Sin mucho ruido avanzó a lo largo de la semana la polémica generada por la nueva disposición acerca de la seguridad en los estadios de Colombia durante los partidos de fútbol. El nuevo Código de Policía obligaría a los equipos a encargarse de esa materia dentro de los recintos deportivos, para liberar de esa obligación a la institución policial.
No se trata de que la Policía no controle más estos eventos, sino que su presencia sea moderada. El mismo general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de Seguridad Ciudadana, explicó: “Lo que se busca no es que la Policía se retire de los estadios, sino que asistan en menor número”.
Este cambio, aunque haya causado controversia, no es nuevo. En Suramérica se aplica en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, donde la seguridad de los estadios es compartida entre vigilancia privada contratada, o propia del club, y la policía.
Pros y contrasLas experiencias en cada país varían y tienen sus ventajas y desventajas. En Uruguay, por ejemplo, los conjuntos firman contratos con empresas de seguridad privada para garantizar el orden dentro del escenario. Sin embargo, el equipo Nacional es el único que tiene un esquema propio.
“Nacional es el único cuadro que tiene su propio cuerpo de seguridad para los juegos tanto de local como de visitante. Todos son hinchas del club, lo que hace que el servicio sea más eficiente, los encargados trabajan con mejor ánimo y se evitan problemas con gente de otros equipos”, afirma Wilson Miraballes, jefe de seguridad del Nacional de Uruguay.
Ese servicio es similar a lo que ya ha hecho Atlético Nacional en Medellín. El club antioqueño le cedió parte de la logística general del estadio Atanasio Girardot a la barra brava Los del Sur para los juegos de local.
Darles ese trabajo a personas que no están capacitadas ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la iniciativa. “La mayor dificultad de la seguridad privada es cuando no tiene la capacitación adecuada en lo que tiene que ver con los estadios de fútbol. No es lo mismo que un vigilante cuide un edificio de apartamentos a que atienda los problemas que se generan en un estadio”, sostiene Juan Manuel Lugones, de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), de Argentina.
En los casos de Uruguay y Argentina se evidencia que la seguridad privada funciona, siempre y cuando tenga el respaldo de los efectivos policiales.
“Nosotros tenemos el problema de la barra brava y para controlarlos debemos tener un fuerte cuerpo de infantería que afuera tenga la capacidad para hacerles frente a estos tipos, porque la seguridad privada no tiene ni la preparación ni las armas para controlarlos”, agrega Lugones.
En Brasil, los hechos de violencia han sido tan evidentes que se ha buscado más apoyo policial. Pero también surgieron grandes ideas, como que las mamás de los hinchas violentos del Sport Recife hicieran parte de los vigilantes privados.
Corrupción latentePero no son solo los barrabravas quienes generan problemas a la hora de hablar de la seguridad privada. La unión entre clubes, vigilantes y policía siempre debe estar coordinada, o si no, aparecen problemas como en Chile.
En el 2015, luego de un partido entre Santiago Wanderers y Colo-Colo, donde hubo invasión de cancha y agresiones entre los hinchas, se iniciaron investigaciones por irregularidades en el esquema de vigilancia. La justicia chilena determinó que varios jefes de seguridad de los clubes trabajaban a dos bandos: formaban parte de las empresas de vigilancia privada y a la vez dirigían la seguridad del club.
El dinero también es otro factor vital para que funcione la seguridad privada, ya que no todos los clubes tienen la capacidad económica para contratar este servicio. Cuando entraron en vigencia las nuevas medidas en los estadios peruanos, Alianza Lima, uno de los clubes más populares del país, estimó que por cada partido debía invertir una suma de 5.000 dólares para garantizar la integridad de las personas.
Cali ya paga seguridadAlgo similar al caso de Perú podría pasar en Colombia. Los clubes no le pagan a la Policía por el servicio que presta en los estadios. En Cali, Medellín y Bogotá solo les dan refrigerio a los policías. Y el hecho de contratar seguridad incrementaría sus costos.
El Cali ya lo ha vivido, pues el año pasado implementó seguridad privada que, sumada a la logística, le valió unos 30 millones de pesos por partido, más otros 30 millones que les cuesta trasladar a los agentes desde otros municipios hasta el estadio del club, según su gerente general, Alberto Sinisterra.
En los próximos días se espera que haya conversaciones entre los clubes, el Ministerio del Interior y la Policía para ver los alcances de la nueva medida, que sería aplicada solo el próximo año pero la polémica en el fútbol colombiano está abierta desde ya.
CAMILO MANRIQUE V.
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter: @camilomanriquev
