transcurrió en una tensa calma. El capitán Hernández, en un encuentro con el Gobierno en la Casa de Nariño, entregó a la Ministra el nuevo pliego, del cual solo se sabe que se recortó en un 60 por ciento, porque hasta ahora no lo han dejado ver.
En vista de las circunstancias, hacia las 8 p. m. de ese día, la jefa de la cartera del Trabajo anunció la decisión que muchos frentes estaban reclamando: la convocatoria de un tribunal de arbitramento. En principio sonó como la tabla de salvación en medio del conflicto, pues cada una de las partes deberá elegir un árbitro, y entre ambas decidirán un tercero. Con todo y trámites, se necesitarían 20 días para tener una decisión y, mientras tanto, se podría reanudar el servicio de transporte aéreo.
Pero el viernes, tras haberse tomado toda la mañana para hacer las consultas jurídicas, Acdac sorprendió con el anuncio de que rechazaba la medida arbitral.
Con ello, los pilotos, a través del capitán Hernández, anunciaron que continuarán ‘en tierra’ y no designarán árbitro para el tribunal, por considerarlo ilegal: “el Gobierno no esperó los 60 días previstos como tiempo máximo para la duración de la huelga”.
Así habló con EL TIEMPO la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo.
¿Por qué el Ministerio se demoró en convocar el tribunal de arbitramento?
Porque el Ministerio es quien garantiza los derechos a los unos y los otros. Parte de nuestra responsabilidad en un conflicto es intentar una etapa de diálogo. Nos pareció clave que esa posibilidad se agotara. Hubiera sido maravilloso hallar una solución en ese momento. Llevamos 9 días sentados en una mesa, inclusive los fines de semana, explorando voluntades para intentar llegar a un acuerdo. No se pudo. Cumplida esa etapa pasamos a la siguiente que es esta decisión del tribunal de arbitramento, figura que estamos estrenando.
¿Con la convocatoria del tribunal, el Gobierno envía el mensaje de que el paro es ilegal?
Establecer la ilegalidad no es una decisión del Gobierno. Este aspecto lo resuelve el Tribunal de Bogotá, pues una de las partes, Avianca, ha instaurado una demanda. No es una instancia del Ministerio del Trabajo, por lo tanto, no me pronunciaré al respecto.
¿El tribunal se podría disolver si retorna el diálogo?
Sí. Las partes en cualquier momento pueden tomar la decisión de arreglar el conflicto. Tienen ese estímulo, sentarse de nuevo y ponerse de acuerdo.
Convoco a las partes a que sigan ese camino de diálogo que les permita encontrar una fórmula. Avianca no se puede quedar indefinidamente sin resolver el problema ni hacer una convención colectiva. Por eso es tan importante que a pesar de que esté el árbitro instalado ellos puedan decidir.
¿Qué sigue para la gente que necesita el transporte aéreo?
El Estado colombiano quiere hacer respetar el derecho fundamental según el cual, el servicio público aéreo es esencial. Les hemos manifestado a Avianca y al gremio de pilotos que este servicio lo es. Insistimos y esperemos que ellos entiendan la dinámica que tiene la ley y asuman cada uno su competencia para cumplirla.
¿Y si los pilotos insisten en no trabajar?
Cada cosa tendrá su instancia. Nosotros estamos presentando una norma y una variedad de afectaciones, entre la que se destaca la de los 180.000 pasajeros sin poder viajar, que es la que vuelve a este servicio esencial, y como Gobierno lo vamos a proteger.
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