Cuando no se existe en vida ni en muerte en El Salvador

Cuando no se existe en vida ni en muerte en El Salvador

A Tania la mataron de forma bárbara. Han pasado cuatro años. Nadie sabe nada sobre sus asesinos. 

Marcha LGBTI en El Salvador

Hombres y mujeres trans marcharon en mayo de 2017 para pedir cambio de identidad.

Foto:

Melvin Rivas / LPG.

Por: Blanca Abarca, Michelle Morales
La Prensa Gráfica, El Salvador
22 de enero 2018 , 04:38 p.m.

Maniatada, violada, cercenada y con un tiro de gracia en la cabeza. Así fue encontrada Tania dentro de una bolsa plástica en el barrio Lourdes, en la orilla del bulevar Venezuela, una vía que bordea el cinturón de pobreza de la zona oriente de la capital de El Salvador. Era mayo de 2013.

¿Quién la mató? ¿Por qué? El caso de Tania ‒quien familiar, biológica y legalmente fue considerada hombre‒ continúa en las etapas preliminares de la investigación judicial. Han pasado cuatro años y la justicia aún no tiene pistas. No hay testigos directos, nadie vio, nadie oyó. No hay sospechosos, no hay capturados. Nada.

El expediente ha pasado de mano en mano por tres fiscales de la Unidad de Vida. Hasta septiembre de 2017 el caso continuaba en la etapa inicial. Ni siquiera se ha judicializado.

Estamos cansados de la lentitud del proceso, admite ‒con hálito de desahucio‒ la abogada Kerlin Belloso, de la Fundación para el Estudio del Derecho (FESPAD), organización que representa a la familia de Tania.

La primera fiscal del caso fue trasladada por actuar de manera discriminatoria y arbitraria durante las primeras investigaciones, detalla Belloso. El segundo fiscal asignado argumentó que la muerte de Tania había sido catalogada como negligencia. El tercer fiscal expresó que se disponía a entrevistar a testigos indirectos. “El caso no ha caminado”, resume Belloso.

Ahogados en violencia

La sociedad salvadoreña está sumergida, desde el año 2005 en alarmantes niveles de violencia que tiene en aprietos al Ministerio Público. El Salvador promedió 81.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el año 2016. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “violencia endémica” cuando se registran 10 ó más homicidios por cada 100 mil habitantes.

El Instituto de Medicina Legal no da abasto para procesar a diario la cantidad de escenas delictivas. De hecho, como medida emergente, adquirió unidades móviles para conservar cadáveres de manera ambulatoria. Los juzgados, por su parte, están desbordados. Solo en una de las tres salas del máximo tribunal de justicia, este años, se calculaba que había más de 2 mil casos pendientes por emitir dictamen.

Invisibles en la vida y la muerte
Marcha LGBTI en El Salvador

Farid Fernández, hombre trans partició en la marcha a favor del registro de Transexuales.

Foto:

Melvin Rivas / LPG.

La ley del más fuerte y una predisposición a la discriminación solo agravan el escenario de violencia en El Salvador.

En esta vorágine, la población LGBTI exige ser visibilizada y sujeto de derechos, tanto en vida como en la muerte.

El Salvador, constitucionalmente, no reconoce el matrimonio igualitario ni el cambio de identidad de género en documentos oficiales. Las personas LGBTI, en vida, se enfrentan al rechazo en el seno familiar y en los espacios públicos. Al morir, no son reconocidos por su identidad o expresión de género. En las lápidas es común encontrar los nombres legales de las víctimas.

Tania, por ejemplo, es identificada por su nombre masculino en la sencilla cruz que corona su sepultura en el cementerio de Panchimalco. En el expediente fiscal también figura el nombre con el que fue inscrita al nacer.

Su expresión de género incluso fue motivo de un diplomático enfrentamiento durante el velatorio. Sus familiares cercanos, quienes la criaron a partir de los 11 años tras la muerte de sus padres por el huracán Mitch, se referían hacia su persona como un hombre. Sus amistades, activistas de derechos LGBTI, salieron en defensa de su lucha por la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual.

