Cuando a comienzos de marzo Yarly Ariza vio en las noticias que el coronavirus se extendía rápidamente por los cinco continentes, comenzó a preocuparse por su trabajo. Ya en ese momento, el número de personas que asistían al gimnasio ubicado en Chía, Cundinamarca, en donde era profesora de danza aérea, había empezado a disminuir.
Tres semanas después, una vez se decretó el confinamiento obligatorio, su suerte estaba echada. Los administradores del lugar cerraron el establecimiento y licenciaron al personal de manera inmediata.
Desde entonces ha tratado de emplearse, sin éxito. Intentó dar clases virtuales, pero su especialidad no se adapta bien al ciberespacio, ante lo cual decidió hacer unas pocas sesiones individuales en el barrio en el que ahora vive en Bogotá.
Si bien recibe algo de dinero, su realidad es muy distinta de la de comienzos del año. “Uno aprende a vivir con lo básico”, dice.
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Casos como el de Yarly abundan en Colombia. Más allá de que el proceso de reapertura siga su marcha y la economía se recupere gradualmente de la parálisis atribuible a las cuarentenas, el mercado laboral refleja el impacto de una recesión sin precedentes.
Y es que aun si el Dane reporta una mejoría en los datos de ocupación cuando entregue mañana su informe correspondiente a octubre, nada hace pensar que este problema se resolverá pronto. Así lo sugiere la experiencia del país tras la crisis de 1999, cuando volver a tasas de desempleo de un dígito tomó cerca de una década.
Debido a ese antecedente es clave no solo aprender las lecciones del pasado, sino ensayar estrategias adicionales que permitan la creación de nuevas plazas en forma masiva. De lo contrario, disminuir la pobreza y conseguir que la clase media vuelva a aumentar de tamaño será poco menos que imposible.
El panorama es realmente grave para una gran cantidad de colombianos. Al cierre del tercer trimestre, la cantidad de individuos trabajando era inferior en 2,3 millones al guarismo de febrero. No hay duda de que, frente a los cinco millones largos de abril, el progreso es indudable. Sin embargo, el panorama es todavía crítico y seguirá siéndolo en el futuro cercano.
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Además, detrás de los promedios se esconden segmentos mucho más golpeados que otros. Por ejemplo, el grueso de los damnificados se encuentra en la informalidad, las microempresas y los sectores descritos como no esenciales, en los que se encuentran actividades como el entretenimiento.
Mención aparte merecen los jóvenes y las mujeres, que son los grupos poblacionales más golpeados de todos. En septiembre pasado, para citar un caso concreto, más de 1,1 millones de trabajadoras del género femenino con menores en la casa perdieron su empleo –en comparación con el mismo mes de 2019–, lo que equivale a casi dos veces la cifra para hombres en la misma condición.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el nivel de ingresos se desplomó entre aquellos que no llegaron a las filas de los desempleados por cuenta de licencias obligatorias o menos horas laboradas. Los cálculos muestran que más de una tercera parte de los hogares debieron apretarse el cinturón y que todavía esa proporción es muy alta.
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El balance sería aún peor si no se hubieran adoptado esquemas como Ingreso Solidario o reforzado los programas de transferencias condicionadas existentes, que comprenden a Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor. Esos dineros –aunque calificados de insuficientes por sus críticos– han servido para que muchos no caigan en la indigencia.
Aunque en septiembre el desempleo disminuyó en comparación con los meses anteriores, aún la tasa es de dos dígitos y reducirla tomará años. Las mujeres y los jóvenes son las poblaciones más afectadas.
Dane. Adaptación de EL TIEMPO
Por otro lado, se encuentra el Programa de Apoyo al Empleo Formal –conocido como Paef–, que subsidia con el equivalente de una parte del salario mínimo a aquellas empresas o empleadores cuyos ingresos han caído en 20 por ciento o más. Según el Ministerio de Hacienda, a la fecha se han beneficiado casi 3,4 millones de personas con un costo que ya supera 3,1 billones de pesos.
Tales estrategias seguirán presentes en 2021, al menos durante algunos meses. No obstante, el reto de fondo es el mismo: no habría suficientes vacantes para absorber una oferta que ya era grande antes de la pandemia y ahora es de un tamaño muy superior.
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Debido a ello, se encuentran quienes creen que es el momento de adoptar medidas excepcionales. Stefano Farné, del Observatorio del Mercado Laboral adscrito a la Universidad Externado de Colombia, es partidario de instituir programas de empleo de emergencia, como los que se han ensayado en otros lugares.
Según el académico, se trata de contrataciones de corta duración financiadas por el Estado y realizadas por el sector privado en sectores intensivos en mano de obra. Estos pueden abarcar desde pequeñas obras de infraestructura –como parchar huecos en las calles– hasta la prestación de servicios adaptados a la coyuntura, incluyendo el apoyo a los adultos mayores.
