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Empresas

Un problema que requiere mucho trabajo / Análisis de Ricardo Ávila

En la fábrica de Mario Hernández trabajan al menos 400 personas.

En la fábrica de Mario Hernández trabajan al menos 400 personas.

Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Más allá de la fijación del salario mínimo, será trascendental de lo que defina la reforma laboral.

Desde cuando cesaron las restricciones asociadas a la pandemia y sus hijos regresaron a estudiar de manera presencial, Johana Cuenca pudo volver a trabajar en una empresa que presta servicios de carácter general en edificios ubicados en el norte de Bogotá. Contenta con estar empleada de nuevo, señala, sin embargo, que lo que gana le alcanza para poco y sobre todo este año en el que los precios de la comida han subido más de un 25 por ciento.
Por esa razón hace cuentas frente a cómo se definiría el nuevo nivel del salario mínimo que devenga. Sabe que la semana pasada comenzaron en forma las reuniones de la comisión tripartita que negocia dicha remuneración y confía en recuperar el poder adquisitivo perdido. “Como dicen por ahí, cualquier cosa es cariño”, sostiene con una sonrisa tímida.
A unos 110 kilómetros al norte, en Cundinamarca, Fabio Quintero ve las cosas de manera un poco distinta. Residente en el municipio de Guaduas, cuenta que otra vez labora a destajo después de dejar la empresa que desarrollaba un proyecto vial en la zona y concluyó la obra.
Como jornalero, cobra unos 50.000 pesos por cada día que esté ocupado, dependiendo del oficio y del cliente. También ha sentido en el bolsillo el efecto de la inflación y cuenta que le gustaría contar con algo estable, pero hasta que algo salga dependerá de lo que aparezca en el pueblo. “Eso de las prestaciones funciona poco por aquí”, subraya.
De vuelta a la capital, Alejandra Díaz mira el futuro con optimismo. Recién salida de la universidad y con título de economista tardó un par de meses para encontrar puesto, pero ya se ubicó en una firma de consultoría como profesional externa.
Dice que no estar en la nómina le da ventajas como la flexibilidad en el horario y que lo que le importa por ahora es ganar experiencia. “Quiero hacer las cosas bien y ya veremos lo que trae el futuro”, dice.
Cada una de las personas mencionadas representan a su manera los grandes segmentos en los que se distribuyen la mayoría de los trabajadores en Colombia. Y aunque la suerte de todos se verá influida por lo que pase con el salario mínimo, quienes saben de estos asuntos afirman que lo verdaderamente importante en los meses que vienen será la propuesta de reforma laboral que la administración Petro se ha comprometido a radicar en el Congreso tan pronto comience la nueva legislatura.
Según se desprende de lo dicho por el Gobierno, la iniciativa formaría parte del “paquete social” que incluiría igualmente los proyectos de ley relativos a salud y pensiones. Bajo ese punto de vista habría una aproximación integral al tema, que sobre el papel se ajusta a lo que han dicho numerosos expertos sobre el asunto.
No obstante, la duda es que las piezas del rompecabezas encajen para que se puedan solucionar una larga lista de problemas. “Los diagnósticos son claros al señalar la necesidad de cambiar aspectos del mercado laboral colombiano”, señala Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. “El objetivo central de lo que venga debería ser reducir la altísima informalidad, la cual significa que más de la mitad de quienes están ocupados en el país no gozan de la protección o derechos que las normas les garantizan”, añade la especialista.

Dudas sobre la mesa

Nada de eso está claro por ahora. A la fecha lo que existe es una subcomisión del diálogo tripartito que comenzó labores el pasado 15 de noviembre y cuyo propósito, según un comunicado del Ministerio del Trabajo, es “construir la reforma laboral de una manera articulada y teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las y los trabajadores durante los diálogos regionales vinculantes que se desarrollan a lo largo y ancho del país, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo”.
Tal como lo explicó en la fecha mencionada el director de derechos fundamentales de la entidad, Nicolás Escandón, “por primera vez nos encontramos con expertos y expertas de las organizaciones sindicales y de los gremios, también del Gobierno nacional, para construir el documento que guiará la propuesta a presentarse ante la comisión permanente de concertación de políticas laborales y salariales”. Dados que los encuentros son semanales, ya comienzan a plantearse puntos concretos.
Por ejemplo, el presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, hizo varias recomendaciones el martes 29. Estas incluyeron reajuste de salarios, revisión de los contratos de trabajo a término fijo, fortalecimiento de la inspección, regulación de la tercerización, así como el derecho laboral individual y colectivo.
A su vez, la postura oficial es conocida. Desde la campaña presidencial se ha mencionado el propósito de revisar el régimen de horas extras, nocturnas y dominicales. En concreto, la jornada sin recargo iría de seis de la mañana a seis de la tarde y no hasta las 9 de la noche como pasa ahora. Adicionalmente, quienes trabajen el último día de la semana recibirían el 100 por ciento adicional de su salario ordinario y no el 75 por ciento actual.
Muchas personas ven con buenos ojos las ideas mencionadas. Es verdad que el sobreprecio de las horas extras diurnas seguiría en 25 por ciento, pero una vez se pone el sol este pasaría inmediatamente al 35 por ciento, lo que compromete a cualquier establecimiento que cierre tarde.
Lo anterior se complementa con el recorte paulatino de la jornada laboral que tradicionalmente era de 48 horas semanales y fue revisada por la Ley 2101 de 2021. A partir del año que viene, esta se reducirá en una hora y seguirá disminuyendo gradualmente hasta quedar en 42 horas para 2026.
Todos estos elementos apuntan a un alza en los costos laborales que puede llegar a ser significativa, especialmente para aquellas actividades intensivas en mano de obra. Una simulación hecha por Fedesarrollo muestra que para un establecimiento de comercio en el que haya dos empleados, el alza sería cercana al 12 por ciento, a menos que se ajusten los horarios de operación.
Obviamente el impacto en las utilidades será diferente dependiendo de la línea del negocio respectivo. Un almacén de ropa de lujo, que presumiblemente tiene márgenes más altos, resultará menos golpeado que un supermercado en el cual la ganancia bruta usualmente ronda el 3 por ciento.
Y aunque siempre se puede argumentar que en Colombia la gente gana muy poco, el temor de los analistas es que el resultado combinado de la situación, con un salario mínimo que en buena parte de este siglo ha estado por encima de lo que sube la canasta familiar, puede llevar a recortes en los puestos de trabajo disponibles. De hecho, una investigación conjunta de técnicos del Banco de la República dada a conocer en septiembre muestra que los efectos de las decisiones de estos últimos años en materia de remuneración mínima han sido nocivos sobre el mercado laboral.
Para ponerlo en términos esquemáticos, lo ocurrido equivale a subir una vara que solo supera una proporción minoritaria de la población. De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “todo lo que estamos haciendo es encarecer el empleo formal”.

