Ante las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética, que mostraron en el 2016 la posibilidad de que Colombia pueda llegar a importar para el 2030 el 40 por ciento de la gasolina y el 35 por ciento del ACPM que se consume localmente, el Gobierno comenzó a analizar posibles ajustes en este frente.
En este sentido, un estudio contratado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) plantea que en este escenario, el país tendría que ajustar la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles, pasando de un modelo de paridad de exportación, que tiene en cuenta el valor al cual se venden estos productos en el mercado internacional, a un criterio de paridad de importación, el cual llevaría a que solo hubiera un precio único de ingreso al productor, tanto para refinadores locales (Ecopetrol) como para importadores.
Aunque este planteamiento está aún en fase preliminar, según Jorge Pinto Nolla, experto comisionado de la Creg, tanto en los estudios de la Upme como en los de la Contraloría se ha determinado que Colombia tiende a ser un país importador de combustibles, por lo que las alternativas contemplan atender esas necesidades en el futuro.
De acuerdo con Pinto, para realizar el estudio se tuvieron en cuenta dos factores principales. Primero, si bien en materia exploratoria no hay nada escrito y todo puede cambiar con algún hallazgo grande, “la situación en este momento apunta a que si no hay nuevos descubrimientos, probablemente tendremos que ser importadores de una manera lenta".
El segundo factor fue la capacidad de las refinerías, ya que si bien hoy la refinería de Cartagena es de alta conversión de crudos pesados, la de Barrancabermeja está diseñada más para crudos livianos, lo que incide en que a largo plazo, de algún modo, haya necesidad de importar combustible o de traer más crudo liviano.
El análisis, realizado por la firma Ricardo Lloreda y Asociados, plantea tres caminos para implementar este precio de paridad importación, que correspondería al ingreso que recibiría cada productor, según su ubicación.
El primero es hacerlo con efecto en el precio de venta al público; el segundo es implementarlo sin afectar el valor al consumidor (pero sí algunos otros cobros), y el tercero sería una solución mixta que afecte precios e impuestos.
En todos los escenarios se plantea un ajuste en la calidad del combustible local, elevando su octanaje a estándares internacionales y bajando los niveles de emisión de azufre.
En el primer escenario se plantea el cálculo del ingreso al productor y se traslada de forma gradual al público, en una transición frente a la metodología actual. También se propone que el período de cálculo sea semanal para bajar la volatilidad sobre los ingresos de los productores e importadores y que no cambien los diferentes impuestos, pues ello encarecería más el ajuste.
En la segunda alternativa se calcula el ingreso al productor, pero no se traslada al público la diferencia frente al esquema actual, sino que se bajarían los impuestos para compensar (gravamen nacional, IVA, sobretasa e impuesto al carbono). En el caso de la gasolina, el planteamiento es bajar gradualmente el impuesto mientras duran las inversiones para mejorar su calidad (primera fase) y luego eliminar el IVA.
El efecto para el Gobierno por la disminución de los recaudos de impuestos se ve compensado en parte por los dividendos que le transferiría Ecopetrol
“El efecto para el Gobierno por la disminución de los recaudos de impuestos se ve compensado en buena parte por los dividendos que le transferiría Ecopetrol, como resultado de los mayores ingresos por el cambio de metodología”, agrega el estudio.
En el tercer escenario, la propuesta plantea implementar el precio paridad de importación al productor mediante un aumento del precio al público y modificar a la baja uno o varios tributos para que compensen parcialmente el incremento en cada una de las dos fases de implementación.
Tras recibir el insumo por parte de la firma consultora, Jorge Pinto, comisionado de la Creg, aclaró que la opción de paridad importación es por ahora una propuesta, que se analizará a fin de determinar lo más conveniente para la realidad colombiana, y formular una propuesta al Ministerio de Minas y Energía y el Congreso, entes que serían los que definirían si se aplica y cómo se haría el ajuste.
OMAR AHUMADA ROJAS
Subeditor de Economía y Negocios
En Twitter. @omarahu