La soledad de los defensores públicos

Una investigación regional de la que participaron la Unidad de Datos de EL TIEMPO, Univisión y Semanario Universidad, Lupa, Ojo Público, Animal Político, Ciper y Plaza Pública descubre graves injusticias en la defensa pública de América Latina. (Vea aquí la investigación completa)

En Colombia, un pequeño grupo de 153 defensores públicos está a cargo de 234.964 procesos de reclamo de las víctimas que dejó la guerra. Si dividieran la carga en partes iguales, a cada uno le corresponderían 1.535 casos.

Es una cantidad abrumadora si se tiene en cuenta que, para asegurar una defensa efectiva y oportuna, el número de casos simultáneos por abogado no debería superar los 50 con dedicación exclusiva, según el Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia.

Estos casos corresponden a las víctimas que se beneficiaron de la negociación de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares en el 2003. Pero la atención a víctimas es más grande en Colombia. Están, por ejemplo, quienes buscan recuperar sus tierras, tras una ley de restitución que aprobó el presidente Juan Manuel Santos.

El Colegio de Defensores advierte que la saturación de los defensores públicos podría ser más grave durante la transición, antes de que entre a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un órgano jurídico surgido del acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la guerrilla de las Farc el año pasado y que atenderá, entre muchos otros casos, a los combatientes que están en la cárcel y a los que se van a desmovilizar y se acogerán a la amnistía o al indulto.