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De la 'ideología de género' a las movidas políticas

El 4 y 5 de abril de 2019 se realizó en el Congreso de la República el encuentro de Political Network for Valeus en el que estuvieron los senadores Álvaro Uribe y María del Rosario Guerra.

El 4 y 5 de abril de 2019 se realizó en el Congreso de la República el encuentro de Political Network for Valeus en el que estuvieron los senadores Álvaro Uribe y María del Rosario Guerra.

Foto:Foto del site de PNV

Grupos conservadores avanzan en una cruzada ideológica por la conquista de espacios de poder.

“¿Por qué dijiste que los grupos conservadores eran ‘antiderechos’? ¿No te parece excluyente y discriminatorio decir que los grupos conservadores que defienden los derechos humanos fundamentales no deberían estar presentes y son una amenaza para Latinoamérica?”.
Estas fueron las dos preguntas que le lanzó una joven a Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y quien también es relatora sobre los Derechos de la Niñez de la OEA, durante la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, el pasado 27 de junio.
La persona que hizo el reclamo era Andrea Garzón, integrante del equipo de trabajo de la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, el partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe y que llevó a Iván Duque a la presidencia de Colombia. Su queja se refería a las palabras que Arosemena de Troitiño, quien buscaba reelegirse como presidenta en el órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos, dijo en mayo de 2019 en Washington.
“Debo empezar expresando con mucha sinceridad, con mucha preocupación, que la región vive en estos momentos un movimiento geopolítico, podría decir, de lo que significa la posición ‘antiderechos’ planteada por grupos específicos. Se les dice conservadores. No me gusta decir la palabra conservadores porque no sé ni siquiera lo que significa, porque ¿qué es lo que conservan? ¿qué es lo que se quiere conservar?”, dijo Arosemena de Troitiño.
Para sectores cercanos a la presidenta, el reclamo que le hizo Garzón no tenía fundamento porque la funcionaria de la OEA no se había referido a que todos los sectores conservadores fueran antiderechos. Tampoco a que no deberían estar en la reunión anual de la organización.
Esta escena revela un pulso político que se libra en el continente en torno al organismo que reúne a todos los países del hemisferio. Por un lado está el organismo que preserva lo que considera el enfoque adecuado en la defensa de los derechos humanos en la región; y por el otro una corriente ideológica que lo critica e intenta ganar más peso.

La bandera de la "ideología de género" ha sido empleada para movilizar a las familias en contra de las cartillas y del plebiscito.

Una evidencia de esta situación es que en Medellín, en paralelo a la Asamblea de la OEA, se realizó el ‘Foro continental por la vida y la familia’, que aglutinó a organizaciones civiles y religiosas que promueven una agenda regional sobre lo que ellos definen como “los valores cristianos”.
Estas organizaciones conservadoras están en desacuerdo con la agenda liberal que protege los derechos y libertades sexuales y reproductivos de las mujeres, de comunidades gais y minorías sexuales, entre otros. Esa renovada disputa entre las visiones conservadoras y liberales de la sociedad, es un fenómeno que recorre gran parte del mundo por cuenta de la consolidación de fenómenos políticos asociados al ascenso al poder de movimientos de derecha.
En Colombia varios de estos sectores se han hecho sentir a través de la movilización social y en alianzas con partidos políticos, con los que han venido alcanzando lugares en el Congreso y en el Gobierno Nacional; también, de la mano de organizaciones internacionales han ganado relevancia; y a partir de una renovada estrategia de incidencia en el ámbito jurídico nacional, promueven lo que evangélicos han denominado una “agenda moral”. ¿Cómo lo han hecho?

