La condena de ser un preso político en Venezuela
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La condena de ser un preso político en Venezuela

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Desde Chávez hasta Maduro, historias de las detenciones por motivos políticos en Venezuela.

La condena de ser un preso político en Venezuela




Unidad de Datos

Aquella llamada telefónica le removió todo. “Me tienen detenido en el aeropuerto de Maracaibo”, alcanzó a escuchar. Era 22 de noviembre de 2004. Bonny Pertiñez de Simonovis tenía 36 años de edad, una carrera como abogada, un matrimonio y dos hijos: Ivan (de 12 años) e Ivanna (de 7). En ese entonces, se recuperaba de su despido como empleada de la estatal petrolera PDVSA y de la destitución de su esposo, Iván Simonovis, como secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, luego de los hechos de abril de 2002 que desestabilizaron al gobierno de Hugo Chávez.

Durante las siguientes 14 horas, Bonny no supo del paradero de su esposo. Se presentó en la Fiscalía para exigir información sobre lo ocurrido y acudió a un canal de televisión para denunciar su desaparición. Entonces funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron a buscarla. “me dijeron: 'si usted quiere ver a su esposo tiene que montarse en ese camioneta con el fiscal'”, recuerda. No hubo tiempo para el miedo.

Ya camino a El Helicoide, donde funciona la sede del Sebin, inquirió al funcionario:

Bonny supo que aquella revelación no era más que un mal presagio.

Nadie había olvidado lo ocurrido ese día. Menos, Hugo Chávez. Aquellos hechos que pusieron en vilo su permanencia en el poder mantenían desatada su ira contra los adversarios. Al principio, se mostró conciliador invitando a dialogar a quienes promovieron la huelga general y otros sectores de la sociedad. Pero luego dirigió sus esfuerzos en conseguir culpables. Y así comenzó a llenar su lista de presos políticos, encabezada por los nombres de ocho funcionarios de la Policía Metropolitana, a quienes el mismo presidente llamó “asesinos” y señaló de ser los responsables de las muertes del 11 de abril.

"Fueron unos presos personales. Los presos del presidente Chávez"

Su ensañamiento arrastró al entonces alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, quien permaneció cuatro meses detenido por promover supuestamente los ataques a la embajada de Cuba durante los hechos de abril de 2002. Y los siguientes serían los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, quienes fueron acusados de ser los responsables de los acontecimientos del 11 de abril y se les detenía sin orden de aprehensión, sin haber sido presentados en la Fiscalía ni imputados.

Nadie se atrevía aún a llamarlos ‘presos políticos’. Hasta entonces, los venezolanos cuestionaban la incursión del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial, pero el término aún no se había acuñado.

“Cuando comenzó esta persecución, en el año 2003, era muy difícil definir en ese momento qué era un preso político”, afirma Bonny. “Era complicado explicar que, siendo ellos policías, que suelen ser los que violan los derechos humanos, ahora ellos eran víctimas de violaciones de sus derechos humanos. (…) Nos costó mucho tratar de iniciar esa matriz de opinión. Más cuando ellos fueron unos presos personales. Los presos del presidente Chávez”.


Una escena en las calles de Caracas, la de la gráfica en la Autopista Prados del Este. La Policía Nacional Bolivariana actúa contra todo sospechoso. Las escenas se multiplican en los diversos sectores y alimentan el temor entre la población. Foto: Ginna Morelo, El Tiempo.

Venezuela conoce el significado del término ‘preso político’, porque su historia registra episodios oscuros de persecución, cárcel y muerte contra los disidentes. Juan Vicente Gómez, quien gobernó de forma autoritaria esa nación desde 1908 hasta 1935, convirtió la cárcel La Rotunda en su calabozo personal. Allí envío a todo aquel que lo criticara y lo sometió a crueles torturas. Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), por su parte, armó su propio aparato represivo con la Seguridad Nacional que capturaba, asesinaba o desaparecía a las personas no gratas para el presidente.

"Yo sentía que era mi obligación documentar la injusticia"

Chávez construyó en Simonovis y el resto de los comisarios un enemigo perfecto. Les llamó asesinos. Dijo que eran miembros de la CIA. Los asoció con francotiradores. Los culpó sin juicio. Aún así, Bonny confió que se respetaría la presunción de inocencia de su esposo. Encaró personalmente su defensa para demostrarlo, pero una vez que se inició el juicio el 20 de marzo de 2006, le tocó vivir en carne propia las consecuencias de aquella retaliación.

