En Puerto Rico hay víctimas y leyes, pero una sola condena

En Puerto Rico hay víctimas y leyes, pero una sola condena

Hay normas para hacer justicia pero se requiere el compromiso de la Policía con los casos.

Conmemoración LGBT en Puerto Rico

Conmemoración por el asesinato de un integrante de la comunidad LGBT en Puerto Rico.

Foto:

Archivos GFR / El Nuevo Día 

Por: Wilma Maldonado Arrigoitía, Gabriela Saker Jiménez
El Nuevo Día, Puerto Rico
22 de enero 2018 , 04:41 p.m.

A pesar de que desde el 2002 las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico establecieron penas agravantes a los delitos motivados por prejuicios, en las prisiones de esta isla caribeña tan solo una persona cumple años de cárcel por el odio que, al momento de asesinarla, demostró hacia su víctima por razón de su homosexualidad.

Esa única sentencia se produjo en el 2016, 14 años después que las Reglas de Procedimiento Criminal incluyeran el prejuicio como una circunstancia agravante a la comisión de un delito y once años después de que ese agravante se estableciera en el Código Penal de Puerto Rico.

Aunque organizaciones que custodian los derechos de las minorías suponen que en la última década han ocurrido decenas de asesinatos contra personas pertenecientes a los llamados grupos vulnerables, el Departamento de Justicia (DJ) de Puerto Rico solo ha solicitado la imposición de agravantes en un puñado de casos y todos han estado relacionados con el prejuicio por orientación sexual.

Según explicó la fiscal María del Carmen Trípari, quien junto a las fiscales Annette Esteves y Ruth M. Pérez trabajaron en la investigación de este caso judicial, la motivación del prejuicio tiene que demostrarse luego de conseguido un fallo o veredicto de culpabilidad.

“Hay que probar la orientación sexual de la víctima, que esa orientación sexual era conocida por el acusado y que ese conocimiento es lo que lo lleva a darle muerte a la persona”, dijo Trípari.

Esa motivación, que no hay que demostrarla para conseguir una convicción por asesinato, es, sin embargo, imprescindible para evidenciar el agravante.

En este caso en particular se impuso el agravante al delito por la violación a la Ley de Armas, cargo que también pesaba contra el acusado, porque el Código no permite agravar la penalidad del delito de asesinato en primer grado, que tiene una pena fija de 99 años.

El profesor de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Juan Cepeda, explicó que aun cuando la motivación de prejuicio no pueda demostrarse judicialmente, las características que tienen estos delitos los hacen completamente distinguibles como un crimen de odio, desde la mirada de la criminología.

En la isla no existe una ley especial sobre crimen de odio, pero el Código Penal establece como un agravante a la pena, el prejuicio mostrado por el acusado “hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento o condición física o mental, condición social, religión, edad, creencias ideológicas políticas o creencias religiosas o ser persona sin hogar”. Este agravante aumenta en un 25% la pena impuesta al delito por el que resultara culpable.

De acuerdo con Cepeda, la existencia de este agravante en el Código es una manifestación del Estado de condena y repudio a la violencia, aún más, si es provocada por la discriminación contra personas que pertenecen a grupos vulnerables.

Debería haber más activismo de parte del Departamento de Justicia

“Es importante que haya una manifestación de política pública de parte del Estado en contra del crimen de odio. El problema ha sido su implementación porque debería haber más activismo de parte del Departamento de Justicia”, señaló Josué González Ortiz, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Ever Padilla Ruiz, coincidió en la relevancia de mantener en el Código el agravante, pero señaló que todavía la isla tiene mucho que avanzar en la protección de las minorías y grupos de vulnerabilidad y en el procesamiento de quienes delinquen inspirados por el discrimen.

“Todavía no entendemos y no respetamos la diversidad. El punto central de nuestra Constitución es el reconocimiento a la dignidad del ser humano, pero todavía hay unos elementos de la heteronormatividad, del patriarcado, de la estructura histórica elitista que expresa que tienes que ser blanco, alto, hombre para que puedas tener todos los derechos”, comentó Padilla Ruiz

Sentencia histórica

Esta única sentencia con agravantes por el asesinato de un miembro de la comunidad LGBTI fue impuesta a Francisco Miranda Bermúdez, de 45 años, quien asesinó a Miguel A. Rodríguez Hernández, de 24 años de edad, y, además, indujo y dirigió a su hijo Francisco Miranda Sánchez, de 21, a participar de la ejecución, según se desprende del pliego de agravantes que presentó el ministerio fiscal.

Francisco Miranda Bermúdez (padre) Foto:El Nuevo Día / Puerto Rico. Francisco Miranda Sánchez (hijo) Foto:El Nuevo Día / Puerto Rico.

Rodríguez Hernández era homosexual y lo expresaba abiertamente. Miranda Sánchez, sin embargo, mantenía una relación de pareja con una mujer y tenían un hijo. Según la investigación policial, la íntima amistad entre los dos jóvenes provocó la ira de su progenitor. Miguel recibió 51 puñaladas y su cuerpo fue arrastrado por un auto en marcha.

El jurado que encontró culpable a Miranda Bermúdez aceptó también aumentarle la pena porque actuó con odio hacia su víctima por su homosexualidad. Fue sentenciado a 135 años de cárcel y se le sumaron nueve meses por el agravante de prejuicio en el delito relacionado a la portación y uso del arma blanca.

El ministerio público también presentó el agravante de discrimen (discriminación) por orientación sexual en la denuncia contra Miranda Sánchez, pero como llegó a un acuerdo con la Fiscalía, en el que se declaró culpable de asesinato en segundo grado y por la violación a la Ley de Armas, no se le impuso penas agravantes. Se le sentenció a 50 años de cárcel.