“Ideología de género”, terreno para la disputa

A mediados de 2016, dos mujeres de la política y de trayectorias disímiles resultaron en la misma orilla liderando una fuerte movilización en contra de las cartillas de orientación sexual del Ministerio de Educación, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
De un lado estaba Ángela Hernández, una diputada de la Asamblea Departamental de Santander, evangélica, que hasta ese momento no era conocida en el país. Del otro, María del Rosario Guerra de la Espriella, una exministra proveniente de una de las familias políticas más poderosas del departamento de Sucre, hoy senadora del Centro Democrático y católica.
La controversia inició en redes sociales cuando comenzó a circular una falsa cartilla en la que aparecían imágenes de cómics que mostraban a dos hombres teniendo relaciones sexuales, las cuales fueron alojadas en el sitio web Costa Noticias, una página que no tiene públicos los nombres de sus fundadores o artífices.
En medio de la polémica pública se conoció la verdadera cartilla del Ministerio de Educación, titulada “Ambientes escolares, libres de discriminación”, que contó con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unicef y el Pnud. El documento aborda temas relacionados con la diversidad sexual y de género, convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
Cartilla “Ambientes escolares, libres de discriminación”.

Cartilla “Ambientes escolares, libres de discriminación”.

Foto:

Esta cartilla dice en unos de sus apartes: “Al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca”.
Ángela Hernández promovió marchas en contra de la “ideología de género” que según ella se reflejaba en la cartilla. Mientras que Guerra lideró un debate de moción de censura en el Congreso de la República contra la entonces ministra de Educación, Gina Parody.
La ministra de Educación se defendió argumentando que con la cartilla, el Gobierno estaba dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó: “implementar, si no lo ha hecho aún, al programa para el desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en particular, el derecho a la identidad sexual– e incorporarlos de manera expresa en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país”.
La sentencia del máximo tribunal colombiano se había dado a raíz de una tutela interpuesta por Alba Lucía Reyes Arenas, madre del adolescente Sergio David Urrego, quien se suicidó en agosto de 2014. Argumentó la mujer que su hijo fue discriminado en el colegio debido a su orientación sexual.
En el centro de la discusión está lo que estos políticos conservadores denominan la “ideología de género”.
La profesora Rebecca Bartel, investigadora de las religiones en la Universidad de San Diego escuchó cómo hablaban de la “ideología de género” los grupos cristianos en Colombia, y su conclusión es que: “hay una idea de que el homosexualismo es algo contagioso entonces si hay profesores o niños o lo que sea gay en un colegio entonces van a resultar todos los demás estudiantes […] Ahí se involucraron una cadena de cosas, también el rol de la mujer. Entonces la amenaza de una mujer sola, o la opción de una mujer sola, o de una pareja gay o lo que sea, es una amenaza de la construcción de la familia que es el fundamento para el futuro del país”.
Ángela Hernández acusó al Ministerio de Educación de querer imponer a los colegios “en sus manuales de convivencia, condiciones, costumbres y actitudes de la comunidad LGBTI”. EL TIEMPO la entrevistó y le pidió definir la ideología de género. Entonces dijo que es “una ideología perversa que confunde a los niños”. “¿Qué era lo que pretendía el Ministerio de Educación? Imponer a todos los colegios públicos, privados y confesionales del país esa ideología”, añadió.
María del Rosario Guerra, precandidata presidencial del Centro Democrático.

María del Rosario Guerra, precandidata presidencial del Centro Democrático.

Foto:César Melgarejo / ELTIEMPO

La senadora Guerra dijo en una entrevista para este reportaje que la cartilla entraba a “romper una esencia del punto de vista conceptual y de principios que es la identidad sexual, la parte biológica”. La congresista sustenta que los niños nacen hombre o mujer.
Como consecuencia de las multitudinarias marchas (10 de agosto de 2016), la diputada Hernández fortaleció su imagen política y comenzó a viajar a otros países de América Latina a compartir su experiencia. Estuvo en Perú en diciembre del 2016 con la red Con Mis Hijos No Te Metas, como lo documenta el reportaje Transnacionales de la Fe. Este movimiento nació en oposición a las políticas públicas del Gobierno peruano en enfoque de género. El origen de este movimiento tuvo como inspiración la Declaración de Manhattan, suscrita en el 2009 por líderes católicos, protestantes y ortodoxos que rechazaron la inclusión del aborto en la reforma de salud del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Su perfil subió tanto que Hernández es hoy la candidata por el Partido de la U a la gobernación de Santander, con el respaldo del Centro Democrático.
Parody, por su parte, estuvo en el Ministerio de Educación hasta el 4 de octubre de 2016. EL TIEMPO la buscó para intentar conocer qué tanto peso tuvo en su renuncia el debate en el Congreso, pero no contestó.

