"Buenas tardes para todos. Espero que estos correos sean realmente privados y no salgan a la luz pública (...) Recomiendo no hablar de vetos ni de unirnos en contra de ... Esto puede ser interpretado jurídicamente como una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás. Estoy totalmente de acuerdo con que debemos tomar algunas medidas (...)".
Lo que advertía en un correo privado del agosto 3 de 2018 Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente de La Equidad, a sus colegas de otros clubes del fútbol profesional colombiano terminó siendo rigurosamente cierto: el mensaje no solo terminó por conocerse sino que se convirtió en una de las pruebas que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en la sonada investigación contra la Dimayor y 16 clubes por cargos de vetar jugadores.
Según la SIC, que investiga supuestas prácticas ilegales de los clubes encaminadas a afectar el régimen de libre competencia, "los presidentes de clubes profesionales habrían enviado comunicaciones a sus competidores para solicitar expresamente que no negociaran los derechos deportivos de algunos jugadores a modo de sanción, por el hecho de que esos trabajadores habrían terminado o habrían estado próximos a terminar un vínculo contractual sin el beneplácito del empleador".
Texto dado a conocer por la SIC con respecto al presidente de La Equidad.
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(Contexto: SIC investigará a la Dimayor y a clubes por presunto 'cartel' laboral)
Se trata de una práctica largamente denunciada en el fútbol profesional colombiano que, sin embargo, solo ahora llega a una investigación formal. En esta oportunidad la autoridad que investiga, la SIC, tiene en su poder decenas de correos y chats de WhatsApp, corroborados por declaraciones de representantes de los clubes, que parecen demostrar que la práctica no solo existía sino que era extendida.
Lo que muestra el expediente es que frente a la intención de algún jugador por hacer uso de su derecho de no renovar contrato con un equipo que pretendía beneficiarse de una potencial transferencia se aplicaba un "pacto de caballeros" -así lo mencionan en varios correos- que terminaba en el bloqueo del futbolista hasta que se aconductara. Y pasaba algo similar si el jugador pretendía terminar unilateralmente su contrato, situación en la que --señala la SIC-- hay derecho a la compensación económica para el equipo afectado por la decisión del deportista, pero nunca una prohibición de que se llevara a cabo so pena de correr el riesgo de quedar desempleado.
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Eso es lo que se ve, por ejemplo, en la comunicación enviada por el equipo de la B Talento Dorado, en la que su presidenta, Paola Andrea Salazar Olano, reportaba a los otros presidentes el caso de un jugador que había terminado su contrato alegando justa causa por incumplimientos del empleador. "Sobre esta base -dice el pliego de cargos-- (Salazar) apeló a la 'solidaridad de gremio' y al 'pacto de caballeros que existe entre los clubes en estas situaciones". El objetivo de esas cartas era "no contratar a los jugadores señalados en su condición de jugadores libres sino por intermedio del club que envía la comunicación, que pretende obtener ganancias por la transferencia de sus derechos deportivos".
Copia del texto redactado por la SIC.
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La investigación dejó en evidencia una práctica común en el medio: como la ley establece que el no pago consecutivo de dos meses de salarios y seguridad social es causal de disolución del vínculo laboral del jugador, algunos equipos optan por dejar al resto del plantel sin paga para hacerles abonos a determinados jugadores sobre los que tienen expectativas de ventas y así seguir facturando en caso de que se dé una transferencia.
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"Usted tiene jugadores, no hablemos de buenos y malos. Tiene jugadores que son patrimonio y jugadores que no son patrimonio (...)", admitió ante la SIC un presidente de club. A esos jugadores "que son patrimonio" es a los que intentan pagarles antes de que se cumplan los dos meses de plazo, incluso a costa de los sueldos de los otros jugadores que no consideran 'transferibles' o sobre los que no tienen derechos.
En el expediente hay un correo del 23 de junio del año pasado enviado por el exsenador Gabriel Camargo, el polémico dueño del Tolima, advirtiendo a sus colegas que un jugador "tenía contrato vigente" hasta el 2023 y pidiendo que se abstuvieran de contratarlo.
Sobre esa comunicación, Camargo admitió que "pudo ser" que "en uno o dos casos" hubiera enviado correos en ese tono: "Eso fue un año que me lo robaron. Un muchacho que lo hice y todas esas cosas, que lo había comprado y desconoció el contrato y se fue. Y por allá como que le ha ido muy mal y no le cumplieron y esas cosas. Pero yo lo demandé y lo tengo demandado", dijo.
