lantar un censo de población es una tarea engorrosa –pues implica un recorrido nacional por más de 1’000.000 de kilómetros cuadrados, con una diversidad de culturas y características geográficas–, el cumplimiento de esta tarea en el país ha desbordado los tiempos previstos, pese a que fueron claramente señalados a través de decretos y planes establecidos para este fin.
El TIEMPO conoció que el contrato interadministrativo suscrito entre el Dane y Fonade fue prorrogado hasta el 6 de septiembre, mientras que el avance de la recolección de la información, cuyo estado se desconoce oficialmente ante el hermetismo de la entidad estadística, no alcanza aún el 50 por ciento de los municipios.
El trabajo de campo se habría cerrado totalmente en solo 430 células territoriales de las 1.101 en los 32 departamentos del país a donde debe llegar la investigación, cuya inversión ha sido estimada en unos 350.000 millones de pesos (partidas del 2017 y 2018).
El Decreto 1899 del 2017, por ejemplo, divulgado en el Sistema Único de Información Normativa, estableció un censo con seis meses de trabajo de campo, incluyendo las dos etapas: el eCenso y la presencial. La posibilidad de participar, de manera voluntaria, en el censo electrónico se inició el 9 de enero, y pese a que en principio se estableció que concluiría el 8 de marzo, el Dane amplió el plazo un mes más, con lo cual más de cinco millones de personas hicieron el ejercicio, en medio de fuertes críticas al tema y hasta demandas.
Para el censo presencial, la entidad de las estadísticas comenzó el 18 de abril, con alrededor de 31.000 censistas contratados a través del convenio con Fonade, que, a su vez, abrió convocatoria para elegir a los operadores de los servicios (en definitiva, se suscribieron 8 contratos para los servicios que requiere un censo, y 6 operadores).
En materia de cronograma, se definieron tres fases que se darían en tres meses, hasta junio; pero, a agosto y ad portas de un cambio en la dirección del Dane y de la administración del país en general, aún no hay un reporte oficial del avance.
El Dane dice que divulgará la información hasta tanto tenga los datos consolidados, mientras que Fonade argumenta que solo tiene en su contrato la gestión de recursos, por lo tanto, no cuenta con acceso a la información del operativo.
Las dificultades, según algunas denuncias, son de toda índole. Mientras unos censistas alegan que han tenido que enfrentar rechazos por parte de la ciudadanía, portazos en la cara o inasistencia de los citados a responder el formulario, lo que los conduce a reprogramar la visita y, por consiguiente, alargar los tiempos; otros que se han retirado del proceso expresan serios problemas laborales. Desde extensas jornadas, sin obtención de pago de recargos por las cláusulas establecidas en el convenio interadministrativo, hasta renuncias grupales de los censistas ha venido denunciado la ciudadanía.
Algunos de los que se han retirado señalan la existencia de un desorden logístico y hasta violación de los derechos laborales debido a la tercerización utilizada para la contratación de la mano de obra (no les pagan a tiempo ni les brindan apoyo en el acceso a las áreas complejas, tanto en materia de seguridad como de topografía del terreno).
En medio de ese panorama, el país está a la expectativa de saber cuántos colombianos somos y cuáles son las condiciones en que viven los casi 50 millones de habitantes de los 14,9 millones de hogares que hay en el territorio nacional, datos que serán claves para la implementación de las políticas públicas en términos socioeconómicos.
Por el lado del formulario tampoco han faltado los reparos. Inicialmente, se habló de una indagación a través de 57 preguntas para las cuales el ciudadano debía disponer de entre 30 minutos y una hora, según la complejidad del hogar.
Desde esa perspectiva, algunos colombianos que ya han sido censados señalan quedar perplejos ante la brevedad de la sesión de preguntas. Jaime Alberto Rendón Acevedo, docente de la Universidad de La Salle, manifestó en una columna de opinión que “un censo corto es una pérdida de oportunidad, es insuficiente frente al conocimiento que se pudiera tener de la realidad demográfica del país: todo este despliegue logístico, de recursos, habría sido la coyuntura perfecta para saber más, para profundizar sobre las condiciones de vida, la composición de las familias, la movilidad de las mismas y en especial sobre su goce efectivo o no de sus derechos consagrados por la Constitución”.
Rendón Acevedo también subrayó que “el censo se hizo rápido, con el afán de dejarlo antes de terminar el actual mandato presidencial”, lo que al final no se logró.
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