De las marchas al plebiscito

El debate sobre el respeto a la diversidad sexual en el país continúa. Esta protesta sucedió en Bucaramanga el 10 de agosto.

El debate sobre el respeto a la diversidad sexual en el país continúa. Esta protesta sucedió en Bucaramanga el 10 de agosto.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

Las marchas contra las cartillas fueron un primer esfuerzo coordinado de estos sectores. Unos meses después volvieron al debate público con una segunda causa.
Después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc, en agosto de 2016, volvieron a plantear la controversia de la “ideología de género” para oponerse a la salida negociada del conflicto. En la campaña de cara al plebiscito en el que los colombianos irían a las urnas a refrendar o a rechazar lo acordado con la guerrilla, argumentaron que esa visión sobre la “ideología de género” estaba encriptada en el acuerdo.
El entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, político conservador que se declara representante de la “Colombia creyente” y que hoy es embajador del gobierno de Iván Duque ante la OEA, cuestionó el enfoque de género en los acuerdos de La Habana. Ordóñez decía que “la noción género, la novedad, es precisamente que este no tiene relación con el sexo, que no se nace hombre ni mujer, sino que se hace. Eso implica toda una nueva antropología que va a impactar políticas públicas”.
Su mano derecha, Ilva Myriam Hoyos, que entonces era procuradora delegada para asuntos de familia y siempre ha sido una de sus asesoras más cercanas, fue una de las responsables de esa narrativa. Sus críticas se centraron en el enfoque de género del acuerdo.
Los defensores de este pilar del pacto de paz buscaban asegurar que las medidas acordadas se ajustaran a la realidad de mujeres y la comunidad LGBTI, dos poblaciones que fueron fuertemente victimizadas durante el conflicto. Por esta razón, el acuerdo resultaba pionero en negociaciones de paz en el mundo y fue aplaudido por organismos internacionales como ONU Mujeres.

El acuerdo de paz no hablaba de sexualidad ni de corporeidad. Simplemente buscaba asegurar que, en la implementación del acuerdo de paz, se protegiera a las minorías.

En la visión de Hoyos y Ordóñez, el enfoque de género fue una manera de ocultar la ideología de género. “La interpretación adecuada que debe dársele al término ‘enfoque de género’ con un sentido tan amplio que, ciertamente, traspasa la promoción de los derechos de las mujeres y conduce al ‘enfoque de diversidad, identidad y orientación sexuales’ lleva implícita la expresión ‘ideología de género’, la que si bien no aparece en el texto, su ámbito de aplicación podría promover una antropología que desconozca la radicalidad de la distinción sexual y que pretenda ser sustituida por una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”, escribió Hoyos en un documento de 38 páginas que pronto comenzaron a citar otros grupos religiosos conservadores.
Hoyos le explicó a EL TIEMPO lo que para ella es la “ideología de género”: “Yo entiendo una tergiversación en torno de lo que es la sexualidad y el tema de la corporeidad, de lo que es la antropología, en esa relación cuerpo y espíritu de una manera de reducir la dimensión y la trascendencia de la dignidad humana y de desconocer la naturaleza al plantear que no se es mujer si no se es varón y que se puede llegar a ser. Es decir, que la sexualidad es un constructo de carácter social”.
Sectores conservadores cuestionaron que el acuerdo hablara de la población LGBTI y vincularon ese hecho con otros debates políticos y jurídicos más amplios sobre educación sexual, aborto o la adopción por parte de parejas del mismo sexo que se estaban dando en Colombia.
El acuerdo de paz, sin embargo, no hablaba de sexualidad ni de corporeidad. Simplemente buscaba asegurar que, en la implementación del acuerdo de paz, se protegiera a las minorías y a las mujeres de la discriminación. “El enfoque de género corresponde exactamente a los principios constitucionales vigentes. Su única ideología es la Constitución”, escribió el jefe negociador Humberto de la Calle en una columna en El Tiempo.
El 2 de octubre, en medio de una aguda polarización política, los colombianos rechazaron el acuerdo de paz por casi 54.000 votos, equivalentes al 0,4 % de los votos. No es claro cuántos de los votos del ‘No’ se debieron a la movilización de grupos católicos y evangélicos, pero ellos rápidamente cobraron el rédito.
En la renegociación que siguió al plebiscito, además del uribismo, que fue el principal promotor del No, al menos cuatro sectores que se definen como religiosos formaron parte del bloque de líderes que se reunió con el Gobierno para presentar sus observaciones y modificaciones a lo acordado con las Farc en La Habana.
Estuvieron el Consejo Evangélico Colombiano (Cedecol), que reúne a decenas de iglesias protestantes, algunas de las cuales respaldaron el acuerdo y otras se opusieron a este, y los pastores evangélicos autodenominados Pacto Cristiano por la Paz (PCP). Santos también se reunió con figuras religiosas que habían respaldado el acuerdo, como el pastor Darío Silva, de Casa sobre la Roca, y el arzobispo Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal.
Entre los cristianos y pastores evangélicos que apoyaron el “No”, varios han combinado el púlpito y las urnas desde hace años, mientras que otros aprovecharon su perfil público desde 2016 para lanzar exitosas carreras políticas.
Germán Vargas con la pastora Claudia Rodríguez. Iván Duque con el pastor Jhon Milton Rodríguez.