“Eso fue un circo”, dice sin tapujos. “Ninguna de las pruebas lo señalaba. Todos los funcionarios declararon que no estuvo en el lugar del suceso. Tampoco se comprobó que dio la orden. Y las pruebas balísticas fueron negativas. (…) Desde el inicio tuvimos que documentar cada recurso. La gente me cuestionaba por qué lo hacíamos, si en Venezuela no hay imparcialidad del Poder Judicial. Pero yo sentía que era mi obligación documentar la injusticia”.

En total fueron 231 audiencias, a las que Bonny asistió casi en su totalidad. En su laptop registró todas y cada una de las intervenciones. Y llevó un resumen exhaustivo del proceso: “se analizaron 265 experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron 5.700 fotos y videos para un total de 173 piezas de expediente contenidas en 1.155 horas de grabación”, cuenta, sin que se le escape detalle.

Hasta que llegó el día que la jueza Marjorie Calderón dictó la sentencia. Era 3 de abril de 2009, cuando el país conoció finalmente la condena: 30 años de prisión para Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero. Penas de 30, 17 y 16 años para los funcionarios de la Policía Metropolitana: Erasmo Bolívar, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina, Arube Salazar, Marcos Hurtado y Ramón Zapata.

"Había lágrimas por doquier, ni los funcionarios pudieron contenerse"

Bonny sólo menciona la palabra “indignación”, para calificar el sentimiento que le embargó en ese momento. “Fue una decisión tan arbitraria”, agrega, en un tono de profunda resignación. Pero su esposo dedicó un capítulo en su libro Prisionero Rojo a describir lo que se vivió aquel día: “Por cada sentencia que se escuchaba, venían los gritos de los familiares presas de terror. (…) En ese momento, no escuché más, hasta que sentí mi nombre y le agarré la mano a Bonny. (…) ‘Se le condena al ciudadano Iván Antonio Simonovis Aranguren, de 48 años de edad, (…) a cumplir la condena de 30 años’. Bonny me apretó tan duro la mano que pensé que se desmayaría. (…) Se escuchaban gritos desgarradores en la sala (…) Me volteé y abracé con fuerza a Bonny y le dije: ¡Por favor, cuida a los niños, te amo! Había lágrimas por doquier, ni los funcionarios pudieron contenerse”.

Ya lleva 15 años en prisión. En ese tiempo, muchas cosas han pasado. Hugo Chávez falleció en marzo de 2013 a causa de un cáncer. Su partida no abrió paso a la reconciliación con quienes seguían tras las rejas por razones políticas y el régimen de Nicolás Maduro no muestra la menor intención de condonarles la pena. “No les importa el daño que le han causado a nuestras vidas”, lamenta Bony Pertiñez. “Los comisarios y policías metropolitanos viven una situación de rehenes. Se convirtieron en unos secuestrados de este Gobierno”.

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La extinción de la disidencia


Cuando Nicolás Maduro llegó al poder habían 11 presos políticos, según recuerda Alfredo Romero, abogado y director del Foro Penal, ONG que documenta el tema de los presos políticos en Venezuela. Aquella disminución daba a entender que Venezuela había superado aquellos tiempos de furia de Hugo Chávez, cuando alcanzó a haber 100 personas detenidas por razones políticas y arrestos de hasta 258 personas al día, como ocurrió durante las protestas por el cierre del canal RCTV.

"En épocas de Chávez hubo hasta 100 presos políticos y 258 arrestos diarios por disentir"

Pero llegó el año 2014. El malestar de los venezolanos era notorio por la grave crisis social y económica. Tres líderes de la oposición (Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma) promueven una campaña que llaman “La Salida”, para buscar una alternativa pacífica, democrática y constitucional al Gobierno de Nicolás Maduro. El 12 de febrero de 2014 se convoca a una marcha en reclamo por la situación del país. Las manifestaciones , que se extendieron por varios estados terminan con un saldo de 43 muertos. Maduro responsabiliza a Leopoldo López por lo ocurrido. Un tribunal dicta una orden de detención. Y el 18 de febrero de 2014, López se entrega.

Aquel momento marca el inicio de una ola de detenciones, inhabilitaciones políticas y allanamientos contra alcaldes de la oposición, por desacatar la orden de prohibir barricadas en sus jurisdicciones. La arremetida va en contra de Daniel Ceballos (municipio San Cristóbal, estado Táchira), Enzo Scaranno (municipio San Diego, estado Carabobo) y Delson Guárate (municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua). Y de los dirigentes políticos Antonio Ledezma, Yon Goicochea y María Corina Machado.


Leopoldo López es uno de los símbolos de la resistencia en Venezuela. Sus carteles se encuentran por todos lados. López, quien lideró la oposición, se mantiene detenido en su casa.Foto: Ginna Morelo, El Tiempo.