El hombre fuerte del Deportes Tolima primero le dijo a la SIC que no recordaba haber recibido comunicaciones de otros equipos para proceder de esta manera frente a jugadores que hubieran peleado con sus equipos. Pero al final terminó cambiando la versión.
-Que yo recuerde, no. Pueda que sí. Uno que hacía esas prácticas era el de Águilas Doradas, Salazar. Ese sí hacía esas practicas de mandar y que no contrataran (...) Ese sí enviaba esas cartas
"-Que yo recuerde, no. Pueda que sí. Uno que hacía esas prácticas era el de Águilas Doradas, Salazar. Ese sí hacía esas practicas de mandar y que no contrataran (...) Ese sí enviaba esas cartas", dijo Camargo.
La denuncia, interpuesta por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), incluye mensajes de veto enviados o apoyados (en mensajes de respuesta) por Talento Dorado, el Cúcuta Deportivo, el Chicó Fútbol Club, el Unión Magdalena, el Deportivo Pasto, el Envigado, el Tolima, el Caldas, el Deportes Quindío, La Equidad, el Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones y Alianza Petrolera. Y el pliego de cargos se extiende a la Dimayor porque esa entidad, dice la Súper, conocía de la práctica ilegal y no solo no hizo nada para impedirla, sino que habría servido para articularla.
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La Superintendencia considera que hay evidencias sólidas para hablar de 'listas negras' de jugadores, y señala que las comunicaciones seguían circulando al menos hasta julio pasado.
Así, el 2 de julio de este año el presidente del Pasto, Óscar Armando Casabón Rodríguez, reportó a los otros clubes el caso de un jugador que pretendía terminar unilateralmente su contrato "sin tener en cuenta que se estaban cumpliendo con las obligaciones contractuales ni la inversión económica que hemos realizado". Renglón seguido, pidió a sus colegas "abstenerse de realizar cualquier tipo de vinculación directa o de servir de intermediario" del jugador.
Copia del texto dado a conocer por la SIC con relación al presidente del Deportivo Pasto.
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En su versión ante la SIC, el presidente del Pasto aseguró que el jugador había reconsiderado y que finalmente llegaron a un acuerdo. Y negó que hubiera una estrategia de veto: "Es algo no para evitarle al jugador que pueda laborar, sino es algo más de respeto entre los presidentes o representantes legales de los clubes. Porque no es justo que X club haya invertido cantidades inmensas de recursos y que por X o Y circunstancias pierda esa inversión porque ese jugador decide renunciar (...) Nosotros no estamos acostumbrados a truncar el futuro de absolutamente ningún jugador ni nada, pero sí (se trata) de hacer respetar las inversiones que un equipo pequeño como nosotros está haciendo en este caso con este jugador".
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La SIC recordó que el Pasto fue denunciado a mediados de este año por el no pago de sueldos ni seguridad social a sus trabajadores por un periodo de tres meses. En octubre, incluso, sus jugadores se negaron a jugar un partido de la Liga mientras no se solucionara la situación.
Del análisis del expediente, la Super considera que existe "interés común de los agentes investigados por restringir el tránsito laboral de los jugadores" y que los 'móviles' de tal conducta serían "la pretensión de recuperar la inversión que consideran haber hecho en la formación del capital humano de los jugadores y el interés de obtener ingresos adicionales por la transferencia temporal o definitiva de sus derechos deportivos".
Se ha logrado limitar el normal ejercicio de la actividad económica de los jugadores a través de actuaciones coordinadas que incluso a punto de poner en riesgo el ingreso de subsistencia...
Y advierte que con esas prácticas "se ha logrado limitar el normal ejercicio de la actividad económica de los jugadores de fútbol a través de actuaciones coordinadas que incluso a punto de poner en riesgo el ingreso de subsistencia de los deportistas y la continuidad de sus carreras deportivas".
"Se pone de manifiesto el obrar anticompetitivo de los clubes y se evidencia un abuso sobre los jugadores al pretender retener sus derechos deportivos aun cuando no cumplen sus obligaciones como empleadores.
Y agrega que "la Dimayor (en la presidencia de Jorge Enrique Vélez y en la actual, de Fernando Jaramillo) habría sido utilizada como vehículo para permitir los acuerdos (irregulares) y darlos a conocer a todos sus afiliados. Por lo tanto, es claro que actuó como agente de mercado".
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El partido apenas arranca y los señalados ya han manifestado sus argumentos de defensa. En caso de ser hallados responsables, la SIC podrá imponer multas de hasta 2 mil salarios mínimos mensuales (casi 2 mil millones de pesos).
REDACCIÓN EL TIEMPO.COM
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