Germán Vargas con la pastora Claudia Rodríguez. Iván Duque con el pastor Jhon Milton Rodríguez.

Foto:Archivo particular

Claudia Rodríguez de Castellanos, pastora de la Misión Carismática Internacional, regresó al Congreso en el 2018 de la mano de Cambio Radical, tras haber sido congresista dos veces en el pasado y candidata a la alcaldía de Bogotá. En las reuniones del Pacto Cristiano por la Paz la acompañó su esposo, el también pastor y excongresista César Castellanos. Su grupo político, uno de los más fuertes del movimiento cristiano, rompió para las últimas elecciones con el Centro Democrático y se alió con Germán Vargas Lleras.
Ricardo Arias Mora, exsenador y exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, en el gobierno de Santos, logró llegar por primera vez al Congreso en 2002, por el Partido Liberal. En el 2015 fue candidato a la Alcaldía de Bogotá bajo su movimiento “Libres”. Posterior al plebiscito por la paz se fusionó con el movimiento ciudadano cristiano “Colombia Justa”, que lo lideraban Eduardo Cañas, John Milton Rodríguez y Héctor Pardo. De allí nace Colombia Justa Libres en 2017, que hoy tiene cuatro escaños en el Congreso de la República, entre ellos John Milton Rodríguez, pastor de la iglesia Misión Paz a las Naciones. Rodríguez se dio a conocer en la movilización contra las cartillas y el acuerdo de paz.
Otros pastores que hicieron parte del Pacto Cristiano por la Paz fueron Eduardo Cañas, de la iglesia Manantial; Ricardo Rodríguez, del Centro Mundial de Avivamiento; Héctor Pardo, de Tabernáculo de la Fe; Alfredo Barrios, de Fe en Acción; Pablo Portela, de Misión de Restauración de Avivamiento y de las Naciones, y David Gómez de la Iglesia del Millón de Almas.
Tras otras tres semanas de renegociación en La Habana, el gobierno Santos y las Farc firmaron un segundo acuerdo de paz en noviembre de 2016 que incorporó cambios, aclaraciones y sugerencias de los líderes del ‘No’.
Algunas de las propuestas de los sectores religiosos proponían eliminar todas las referencias a la población LGBTI, incluir el derecho a la libertad de culto, agregar al preámbulo que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y añadir a las iglesias y sus feligreses como víctimas del conflicto.
Varias de éstas fueron adoptadas en el acuerdo definitivo. Se eliminaron muchas referencias a la comunidad LGBTI, pero se clarificó la definición del enfoque de género para evitar otras interpretaciones y se añadió un principio de no discriminación, que garantiza que “ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón”.
Al final, aunque el peso de estos grupos cristianos en la oposición al acuerdo de paz es difícil de medir, varios coinciden en que fue instrumental. Como dice José Luis Pérez Guadalupe, en su investigación titulada ‘Evangélicos y poder en América Latina’, “mientras el país estaba polarizado políticamente y se acentuaba el enfrentamiento entre el uribismo y una coalición coyuntural entre el santismo y la izquierda, surgió un movimiento evangélico unificado que salió a votar masivamente por la opción del ‘No’”.