Nicolás Maduro se propone acabar con supuestos planes conspirativos en su contra e instaura la persecución en Venezuela como política de Estado. En consecuencia, la presencia en las calles de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se vuelve una constante. Las noticias sobre detenciones se hacen recurrentes. Así se evidencia en los informes del Foro Penal, los cuales revelan que entre febrero de 2014 y octubre de 2015 se efectúan 3.758 detenciones, relacionadas con las manifestaciones. Entre ellos, 370 menores de edad. Aparte, se registran 138 casos de tortura y tratos crueles e inhumanos durante los arrestos, como el uso de descargas eléctricas, amenazas de violación, asfixia con bolsas plásticas, fracturas, quemaduras y golpes severos.

"Entre 2014 y 2015 hubo 3.758 detenciones de manifestanrtes, 370 menores de edad"

Los venezolanos presencian estupefactos cómo manifestantes mueren por disparos de perdigones a quemarropa, realizados por efectivos de la Guardia Nacional. Son testigos de detenciones masivas como la ocurrida el 8 de mayo de 2014, cuando se llevan a 213 personas, en su mayoría estudiantes, de los llamados 'campamentos de la resistencia' que se habían instalado en las plazas públicas. De arrestos a personas por emitir mensajes en Twitter contrarios al Gobierno, como el caso de Inés González, Victor Ugas y Lessy Marcano. O detenciones de abogados que asisten a los detenidos, como le ocurrió a Marcelo Crovato.

En medio de aquel clima de crispación política, el Gobierno de Nicolás Maduro concede la medida de casa por cárcel a Iván Simonovis, luego de 9 años y 299 días tras las rejas. Ya sumaban cuatro solicitudes de medida humanitaria, en virtud de las dolencias que le aquejaban por las 19 patologías que presentaba. “Durante el tiempo que Iván permaneció en prisión sólo pudo ver la luz por 13 días. Eso le generó una osteoporosis avanzada, que es irreversible. Fue una muerte en cámara lenta”, comenta Bonny, sin disimular su malestar. “Su situación en casa es menos mala que en la cárcel, porque le proporciono comida y medicamentos, pero sigue estando preso. La presencia del Sebin es constante. Controlan a todo el que entra y sale. Le toman fotos a Ivan tres veces al día como fe de vida. No puede dar declaraciones a los medios ni a través de redes sociales. Cualquier incumplimiento de las normas o mejora en su estado de salud, implica que puede volver a prisión. Es vivir siempre con una incertidumbre”.



La arremetida

"2017 cerró con 5.517 arrestos con fines políticos"

Lo que vive Venezuela a partir de abril de 2017 a raíz de las protestas no tiene precedentes. De acuerdo con el Foro Penal, el Gobierno de Nicolás Maduro cierra ese año con 5.517 arrestos con fines políticos, efectuados sin órdenes de detención, lo que constituye una violación de los derechos humanos. Aparte, arrecian las torturas, se efectúan allanamientos a inmuebles residenciales y se presentan a civiles disidentes ante la jurisdicción militar. De ese período, julio terminó siendo el mes con las cifras más altas de represión del Estado: 32 asesinatos, 1.550 personas arrestadas arbitrariamente con fines políticos, 678 presos políticos en un solo momento.

“La represión y la detención se convirtieron en parte de una política de miedo que instauró el gobierno de Nicolás Maduro”, afirma Adriana Pichardo. “Ellos han tocado a todos los sectores de la sociedad. Empresarios, periodistas, estudiantes, policías, militares y políticos. De manera que es una estrategia para mantenerse en el poder e incrementar el temor a través de las detenciones arbitrarias”, agrega.

Durante 2017, esa táctica de infundir terror no tardó en generar efectos: los alcaldes Ramón Muchacho (municipio Chacao, estado Miranda) y David Smolasky (municipio El Hatillo, estado Miranda) huyen del país ante la amenaza de ser encarcelados, como a su homólogo Alfredo Ramos. Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, se asila en la embajada de Chile y el dirigente político, Henrique Capriles Radonski, es inhabilitado por 15 años para cargos públicos. De golpe, la oposición se ve desmembrada y sin líderes. Las convocatorias dejan de ser masivas. El temor a ser detenidos se impone y la calle, finalmente, se enfría.