Si no adiestramos al la Policía, puede haber código y leyes, pero no va a pasar nada

El DJ ha solicitado agravantes por discrimen por identidad sexual en, al menos, otros tres casos de asesinato, pero por acuerdos judiciales a los que se han llegado durante los procesos o porque los jueces han entendido que no se desfiló prueba suficiente sobre el prejuicio, no se ha impuesto la pena agravante en esas sentencias.

Los tribunales sí impusieron otra sentencia con agravantes en el caso de una agresión contra un activista de la comunidad LGBTI. En ese caso ocurrido en marzo de 2012, José Meléndez Morales se declaró culpable y fue sentenciado 5 años de prisión.

Saña contra la comunidad LGBTI

Con los años, los crímenes casi dantescos contra miembros de la comunidad LGBTI se han ido sumando en Puerto Rico. En noviembre del 2009, Jorge Steven López Mercado fue hallado, a sus 19 años, decapitado, desmembrado y parcialmente calcinado en un área boscosa del barrio Guavate en Cayey.

En febrero del 2013, en el interior del barrio Casey en Las Marías, a Milton Medina Morales -de 20 años-, su perpetrador le profirió múltiples heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo, le cercenó los dedos y prendió en fuego su cadáver. En marzo del 2014, Jesús Hernández Otero -de 21 años-, fue hallado en el sector Caracol de Dorado con varias heridas de balas.

Bandera Gay Puerto Rico

Manifestación de la comunidad LGBT en Puerto Rico.

Foto:

El Nuevo Día 

“Tal cual pasó con el caso de Jorge Steven y otros casos previos, la comunidad lo señalaba (como crimen de odio), pero el mal manejo de la Policía y el sistema inhabilitaba que se pudiera procesar. En la actualidad nos presentamos al mismo escenario.
Habiendo la posibilidad de investigar el ángulo de odio por la forma en que se ha ejecutado el crimen, la Policía y el sistema evidencian una combinación entre falta de educación y falta de recursos que produce esa pesadez, esa dilatación en reaccionar y moverse”, señaló la activista de derechos humanos Paloma del Mar Hernández, del Proyecto Amare.

A menos que haya algo bien obvio -como un mensaje escrito-, nadie va a brincar a decir que es un crimen de odio

Protocolo que llega tarde

Los expertos entrevistados coinciden en que una de las razones para que haya tan pocos casos denunciados como crímenes de odio es la falta de entrenamiento de la Policía de Puerto Rico (PPR), que es el organismo que inicia la investigación.

De hecho, no fue hasta el 2016 que entró en vigor una Orden General de la PPR que estableció una guía para identificar e investigar los crímenes de odio. A un año de la puesta en marcha de la Orden, muy poco ha cambiado en la Policía. La agencia carece de estadísticas oficiales y no ha iniciado adiestramientos a los agentes sobre cómo trabajar las escenas de estos crímenes.

Aunque la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, adelantó que, actualmente, hay al menos dos casos que se están investigando con el ángulo de crimen de odio, reconoció que, en el pasado, debido a la ausencia de adiestramientos, se pudieron pasar por alto señales en escenas del crimen que apuntaran al prejuicio como motivación del delito investigado.

Cuando adiestras a los policías, los concientizas de que eso existe y pueden ir detrás de esos indicadores

“Cuando adiestras a los policías, los concientizas de que eso existe y pueden ir detrás de esos indicadores. Se adiestra para que tengan esa visión cuando van a la escena. Esa política pública es nueva, y ahora es que se está tratando de recopilar data”, respondió.

La orden policial reconoce que la víctima y la comunidad puedan estar tan acostumbradas al prejuicio y la violencia que se normaliza el crimen de odio en las entrañas del delito. Aun así, para la superintendente, “a menos que haya algo bien obvio -como un mensaje escrito-, nadie va a brincar a decir que es un crimen de odio”.

La coordinadora del Proyecto Amare, rechazó esa visión y destacó la importancia de rescatar el contexto, la historia y hacer un análisis holístico durante la pesquisa.

83% de los 3.600 policías ya fueron adiestrados en intervenciones con personas transgénero

“Si se mantiene esa mirada de uno más uno, tan automática, los crímenes de odio seguirán manteniéndose invisibilizados”, manifestó la activista, quien añadió que la investigación policíaca debe ser crucial porque es la que puede proveer las herramientas necesarias al fiscal para solicitar la imposición de agravantes.

“Hay protocolos de investigación, se han hecho recomendaciones, se han hecho una serie de ejercicios en aras de que se visibilice y se rescate la evidencia, pero a la Policía y Fiscalía no le interesa ese trabajo de ver más allá”, aseveró la coordinadora de Amare.

Otra dificultad es que el prejuicio se ha identificado en el seno de la propia Uniformada.

La PPR está en un proceso de reforma a raíz de un informe preparado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2011, que documentó un patrón de prácticas discriminatorias por parte de la Uniformada. En los informes anuales de Amnistía Internacional también se ha documentado el uso excesivo de fuerza y la discriminación por parte de la Policía.

Los miembros de la Policía, como la teniente Alba Díaz, insisten en que, a partir de la Reforma, han surgido cambios.

“Se han disminuido considerablemente las querellas administrativas en contra de las clases protegidas”, dijo Díaz, quien trabaja directamente con la Reforma.

WILMA MALDONADO ARRIGOITÍA y GABRIELA SAKER JIMÉNEZ
Periodistas de El Nuevo Día de Puerto Rico
Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)Colaboración para el reportaje 'A nadie le importó'

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