Movidas políticas en tiempos de Duque

Duque agradeció al presidente del Mira, Carlos A. Baena, su respaldo.

Duque agradeció al presidente del Mira, Carlos A. Baena, su respaldo.

Foto:Foto: Prensa Duque

Aunque, al final varias de las propuestas de quienes promovieron el ‘No’ fueron acogidas en el acuerdo definitivo firmado en noviembre de 2016, dichos sectores políticos no lo respaldaron y contribuyeron a llevar a Iván Duque a la Presidencia de Colombia dos años después.
Tres de los líderes más visibles unieron fuerzas en torno a una consulta de la derecha en la que Duque y el partido de Uribe salieron ganadores. Marta Lucía Ramírez, que quedó de segunda, se convirtió en su llave a la vicepresidencia. Y Alejandro Ordóñez fue nombrado jefe de debate.
Varias iglesias cristianas apoyaron a Duque en la plaza pública, sectores religiosos que sí apoyaron el acuerdo de paz, como el Movimiento Mira, un partido de origen cristiano cercano a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y que hoy forma parte de la coalición de gobierno.
Una vez en la Presidencia, Duque nombró como embajador de Colombia en la OEA a Ordóñez, quien hizo parte de los sectores del "No" y también había descalificado a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser parte de “la izquierda internacional en busca de recursos para financiarse”.
Reputados intelectuales colombianos se mostraron preocupados por ese nombramiento. Catalina Botero, la ex relatora para la libertad de expresión de la CIDH y hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, dijo en sus redes: “Las normas base que regulan a la CIDH y a la Corte IDH (tratado y estatuto) pueden ser modificadas por los Estados parte, y el presupuesto puede ser afectado. Por eso es tan problemático que uno de los embajadores no crea en el sistema sino cuando sirve a sus intereses personales”.
La plataforma change.org se activó para todo aquel que quisiera rechazar el nombramiento de un hombre que ha tenido férreas posturas contra el aborto, la eutanasia, los derechos de la comunidad LGBTI y el acuerdo de paz.
Algunos de los sectores religiosos que apoyaron a Duque luego recibieron puestos en su gobierno. La excongresista Viviane Morales, miembro de la iglesia Casa sobre la Roca, fue nombrada embajadora en Francia. El exsenador Carlos Baena, uno de los líderes más visibles del Mira, es hoy viceministro del Trabajo. Ricardo Arias Macías, hijo de Ricardo Arias Mora, fue nombrado director de derechos humanos del Ministerio del Interior, tras la salida de otro cristiano –Nayid Abú Fager Sáenz, exintegrante de la unidad legislativa de Viviane Morales.
Esta dirección del ministerio es responsable de la evaluación del plan de acción de la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, según el decreto 762 de 2018.
El avance político de los sectores conservadores también está encaminado a empujar políticas públicas. El 4 de julio, Día Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, el Presidente Duque resaltó la necesidad de tener un mayor diálogo con las iglesias y explicó lo que serán las Escuelas de Padres, una iniciativa que desde el Ministerio de Educación pretende “restablecer en el ambiente escolar esa discusión sobre los valores éticos y cívicos”, sin aclarar si serían esas iglesias quienes establecerán esos valores.
El pastor y congresista John Milton Rodríguez, quien estaba en el evento, confirmó el 9 de julio, a través de un comunicado en sus redes, que las escuelas ya pasaron por dos debates de aprobación en el Senado y ahora deben hacer lo propio en la Cámara de Representantes.
*Este reportaje hace parte del proyecto Trasnacionales de la Fe*, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y los siguientes socios latinoamericanos son: Agencia Pública (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP); y Univisión (Estados Unidos).
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