Las polémicas de los jueces que investigan a Jesurún y su corte

Las polémicas de los jueces que investigan a Jesurún y su corte

Dos de los integrantes de la comisión disciplinaria de la FCF tienen cuestionamientos.

Fifa se llevó 6 testimonios sobre escándalo de reventa de boletas

Álvaro González, de la Difútbol; Ramón Jesurún, cabeza de la FCF, y Jorge Perdomo, ex-Dimayor.

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EL TIEMPO

Por: DEPORTES
27 de julio 2020 , 01:18 p.m.

La suerte de los pesos pesados de la Federación Colombiana de Fútbol, entre ellos el presidente Ramón Jesurún y el poderoso Álvaro González, está en manos de una comisión disciplinaria que deberá determinar el camino a seguir luego de que ellos dos y otros dirigentes fueron condenados administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio por el escándalo de la reventa de boletas en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

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Esta semana, conminada por el Ministerio del Deporte a responder qué había hecho tras la decisión de la SIC (que le impuso una multa de más de 16.000 millones de pesos), la Federación respondió en un comunicado que ya hay una investigación en curso y que la adelanta la Comisión Disciplinaria.

Ese cuerpo está integrado por tres personas, todas provenientes del mundo del derecho en Colombia. Y los nombres de dos de ellos —el actual magistrado Pedro Sanabria y el exjuez Aristides Betancur— han estado rodeados de polémica.

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Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Pedro Alonso Sanabria Buitrago

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archivo EL TIEMPO

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De los tres integrantes, uno representa la división profesional; uno, a la aficionada, y el tercero, al Comité Ejecutivo de la Federación. “Sus fallos se dictarán con base en la ley y en el código disciplinario aprobado por la asamblea de afiliados de la Federación, y una vez ejecutoriados serán de obligatorio cumplimiento”, dicen los estatutos.

Sus fallos se dictarán con base en la ley y en el código disciplinario aprobado por la asamblea de afiliados de la Federación

Paralelamente, se está a la espera de la decisión que adopte la Fiscalía por el escándalo de las boletas de la eliminatoria que eran desviadas para la reventa. Hasta ahora, la parte penal ha tocado a los empresarios, pero no a los dirigentes del fútbol colombiano que según la SIC sacaron lucro de la operación.

El nombre más llamativo en la Comisión es el del magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Alonso Sanabria. Es la misma sala que le acaba de negar a la Federación una tutela con la que pretendía tumbar la investigación de la SIC.

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La paradoja es que uno de los hombres que deberán decidir si Jesurún y los otros poderosos del fútbol se apartan de sus cargos sin que haya aún una decisión penal en su contra lleva casi 4 años sosteniéndose en su cargo de magistrado contra viento y marea, a pesar de que su periodo de 8 años ya expiró y que diferentes instancias, entre ellas el mismo Gobierno, siguen buscando las vías legales para sacarlo de las altas cortes colombianas.

Sanabria, quien aspiró a la gobernación de Boyacá en la década pasada y cuyo nombre apareció salpicado por el escándalo de DMG, ha sido directo beneficiario del limbo jurídico en que se mantiene la Comisión Nacional Disciplinaria, creada por la reforma de equilibrio de poderes del 2015 para reemplazar a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura, pero que no ha podido integrarse en los últimos cuatro años por dilaciones en el Congreso y la misma Judicatura.

Sanabria y su colega Julia Emma Garzón han logrado mantenerse en sus altos cargos —con ingresos mensuales de cerca de 30 millones de pesos— a pesar de que sus periodos ya expiraron. La trayectoria de ambos es polémica en la Judicatura: de hecho, enfrentaron investigaciones de la Contraloría por el escándalo del 'carrusel de pensiones' en esa alta corte, pero terminaron beneficiados por una tutela que dejó el caso en la Comisión de Acusaciones, donde no avanzó.

Hace apenas tres meses, el Consejo de Estado resolvió los impedimentos que los seis magistrados de la sección primera del Tribunal de Cundinamarca interpusieron para conocer una demanda en la que una ciudadana pide que ellos dos se vayan. Los magistrados del tribunal señalaron que no podían pronunciarse sobre la demanda presentada por la ciudadana Valentina Segura porque ellos mismos están siendo investigados por la Sala Disciplinaria, que entre sus funciones tiene la de sancionar a los jueces y abogados del país. Y la Sala de Consulta del Consejo de Estado respondió una pregunta del Gobierno sobre cómo acabar con la interinidad en la Judicatura, pero no ha dado pasos para acatar el concepto que sacaría a Sanabria, Garzón y a cinco magistrados interinos de esa alta corte.

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Por su parte, Aristides Betancur Ciuffetelli también ha tenido cuestionamientos en su carrera. Es abogado penalista de la Universidad La Gran Colombia. Ejerce actualmente como abogado litigante. En su momento defendió a Juan Carlos Henao en el conflicto que tuvo el arquero con el club Santos, de Brasil, donde jugó en 2005.

Betancur fue juez único especializado en Manizales y cuando ocupaba ese cargo, a comienzos de los años 90, tuvo una investigación de la Procuraduría: en noviembre de 1990, cuando estuvo como encargado por vacaciones del titular, dejó en libertad a Gonzalo Mejía Sanín, un confeso narcotraficante que admitió en su declaración haber trabajado para la red internacional dirigida, hasta antes de su captura y extradición a Estados Unidos, por Carlos Lehder Rivas.

Pese a esa confesión y a que Mejía devolvió 60.000 dólares de la época, producto de actividades ilícitas, Betancur Ciuffetelli lo absolvió, con el argumento de que se trataba de un homónimo. Mejía volvió a entregarse en mayo de 1991. La Procuraduría denunció penalmente a Betancur por el delito de prevaricato. Fue condenado a 30 meses de prisión, sin beneficio de excarcelación, en 1993.

El año pasado, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio contra Mejía Sanín sobre bienes por más de 50.000 millones provenientes del narcotráfico.

El tercer integrante de la Comisión Disciplinaria es el abogado penalista Miguel Córdoba Ángulo, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene además un doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca (España). Es profesor en el Externado y abogado litigante.

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