La Fiscalía brasileña denunció este miércoles a seis personas, entre ellas al expresidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) Carlos Arthur Nuzman y al senegalés Lamine Diack, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), por la compra de votos para adjudicar a Río de Janeiro la sede olímpica de 2016.
Según la denuncia presentada ante la Justicia brasileña, los seis acusados participaron en una operación por la cual se pagó un soborno de 2 millones de dólares para supuestamente garantizar al menos uno de los votos que permitió a Río de Janeiro ser elegida en 2009 como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
Además de Nuzman y Diack, la denuncia por corrupción se extiende al entonces gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, al exdirector de operaciones del COB Leonardo Gryner, al empresario brasileño Arthur Soares y al también senegalés Papa Massata Diack, ex dirigente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) e hijo de Lamine Diack. Nuzman, que fue detenido a primeros de mes, también fue acusado de los delitos de asociación para delinquir, lavado de dinero y evasión de divisas, mientras que Gryner, su mano derecha en el COB, fue imputado por asociación para delinquir.
De acuerdo con la denuncia, Cabral, Nuzman y Gryner le solicitaron directamente a Soares que aportara los 2 millones de dólares necesarios para comprar el voto de uno de los miembros del Comité Olímpico Internacional para beneficiar a Río de Janeiro.
Los senegaleses Papa Diack y Lamine Diack, que fue el presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) entre 1999 y 2015, prometieron beneficiar a Río de Janeiro en la elección a la sede olímpica a cambio del soborno.
Según la denuncia, ambos también prometieron interceder para obtener otros votos a favor de Río de janeiro. La Fiscalía aclaró que, pese a ser dirigentes de una entidad deportiva privada, equiparó a Nuzman y Gryner con funcionarios públicos debido a que el COB recibió y administró recursos públicos en sus actividades para pleitear y organizar los Juegos Olímpicos. "Donde hay recursos públicos, hay exigencias de transparencia y existe responsabilidad de los que los administran, por lo que pueden ser responsabilizados penalmente cuando actúen contrariando lo que manda la ley", asegura la denuncia.
De acuerdo con la Fiscalía brasileña, Nuzman, Gryner y Cabral se reunieron en agosto de 2009 con Lamine Diack durante el Mundial de Atletismo de Berlín y en la oportunidad el senegalés les dijo que los pagos de "patrocinadores" tendrían que tratarlos con su hijo.
Ese mismo mes los acusados se reunieron con Soares para pedirle recursos para pagar el soborno, y a finales de septiembre de ese mismo año el empresario le hizo la respectiva transferencia bancaria a una cuenta de Papa Diack. Tras la elección de Río de Janeiro como sede olímpica el 2 de octubre de 2009, Diack envió una serie de mensajes a los entonces dirigentes del COB para pedirles el resto de los pagos acordados para sus amigos, lo que indica, según la Fiscalía, "que hubo distribución de ventajas indebidas a otros (dirigentes deportivos) africanos".
La Fiscalía agregó que descubrió otras transferencias bancarias hechas a finales de 2009 por parte de "otros patrocinadores" a la empresa Pamodzi Consulting. Además de la condena de los acusados, la Fiscalía pidió que la Justicia los sancione con el pago de una indemnización de 6,34 millones de reales (unos 2 millones de dólares) por daños materiales y otra de 1.000 millones de reales (unos 333 millones de dólares) por daños morales.
Nuzman, contra quien fue dictada la semana pasada una orden de detención por tiempo indeterminado para impedir que intervenga en las investigaciones y oculte pruebas, renunció a la presidencia del COB, que ejerció durante 22 años, para supuestamente concentrarse en su defensa.
El también expresidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, fue arrestado luego de que la Fiscalía descubriera las maniobras que realizó para intentar legalizar 16 kilos de oro en barras de oro que tiene depositados en un cofre en Ginebra (Suiza).
EFE