50 años en prisión

A partir del año 2015 El Salvador endureció las condenas para la personas que amenacen o asesinen, movidas por el odio o la intolerancia de género. La pena máxima se fijó en 50 años de prisión, gracias a una reforma al Código Penal que gozó del beneplácito de 75 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Los delitos de violación y agresiones, motivados por odio o intolerancia a la diversidad sexual, quedaron fuera.

A la cantidad de años en la cárcel, los condenados deben sumar las terribles condiciones del sistema penitenciario salvadoreño. El hacinamiento ronda el 248 %, según datos del año 2016 del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Además, deben sortear un complejo sistema de castas, donde la movilidad está en función del dinero y afiliación a alguna pandilla, por ejemplo.

Cifras inciertas

600 personas LGBTI han sido asesinadas en los últimos 24 años (1993-2017) en El Salvador

El caso de Tania, como ocurrió dos años antes de la entrada en vigencia de esta reforma, no podrá ser juzgado como crimen de odio.

Se estima que 600 personas LGBTI han sido asesinadas en los últimos 24 años (1993-2017) en El Salvador, según el director de Diversidad Sexual de la estatal Secretaría de Inclusión Social, Cruz Torres.

La cifra es apenas una aproximación. No existe un registro único. El número se ha construido desde las organizaciones civiles. Estas documentan casos, bajo sus propios métodos, criterios y recursos. Mucha de la información de estas agrupaciones proviene de publicaciones periodísticas (impresas o digitales), redes sociales, denuncias de víctimas o familiares.

En la esfera pública, el Instituto de Medicina Legal cataloga a las víctimas bajo la categoría “masculino”, “femenino” y en circunstancias especiales utiliza la categoría “no determinado” (cuando se trata, por ejemplo, de restos humanos difíciles de ser identificados de manera inmediata). El director interino de esa oficina pública, Pedro Hernán Martínez, asegura que solo espera una modificación a la política institucional para ofrecer un “trato igualitario, inclusivo y sin discriminación”.

Torturas

Al menos 145 personas LGBTI han sido asesinadas solo en los últimos tres años, de acuerdo con datos en manos de la Dirección de Diversidad Sexual. Esa cifra representa casi la cuarta parte de los homicidios perpetrados contra ese colectivo desde 1993, en plena posguerra civil.

Las armas de fuego fueron las más utilizadas (42 %) para perpetrar crímenes contra este colectivo entre 1998 y 2016, de acuerdo con casos documentados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH) y la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans de El Salvador (Aspidh ArcoírisTrans).

No obstante, las autoridades también dan cuenta de los niveles de crueldad ejercidos por los agresores (atan, degüellan, lastiman con alambre de púa o cercenan genitales de las víctimas).

Violencia sin cesar

A pesar del endurecimiento de las condenas, el panorama para la población LGBTI no da señales de mejoría.

Al menos 23 homicidios fueron cometidos entre enero y septiembre 2017, según la organización civil Comunicando y Capacitando a Mujes Trans (Comcavis-Trans). La Fiscalía General de la República, por su parte, solo registraba 5 casos en el primer semestre.

Uno de los casos que más les estremeció fue el asesinato de tres mujeres trans en el departamento de La Paz. Dos de las víctimas, de 22 y 29 años, fueron atacadas con arma de fuego en la localidad de San Luis Talpa, después de asistir a una fiesta. Una más, que participó en el sepelio, fue reportada como desaparecida y luego fue encontrada sin vida en las cercanías del municipio de Cuyultitán. Ocho pandilleros fueron arrestados bajo sospecha de este crimen. Posteriormente seis mujeres trans decidieron huir hacia Estados Unidos.

Para las organizaciones de derechos humanos y activistas, este caso representa una oportunidad para que las autoridades demuestren su capacidad para hacer justicia y cumplir la reforma legal del 2015.

Sin embargo un informe de la PDHH es muy poco alentador sobre crímenes de odio por intolerancia a la diversidad sexual. De 19 asesinatos de mujeres trans que esa oficina ha tenido conocimiento, todos están aún en fase de investigación. Los casos ocurrieron entre los años 2009 y 2017.

