El escándalo protagonizado por los nadadores estadounidenses que inventaron un asalto para esconder los excesos de una noche de fiesta empañó la recta final de los Juegos Olímpicos de Río y eclipsó otro mucho más grave, la implicación de un miembro del COI en la 'mafia de las entradas'.
Patrich Hickey, presidente del comité olímpico irlandés, de la asociación de comités olímpicos europeos y miembro del COI, seguirá la clausura de los Juegos de Río, mañana domingo, desde la cárcel de Bangú, en las afueras de la ciudad. Hickey, de 71 años, fue detenido el miércoles en un hotel de la ‘familia olímpica’ por su presunta vinculación con una red ilegal de venta de entradas que prometía beneficios millonarios.
La secuencia de su detención es propia de una escena de cine negro serie B. Según la policía de Río de Janeiro, cuando los agentes llegaron al hotel para detenerle, su esposa les dijo que había regresado a Irlanda. Sin embargo, le encontraron en una habitación próxima, registrada a nombre de su hijo. Pese a sus excusas, la información hallada en sus teléfonos celulares y ordenadores portátiles demostró que Hickey había sido ya alertado de que la investigación podría salpicarle y estaba en contacto con un abogado. Además, había intercambiado decenas de correos con el británico Markus Evans, en paradero desconocido y considerado el ‘cerebro’ de la ‘mafia’.
Pese a las evidencias, en su primera reacción, el COI sostuvo que Hickey "merece que se crea en su inocencia", aunque poco después el irlandés renunciaba a sus cargos, ahorrándole muchas explicaciones al Comité Olímpico Internacional. Según la policía brasileña, el Comité Olímpico de Irlanda contrató a la empresa Pro 10 para vender entradas en Brasil y los boletos fueron transferidos a la firma THG, cuyo director, Kevin James Mallon, fue detenido el 5 de agosto en un hotel en el que fueron aprendidos cerca de 1.000 accesos.
La empresa está controlada por el inglés Marcus Evans, sobre quien pesa una orden de prisión junto con otros de sus colaboradores. La sociedad vendía ingresos con precios hasta cinco veces por encima de lo normal, aunque su principal negocio eran las entradas de la ceremonia inaugural, por las que llegó a pedir hasta 8.000 dólares, y de clausura, que planeaba vender a 15.000 dólares. Un negocio, que según estimaciones de la policía, podría arrojar beneficios superiores a los 3,5 millones de dólares.
THG ya estuvo envuelta en la venta ilegal de entradas para la Copa del Mundo de 2014 de Brasil. El escándalo que salpicó a Hickey pasó de inmediato a un segundo plano para la prensa ante la dimensión que cobró el ‘culebrón’ inventado por cuatro nadadores estadounidenses para esconder una conducta muy poco olímpica.
Ryan Lochte, uno de los más populares deportistas estadounidenses, James Feigen, Gunnar Bentz y Jack Conger dijeron haber sufrido un asalto a punta de pistola tras salir de una fiesta en la madrugada del domingo. Lochte afirmó incluso que el asaltante iba vestido de policía y le apuntó con su pistola en la cabeza. La noticia abrió los diarios de todo el mundo y dejó a Brasil en evidencia, así que la policía de Río se tomó muy en serio la investigación de una versión que tenía demasiadas lagunas.
La realidad fue muy distinta: fueron una fiesta, bebieron, estuvieron con mujeres y, cuando regresaban a la Villa Olímpica, pararon en una gasolinera para ir al baño, provocaron destrozos y se enfrentaron con los empleados y los guardias de seguridad. La justicia brasileña prohibió su salida del país pero, para entonces, Lochte -el ‘cerebro’ de la invención- ya estaba en Estados Unidos y Feigen escondido. Bentz y Conger fueron sacados del avión por la policía cuando intentaban regresar a EE.UU y obligados a declarar.
Ante las evidencias, admitieron la invención. Poco después también declaraba Fiegen, multado con cerca de 11.000 dólares. El comité olímpico estadounidense ha tenido que pedir disculpas y Lochte, que tiene en juego contratos millonarios con firmas deportivas, también lo ha hecho. Para los brasileños, una disculpa no es suficiente.
Poco después de la partida de Feigen, la Fiscalía de Río de Janeiro apeló contra la sanción pecuniaria y la consideró "insuficiente", por lo que exigió que sea fijada en 150.000 reales (unos 46.500 dólares). La defensa de Feigen en Brasil ha anunciado que apelará a esa decisión, anunciada tras el "hecho consumado" del pago de la sanción impuesta inicialmente y su partida hacia Estados Unidos.
No obstante, el asunto será definido en los intrincados caminos de la justicia brasileña, en los que el caso seguirá su trámite en ausencia de los deportistas estadounidenses, que uno a uno ha ido aceptando la farsa y, en mayor o menor medida, se han disculpado.
"¿Y si un nadador brasileño va a unos Juegos en Estados Unidos y se inventa eso? Estaría en la cárcel y no volvería a competir más", se lamentaba un aficionado carioca esta semana. En medio de la expectación creada por el caso, pasó desapercibido un asalto real. Otro nadador, esta vez australiano, fue asaltado esta semana, con un arma, en la playa de Copacabana, después de pasar una noche de fiesta.
El comité olímpico australiano le sancionó por saltarse las reglas y le prohibió acudir a la fiesta de clausura del domingo en Maracaná. Una reacción muy diferente a la del comité estadounidense, que será el que termine pagando los 11.000 dólares de multa a Feigen. El dinero se destinará a la ONG donde entrena el equipo de refugiados y se formó la judoca brasileña Rafaela Silva, oro en Río y un ejemplo de la superación en el deporte. Paradojas ‘olímpicas’.
EFE