“Son evidentes las ventajas”, señala Farné. “Aparte de enganchar a gente con baja calificación, se puede aprovechar el espacio para ofrecer cursos de formación, antes o después de la jornada laboral. Además, los activos entregados y los servicios prestados responden a las necesidades locales y de los mismos participantes”, añade.
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Aparte de enganchar a gente con baja calificación, se puede aprovechar el espacio para ofrecer cursos de formación, antes o después de la jornada laboral
Aparte de correctivos de ese estilo, resulta fundamental entender que la desocupación encabezará la agenda pública en los años por venir. El motivo es que detrás del choque atribuible al covid-19 tuvo lugar una aceleración de las transformaciones que venían en camino, con lo cual el reto se volvió mucho más grande.
Para comenzar, aparece la urgencia de superar un bache que no estaba en las cuentas de nadie. Fuera de los esfuerzos de mitigación, el propósito es conseguir que la demanda de personal crezca como consecuencia de planes específicos y de mayores inversiones públicas y privadas.
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A este respecto, la administración Duque dio a conocer la estrategia denominada ‘Compromiso por Colombia’, que plantea recursos por 160 billones de pesos y que generaría unos dos millones de empleos, según las proyecciones oficiales. El presupuesto nacional de 2021 va en esa dirección, al definir inversiones por más de 58 billones de pesos, el guarismo más alto de la historia.
En respuesta, los críticos del Gobierno señalan que el cuello de botella es la dificultad de convertir las buenas intenciones en hechos concretos. Varias iniciativas emblemáticas tomarán tiempo antes de comenzar su construcción, para no hablar de aquellas que dependen de permisos o de procesos de consulta previa.
De otro lado, hay cambios profundos. “La mayoría de las tendencias que aceleró el covid-19 llegaron para quedarse”, afirma Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo. “Eso quiere decir que a este asunto no hay que tratarlo como un choque de corto plazo”, subraya.
Algo que ilustra esa afirmación es la evolución de los hábitos de consumo. No solo es claro que el comercio electrónico aumentó aceleradamente su penetración en estos meses, sino que mucha gente seguirá haciendo sus compras a través del ciberespacio.
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Es fundamental disminuir las enormes barreras que hay para la creación de empleo formal, lo cual debe ser paralelo y coherente con reformas al sistema completo de seguridad social
El caso resulta emblemático para señalar que fuentes de empleo tradicionales, como podrían ser los almacenes, no tendrán la misma dinámica en el futuro. La revolución tecnológica es inocultable y amenaza con ahondar las presiones en el mercado laboral.
A todo lo anterior se suma la informalidad, que apunta a ser mucho mayor que antes, lo cual es muy malo para un país en el cual el 60 por ciento de los trabajadores no están contratados de acuerdo con los parámetros que estipula la ley. Si algo quedó claro esta vez fue la inmensa vulnerabilidad de quienes desempeñaban oficios que no entraron en el ámbito de los apoyos oficiales.
Más que rasgarse las vestiduras, lo que procede ahora es hacer correctivos. Para Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, “es fundamental disminuir las enormes barreras que hay para la creación de empleo formal, lo cual debe ser paralelo y coherente con reformas al sistema completo de seguridad social”.
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Contar con un clima propicio para darles un giro a las reglas de juego vigentes no será fácil, como se ha visto en el pasado. Así muchos colombianos se encuentren descontentos con la realidad, otros defienden el statu quo ante el temor de que sus condiciones desmejoren, lo cual sirvió para alimentar las movilizaciones masivas de hace un año.
Quizás por ello es grande la expectativa que despiertan las deliberaciones de la Misión de Empleo convocada por el Ejecutivo y encabezada por el mexicano Santiago Levy. Aunque desenredar la madeja no será fácil, la esperanza es que se pueda trazar una hoja de ruta con el fin de que existan condiciones para generar plazas nuevas y formales.
No obstante, llegar allá exigirá liderazgo y capacidad de construir consensos. Ese objetivo no será fácil de lograr en un país polarizado, que se asoma a la temporada electoral de 2022.
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En el intermedio no está de más recordar que hay decisiones que influirán sobre el empleo, como la del salario mínimo. Si bien las centrales obreras señalan que hay que subir en forma significativa esa remuneración, académicos como Marcela Eslava insisten en la necesidad de actuar con prudencia en materia de incrementos, pues se elevarían las barreras para quienes se encuentran desocupados o en la informalidad.
“Y esos no tienen asiento en la comisión de concertación laboral”, recuerda la experta.
Yarly Ariza, quien no sigue de cerca el debate, tiene una obsesión. “Solo quiero trabajar”, insiste, mientras se acerca a un diciembre que apunta a ser mucho más difícil que el de 2019, cuando estaba contenta ejerciendo su profesión.
RICARDO ÁVILA
ANALISTA SENIOR
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
En Twitter: @ravilapinto