Y los demás ¿qué?

En contraste, la gran masa de trabajadores informales continúa relegada a su suerte. Como lo recuerda la investigadora Cristina Fernández, “la mitad de los trabajadores en el país ganan menos de un mínimo mensual”. Y una parte importante de aquellos que superan dicho nivel tampoco está vinculada a la seguridad social, entre otros motivos porque el salto es muy oneroso y puede llegar a ser equivalente al 50 por ciento del salario nominal.
Lo anterior implica que la brecha que hay entre la Colombia empleada con todas las de la ley y la Colombia del rebusque, que vive del día a día, corre el serio peligro de ampliarse. “Por contradictorio que suene, proteger a los trabajadores formales amenaza con ser algo muy regresivo”, puntualiza Fernández.
Debido a ello, hay tiempo todavía para que la subcomisión encargada de escribir la propuesta de reforma laboral amplíe el foco y mire la foto completa, para que la totalidad de los ciudadanos interesados en ganarse el sustento sean incluidos en el análisis. Al respecto, existen insumos muy valiosos de múltiples expertos, comenzando por la misión de empleo convocada por el gobierno previo.
Lamentablemente hay indicios de que la intención de romper con el pasado incluye desconocer lo hecho por otras administraciones. Puede ser una coincidencia, pero una búsqueda de los documentos en la dirección de internet que fue habilitada a comienzos de este año bajo la administración, Duque genera el resultado de “no se puede acceder a esta página”.
Aparte de lo anterior, los observadores han señalado que la voz cantante ahora está a cargo de las centrales obreras que apoyaron a Gustavo Petro. Dada la alta proporción de sindicatos que representan a empleados públicos como los maestros, el énfasis para estar más en cuestiones relacionadas con la seguridad en el cargo y el ingreso de los afiliados, que en la formalización.
Al respecto alguien dirá que eso no es cierto. La prueba es que, ante el enorme número de contratistas estatales, existe la intención explícita de formalizar a aquellos que desarrollan labores de carácter permanente, lo cual tendría la ventaja de sincerar las cuentas sobre la nómina oficial.
Queda por verse, claro, la respuesta del Ministerio de Hacienda ante lo que costaría una decisión de tales características para las arcas públicas. Tampoco será sencillo si se adoptan restricciones que toquen las estrategias de tercerización adoptadas por el sector privado, pues se sabe que en la Casa de Nariño son bien vistas medidas como las adoptadas por Andrés Manuel López Obrador en México sobre el particular.
Vale la pena insistir en que los riesgos también son oportunidades. En la medida en que la realidad del mercado laboral ha evolucionado en el mundo por cuenta de fenómenos como la revolución tecnológica que facilita las jornadas flexibles o el trabajo por horas, la legislación necesita adaptarse.
En cuanto a la informalidad, estudiosos como Eduardo Lora han hablado de cambiar la tasa de contribución a la salud y hacerla progresiva o modular la obligatoriedad de los aportes para pensión, en el caso de los que ganan el mínimo. Bajo ese punto de vista el “salto” hacia la formalización, que incluiría la racionalización de las obligaciones parafiscales, sería mucho menos pronunciado y beneficiaría a millones de personas.
Idealmente, la coincidencia de las reformas laboral, pensional y de salud sería la ocasión perfecta para armonizar las reglas de juego y aplanar la cancha para todos. Sobre el papel, Johana Cuenca, Fabio Quintero y Alejandra Díaz deberían recibir los mismos derechos y beneficios que sus demás compatriotas, independientemente del oficio que desempeñen.
Sin embargo, frente a esa posibilidad está el serio peligro de cimentar los privilegios de unos pocos. En caso de que eso llegue a suceder, Colombia seguirá siendo un país incluso más desigual que el de ahora, en el que los que han recibido prebendas las conservan o las mejoran y los que no continúan abandonados a su suerte.
Ello mientras los empresarios privados de los más diversos tamaños —que son los que generan nueve de cada diez puestos de trabajo en el territorio nacional— luchan por salir adelante en medio de una economía que apunta hacia la desaceleración. De ahí que el llamado sea a hacer las cosas bien, porque, como lo recuerda el conocido dicho, “toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar”.
RICARDO ÁVILA PINTO
PARA EL TIEMPO
@Ravilapinto
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