Colombia tenía un ahorro para la atención en salud de sus habitantes de 10 billones de pesos, los cuales estaban en el fondo público Fosyga. “Como consecuencia y en buena medida por los altos costos de los medicamentos monopólicos, ese ahorro desapareció.
Hoy en día tenemos un defecto patrimonial de las aseguradoras de unos 5 billones de pesos, esto es, que no solo desapareció el ahorro, sino que se extinguieron los de las compañías aseguradoras”, revela Alejandro Gaviria, Ministro de Salud.
Lo anterior es una consecuencia de que los altos costos de los medicamentos son pagados con recursos públicos mediante un sistema conocido como recobros, el cual se activa tras las acciones jurídicas que contempla la legislación para ello.
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de acceso a medicamentos en Colombia, como Observamed, Ifarma y Misión Salud, coinciden en afirmar que el sistema de salud del país es único en su género, al permitirle a los ciudadanos por las vías judiciales el acceso a fármacos de alto costo, incluso de aquellos que están por fuera de los listados aprobados por el Gobierno, anteriormente conocido como Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy conocido como plan de beneficios en salud.
De hecho el país enfrenta 140 mil fallos judiciales al año, los cuales reclaman la prestación del servicio de salud, y la gran mayoría tiene que ver con acceso a medicamentos, revela el Ministro de Salud.
Esta figura, que resulta garantista a la luz de la Constitución que incorporó el mecanismo de tutela para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, ha generado involuntariamente el colapso del sistema de salud, por lo que hoy no hay suficientes recursos con qué responderle a los usuarios. Todo porque “los altos precios de los medicamentos no son fijados siempre de manera transparente”, explica el Ministro de Salud.
Este hecho que hoy hace la diferencia, unido a que los sistemas de salud no van a funcionar así las leyes lo quieran, propone un nuevo debate. En palabras de Francisco Rossi, director de la organización colombiana de investigación Ifarma “el sistema judicial no puede resolverle a Colombia algo que no tiene cómo pagar.
Las patentes farmacéuticas fueron inventadas para permitir a los innovadores recuperar los gastos de investigación y obtener un margen de utilidad razonable a través de precios superiores a los de un mercado competido. “Lo malo es que quienes ostentan el privilegio del monopolio farmacéutico no ejercen esta facultad responsablemente… sino con criterio eminentemente especulativo, de acuerdo con lo que el mercado esté dispuesto a pagar, lo que engendra precios escandalosos, inalcanzables para los sistemas de salud y los consumidores…”, según lo dice Germán Holguín, director de la ONG Misión Salud, en su libro La guerra contra los medicamentos genéricos.
Surge entonces un problema emergente. Colombia está pagando por medicamentos vitales no disponibles entre 200 y 300 mil millones de pesos al año, según el Ministro de Salud. Todo porque sobre los fármacos no disponibles hay una presión de la industria farmacéutica para que se incorporen de manera desordenada a los planes obligatorios de atención en salud.
“Yo creo y lo he dicho en distintos escenarios, que la industria farmacéutica tiene una mirada a este tipo de disyuntivas como si fuera un mercado. Esto no es un mercado. Lo que estamos intentando resolver es cómo la sociedad va a invertir unos recursos que son escasos. Y eso requiere orden”, puntualiza Alejandro Gaviria.
Lo más complejo es que los altos precios de los fármacos afectan las finanzas en todos los niveles del Estado. Explica el Ministro que el departamento de Antioquia, al norte del país, por ejemplo, tiene una deuda de 300 mil millones de pesos por medicamentos de alto costo, lo que hoy en día constituye su principal contingencia fiscal.
¿Qué va a pasar? Gaviria considera que “al afectarse las finanzas del Estado esto se traduce finalmente en barreras de acceso para la gente, porque si los sistemas de salud comienzan a perder la sostenibilidad económica, el fondo dejará paulatinamente de atender a los ciudadanos”.
Protestas frente al Hospital Universitario del Valle.
Juan B Díaz/ EL TIEMPO
Un análisis descriptivo sobre los recobros en el sistema de salud colombiano, realizado por los expertos Leonardo Cubillos Turriago y Eduardo Alfonso Sierra, muestra de alguna manera cómo se fue configurando la crisis del sistema, debido, entre otras causas, a los altos precios de los medicamentos y al acceso indiscriminado a ellos, sin ningún tipo de restricción.
Los expertos analizaron los datos correspondientes al período 2002-2005 y evidenciaron un crecimiento significativo del número total de recobros por medicamentos y procedimientos quirúrgicos de alto costo, presentados ante el Fosyga, pero la alerta se enciende cuando se cruza esta información con el número de afiliados al sistema de salud colombiano, que no crece en número de la misma manera en el periodo revisado.
¿Hay entonces actores perversos que demandan judicialmente al sistema para que este cubra recobros millonarios? Oscar Andia, director de la ong Observamed, sostiene que en algunos casos asociaciones de pacientes, médicos y organizaciones de salud se prestan para exigir el uso de medicamentos de alto costo sin el lleno de los requisitos necesarios. Él lo llama “litigio inducido, que es que actores forman redes perversas que están integradas por pacientes que tienen una enfermedad y prestan el nombre para poner tutelas; médicos que prescriben, no todos y hay laboratorios que se benefician directamente”.
Relató Andia que en julio de 2010, el Colegio Médico de Cundinamarca presentó un derecho de petición a la CRES solicitando aclaración sobre los Factores Antihemofílicos VIII y IX incluidos en la Plan Obligatorio de Salud POS (Plan Obligatorio de Salud). La causa de este derecho de petición fue la queja reiterativa de varios hematólogos que trataban hemofílicos, que refirieron que varias EPS (Empresas Prestadoras de Salud) habían estado solicitándoles formatos de medicamentos no POS (Plan Obligatorio de Salud) para estos medicamentos que antes se daban como POS.
En octubre de 2010, el Boletín del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana publicó una muestra de 591 registros del año 2009 y estimó en más de 22.000 millones de pesos lo recobrado por Factores Antihemofílicos VIII y IX que siendo medicamentos POS fueron recobrados como no POS.
La corrupción que se ha derivado de los recobros tuvo su máxima en Colombia en 2012, cuando tras una auditoría ordenada por la Procuraduría, fueron detectadas irregularidades.
La auditoría determinó que a 31 de diciembre de 2010 Saludcoop (EPS) giró unos 8.000 cheques por más de 250.000 millones de pesos para pagar facturas, pero estos cheques nunca fueron entregados a sus destinatarios y de hecho fueron anulados después. Los cheques se usaron como soporte ante el Fosyga para recobrar miles de procedimientos.
Las críticas que le caben a la industria farmacéutica dueña de las patentes de los medicamentos de alto costo, son respondidas por Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro, Colombia), quien antes de ostentar este cargo era el Superintendente Nacional de Salud y vigilaba por el buen funcionamiento del sistema de salud en Colombia.
Asegura Morales que “el problema en sostenibilidad fiscal del sistema de salud no está en los medicamentos” sino en una sumatoria de problemas de infraestructura, de educación médica, de corrupción, de intermediación y de vigilancia y control. Y confirma que si bien las farmacéuticas son una industria, el negocio de estas es salvar, prolongar y mejorar la calidad de vida.
Para Gustavo Morales, el modelo de patentes es hasta ahora el único que le permite a la industria farmacéutica recuperar su inversión en investigación y desarrollo; y estimular la innovación. Dice no oponerse a la política de control de precios de medicamentos del gobierno siempre y cuando las reglas sean claras en la aplicación para que los agentes económicos sepan a qué atenerse.
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