En Belén de Bajirá hay 190 solicitudes de restitución de tierras. Los casos seguirán siendo atendidos por la autoridad competente.
Julio César Herrera / Archivo EL TIEMPO
Una titánica tarea tiene la justicia en Colombia frente al listado de propiedades entregadas por las Farc. De un total de 698 predios, entre fincas y casas, ubicados en 19 departamentos del país, 315 (el 45 % del total) no tienen carta de venta, escritura, registro del ICA, ni ningún tipo de documento para identificar al dueño o determinar que pertenece a la guerrilla.
Los bienes listados por las Farc figuran en el inventario entregado el pasado 16 de agosto. Esto sin contar los semovientes, ni los exprimidores ni las botas. Tampoco se cuentan el efectivo ni el oro.
El exjefe guerrillero Pastor Alape en su defensa recordó: “Nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente”, es decir, que la organización se apropió de esos bienes de manera ilegal y por ello no cuenta con los registros correspondientes.
Esto enreda la posibilidad de incluir esas propiedades en el Fondo de Víctimas o de usarlas para los propósitos que designe la JEP.
En dos pasos le explicamos por qué:
Alape dijo: “La dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario”. Así, el registro de propiedades incluye 31 sin dimensiones, pero con valor. Suman en total 454.499 millones de pesos inventariados sin el debido peritaje, puesto que la cantidad de hectáreas que contiene es crucial para determinar el valor de cualquier inmueble.
Otro problema que se deriva de esta lista será ubicar algunos de los terrenos que reporta la desmovilizada guerrilla. Por ejemplo, hay cuatro propiedades, por valor de 8.280 millones de pesos, a las cuales no se les registró ni departamento ni municipio ni vereda. Nada. La única señal es que tres de estas pertenecen al Bloque Magdalena Medio y la otra al Bloque Sur.
Además, hay 15 inmuebles, valorados por las Farc en 10.635 millones de pesos, que solo tienen como referencia geográfica el nombre de la vereda: ni departamento ni municipio.
Estos casos son aún más complicados, ya que algunas veredas registran nombres como ‘Jeider (hijo de Lumbar)’, ‘Mocho Eliseo’, ‘está sola’ o ‘Napoleón Ortiz’, entre otros. Ninguno coincide con ubicaciones geográficas reales, por lo que estos bienes son prácticamente imposibles de ubicar plenamente.
La lista incluye 283 inmuebles, cuyo soporte de propiedad es la ‘carta de colono’, un documento que avala la ocupación, mas no la titularidad de predios baldíos. En Colombia, mientras no haya matrícula inmobiliaria, los terrenos baldíos le pertenecen al Estado.
Estos bienes ocupados por las Farc suman el 46 % del valor de todas las propiedades inventariadas (29.859 millones).
Solamente en el municipio de Macarena, en el Meta, donde está ubicado el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, las Farc registraron 83.348 hectáreas, lo que equivale al 13 % del área del mencionado territorio.
Además, la tabla también incluye 9.276 hectáreas de resguardos indígenas, zonas campesinas y territorios colectivos en Cauca y Nariño.
Los 477.544 millones de pesos que las Farc inventariaron, entre propiedades y semovientes, podrían significar 176'802.665 desayunos para niños del país, al precio que los compra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ($2.701 pesos).
Pero si el dinero se destinara a cubrir el déficit educativo del país que, según el Ministerio de Educación, asciende a 1’479.013 niños, niñas y adolescentes sin estudiar en transición, primaria, secundaria y media, no alcanzaría ni siquiera para uno solo de esos ciclos:
Con precios de la educación en Bogotá, si el Gobierno invirtiera el dinero registrado por las Farc solamente en educación, de todos modos quedarían por fuera 34.992 pequeños de transición, 297.323 de primaria, 150.684 de secundaria y 148.681 adolescentes de grados décimo y once.
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