"El temor a ser detenidos se impone y la calle se enfría"

“La persecución en Venezuela, y en cualquier parte del mundo, tiene un fin: disminuir a quienes piensan diferente y desarticularlos de forma tal que no puedan ejercer sus derechos cívicos y políticos”, afirma Ana Leonor Acosta, abogada de presos políticos desde 2014. “Crear miedo, perseguir y desarticular, conlleva a que los dirigentes políticos y líderes sociales se vayan del país o que les cueste la reinserción en la lucha democrática. Y eso fue precisamente lo que pasó aquí".

La extinción de la disidencia se produjo a puertas de la convocatoria a elecciones presidenciales en mayo de 2018, que le garantizarían a Nicolás Maduro seis años más en el poder. En medio de una profunda crisis económica y social, que genera el rechazo de 75% de los venezolanos a la reelección. Y en un contexto de condena internacional, por la falta de transparencia del ente electoral. “Venezuela va a elecciones con o sin oposición” fue la sentencia de Nicolás Maduro en febrero de 2018.

Pero a cuatro días de los comicios presidenciales en Venezuela, se produjo un motín en El Helicoide, sede del Sebin. A través de videos que se viralizaron por las redes sociales, el mundo conoció las condiciones deplorables en las que están los presos políticos, que no corresponde con las reglas Nelson Mandela establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Reclamaron la escasez de agua y alimentos; aislamiento; insalubridad y hacinamiento, torturas, extorsión, así como la suspensión de traslados a tribunales, centros penitenciarios e instituciones médicas.


La cárcel de El Helicoide, ubicada en Roca Tarpeya funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Foto: Ginna Morelo, El Tiempo.

“Queremos ver a alguien, si es que existe en este país, que venga a dar la cara en esta mazmorra en donde matan gente y en donde violan los derechos humanos de todos los venezolanos que estamos aquí y que no tenemos juicio ni traslado”, denunció el ex alcalde Daniel Ceballos en el video.

La reacción del Gobierno fue inmediata. Las elecciones estaban en riesgo. Se reubicaron a varios presos comunes en otros centros de reclusión. Se liberaron a tres menores de edad y días después se logró la libertad del misionero estadounidense Joshua Holt. Una vez garantizada la presidencia, Maduro anunció un Plan de Reconciliación Nacional. “Esta es una propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas y las conspiraciones hasta el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causa de violencia política y yo quiero que esas personas salgan en libertad”, anunció en cadena nacional.

El Gobierno ordenó la excarcelación de 80 detenidos, con diversas causas. Entre los presos políticos beneficiados estuvo el ex alcalde Daniel Ceballos, el general Ángel Vivas, el diputado Gilber Caro, Raúl Emilio Baduel (hijo del general Raúl Baduel), el menor de edad Dylan Camacho, el estudiante Gregory Salazar, entre otros. Muchos no lograron libertad plena, sino condicional: con régimen de presentación, prohibición de salida del país, restricciones para hablar con la prensa y expresarse en redes sociales.

"A 30 de julio de 2018, había 248 presos políticos"

“Lo que ha habido han sido excarcelaciones y no liberaciones”, afirmó el abogado Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal. “Son personas que en cualquier momento pueden volver a ser detenidas. Se habla de más de 80 excarcelaciones, pero sólo han sido 52. Todavía hay 301 (comienzos de junio) presos políticos en Venezuela. La intención es mantener a los presos y perseguidos como moneda de canje”.

De acuerdo con esa organización de derechos humanos, el gobierno de Nicolás Maduro aplica la estrategia de la “Puerta Giratoria”. Así como por un lado liberan, por otro, ingresan nuevos presos. Sus cifras así lo comprueban: al mes se excarcela un promedio de 61 y se realizan 76 nuevos arrestos. En consecuencia, la lista no termina de decrecer. Desde el 2014, el régimen acumula 1.535 presos políticos y 12.414 arrestos. A julio de 2018, el Foro Penal contabiliza 248 presos políticos y 7.200 personas con medidas restrictivas. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia maneja un número mayor: 387 presos políticos (192 civiles, 154 militares, 12 estudiantes, 16 políticos y 13 policías).

"Al mes se excarcela un promedio de 61 presos y se realizan 76 nuevos arrestos"

Los familiares, entre tanto, siguen aferrados a la fe. “Siempre tenemos esperanza”, admite Bonny. Los abogados, por su parte, se mantienen documentando cada violación y procedimiento irregular, para dejar constancia. La libertad de todos los presos políticos es la meta. Pero no el fin último. “Tenemos una lucha por recuperar la democracia, las instituciones y el estado de Derecho”, comenta Ana Leonor Acosta. “La justicia está secuestrada. Lo que nosotros hacemos es denunciar y documentar. Por que esperamos que en algún momento se haga justicia”.


Por: Mirelis Morales Tovar

@mi_mo_to

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