Un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Onudc, secuestrado en Guaviare y un patrullero de la Policía muerto tras los disturbios de quienes se oponen a la erradicación de cultivos ilícitos, ocurridos en Tumaco a comienzos de abril, es el frágil escenario donde se mueve la implementación del punto cuatro del acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc para hacerle frente al problema de las drogas ilícitas en Colombia.
El Gobierno, las Farc y las comunidades han suscrito 23 acuerdos que cobijan a 81.849 familias (como lo muestra el mapa que encabeza este texto) y 63.542 hectáreas de coca aproximadamente. A juicio de diversas organizaciones sociales, investigadores académicos y expertos en temas de posconflicto, estos acuerdos plantean serios riesgo a la posibilidad de asegurar las transformaciones profundas que requiere el campo colombiano.
Los acuerdos tienen puntos en común: el compromiso de sustituir y no resembrar; el subsidio que se dará a las familias cultivadoras; el papel que tendrán las asambleas comunitarias; los compromisos de los gobiernos locales, y las condiciones en las cuales se puede hacer erradicación forzosa. Sin embargo, también guardan diferencias importantes: no en todos entran las familias recolectoras y solo en algunos se consideran las familias que no tienen coca; en varios las Farc no adquieren ningún compromiso; algunos son muy vagos en cuando a la oferta estatal en el territorio, mientras que los más recientes son específico y contiene más obligaciones.
Para la FIP el principal punto de preocupación es el desbalance entre el compromiso y la especificidad con los subsidios directos, y la generalidad y falta de claridad sobre la inversión en bienes y servicios públicos, que son la clave para la renovación territorial.
Rafael Pardo, asesor para el Posconflicto, sabe lo que está en juego cuando a finales del año anterior advirtió: “La coca hace insostenible el proceso”, pero también argumentó que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) va caminando y sí apunta a garantizar unos resultados concretos.
Para los investigadores de la FIP Juan Carlos Garzón, José Luis Bernal, Julián Wilches y Diego Rodríguez, quienes analizaron el contenido de todos los acuerdos, el principal punto de preocupación es el desbalance entre el compromiso y la especificidad con los subsidios directos, y la generalidad y falta de claridad sobre la inversión en bienes y servicios públicos, que son la clave para la renovación territorial.
Las organizaciones Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Excelencia de la Justicia, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, la dirección de investigaciones de la Universidad de los Andes, Ifit (The Institute For Integrated Transitions) y la Fip precisan que no hay claridad sobre dónde se sustituirá voluntariamente con las comunidades y dónde de manera forzosa, tampoco es claro cómo se han priorizado los municipios, ni los cronogramas estipulados y no hay documento de política pública que cuente con enfoque diferencial de género.
Subsidios a familias no es la única salidaOtorgar subsidios a familias para que sustituyan los cultivos ilícitos ha sido otro de los cuestionamientos, en el sentido de que en el pasado se ha contemplado esta solución y la siembra de la coca no ha disminuido en el país.
Por el contrario, muchas de esas zonas han sido reincidentes en el cultivo ilícito. Sugieren que no solo se debe impactar a las familias, sino a los territorios proveyéndoles de bienes y servicios. En el pasado, la entrega de dineros a familias ha derivado en disputas y desestímulos de proyectos colectivos.
Del cuadro se desprende que cada familia recibirá 36 millones de pesos durante dos años para la política de sustitución. Si hablamos de que el plan busca beneficiar inicialmente a 50.000 familias, serían 1,8 billones de pesos. El problema es que poco a poco se han ido ampliando los planes a nuevos territorios y en esa medida crece la cifra de potenciales beneficiarios. En los primeros acuerdos suscritos no se hacía referencia a la oferta estatal y al otorgamiento de bienes públicos, mientras que en el de Anorí, firmado posteriormente, sí se mencionan con mayor nivel de detalle.
La gran pregunta es si hay suficientes recursos para cubrirlas. La sugerencia es clara, el Gobierno debe publicar el plan de financiamiento de la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. La primera meta del Gobierno costaría 1,8 billones de pesos, pero si se amplía a 80.000 familias se necesitarían 2,9 billones. Ya es hora de conocer los presupuestos reales para todos los proyectos.
Es otra de las grandes preguntas que para las organizaciones civiles no tiene una clara respuesta. De acuerdo con la FIP, en el 64,5 % de los acuerdos revisados, el compromiso de las Farc se limita a acompañar e impulsar el proceso de sustitución; en el 35,3 % restante, no adquiere ningún compromiso.
.A nivel nacional, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) creó el Consejo de Dirección Permanente, para hacer los seguimientos al programa de erradicación y sustitución en el que están Gobierno, Farc y comunidades. Siguiendo los contenidos del Acuerdo de Paz, este Consejo debería tener funciones de seguimiento de los avances del Programa y no de toma de decisiones o planeación.
Preocupa que el gobierno no haya delimitado las responsabilidades de las Farc, con el riesgo de que se suplanten las funciones constitucionales de los poderes públicos y se genere un co-gobierno.
Las comunidades están exigiendo dos aspectos: uno, que la participación en lo local incluya a todos los actores y fortalezca las asambleas comunitarias. Los acuerdos le dan preponderancia a las juntas de acción comunal y a las organizaciones comunitarias como responsables de la certificación de los procesos; los críticos dicen que se debe tener cuidado, ya que algunas de estas han podido ser intervenidas por redes clientelistas.
El segundo punto tiene que ver con la posible tipificación del delito relacionado con la siembra de ilícitos y las implicaciones que ello podría tener para quien firma el acuerdo admitiendo la actividad, que es ilegal. Aquí la seguridad jurídica es clave, así como las garantías de no judicialización.
La Fip analizó cada riesgo y la posible alternativa para enfrentarlo. De esta manera le apuntan a una crítica constructiva que le dé más elementos de juicio al Gobierno para acotar la política de sustitución, con miras a una implementación efectiva y con resultados benéficos en el mediano plazo.
En carta blanca, erradicar y sustituir la coca es pieza clave y una meta que pareciera desdibujarse. ¿Puede haber paz con coca? Rafael Pardo ha dicho que no; la FIP cree que hay alternativas.
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