Investigadores de la escuela de leyes de la universidad de Georgetown criticaron, en un informe de 2017, que la Fiscalía no posee un registro sobre los casos que han llegado a juicio y las condenas aplicadas tras las reformas a crímenes por odio.

El gobierno salvadoreño, durante una audiencia celebrada en marzo de 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que ha investigado 109 casos de homicidio contra personas LGBTI y llevado 12 casos a juicio, entre diciembre de 2014 y marzo de 2017.

¿Por qué no denuncian?

“La disparidad entre las estadísticas del gobierno (salvadoreño) y las ONGs es sorprendente y muestra que las barreras a la justicia potencialmente están conduciendo a una tasa de reportaje (denuncia) escandalosamente baja”, dice un informe de la escuela de leyes de la estadounidense Universidad de Georgetown sobre la violencia estatal contra la población LGBTI.

“La tasa de impunidad por crímenes contra personas LGBTI es extremadamente alta”, concluye el informe “Injusticia Uniformada”, de la Universidad de Georgetown.

¿Por qué no denuncian? “Por miedo”, explica Belloso, la abogada de Fespad. En el caso de Tania, por ejemplo, los familiares firmaron un documento para que la organización les represente. Ellos no quieren saber nada por miedo a represalias. Además, disponen de tan pocos recursos económicos que movilizarse hasta la capital, para enfrentar la burocracia judicial, representa un gasto presupuestal que está fuera de sus posibilidades.

El desplazamiento forzado entre las mujeres trans que sobrevivieron ataques es otra manifestación de ese miedo y la desconfianza al sistema judicial. Hasta septiembre 2017, Comcavis conocía 20 casos de desplazamientos tanto internos como externos. Las mujeres trans optan por huir con la esperanza de salvaguardar su vida en lugar de acudir a la justicia, asociada con la burocracia, la lentitud y los costos de representación legal.

La estigmatización y la discriminación por parte de las autoridades es otro factor. A Bianka Rodríguez, actual directora de Comcavis Trans aún le indigna que el caso de Tania haya sido considerado como un homicidio culposo. Es como si ella no se hubiera dado cuenta de que estaba amarrada de pies y manos, ironiza Rodríguez. A la activista también le causó malestar que durante las primeras indagaciones fiscales, en el 2013, la oficina de Comcavis fuera allanada, señalada de ofrecer servicios de prostitución y que los equipos informáticos fueran retenidos.

“El acceso a justicia en El Salvador tiene debilidades serias; hay falta de compromiso y presupuesto”, abona la procuradora de derechos humanos de El Salvador, Raquel Caballero.

La funcionaria exhortó este año al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, a “investigar en un plazo razonable” al menos los 19 homicidios sin detrimento de casos nuevos o anteriores. Entre esos casos figura el de Tania, la activista originaria de Panchimalco cuyo cuerpo fue lanzado en el bulevar Venezuela de San Salvador así como el triple asesinato de mujeres trans ocurrido este año en dos localidades de la zona central de El Salvador.

“Hay una gran deficiencia técnica, jurídica y financiera sobre el crimen de odio en El Salvador. Todo eso no permite un trabajo efectivo”, plantea Karla Avelar, mujer trans, fundadora de Comcavis, finalista del Premio internacional por los derechos humanos 'Martin Ennals', recientemente acogida como refugiada por el gobierno de Irlanda.

Marcha LGBTI en El Salvador

Hombres y mujeres trans protagonizaron varias machas en mayo de 2017.

Foto:

Melvin Rivas / LPG

“Se están haciendo acciones de capacitación y sensibilización del tema entre el cuerpo fiscal”, reacciona Salvador Martínez, vocero de la Fiscalía e integrante de la Mesa de Atención a Población LGBTI del Ministerio de Justicia y Seguridad. El comunicador trae a cuenta esos esfuerzos en medio de las limitantes presupuestales de la institución.

Mientras tanto, las mismas autoridades se vuelven actores revictimizantes. En los últimos nueve años, la PDDHH ha recibido 79 denuncias de personas LGBTI en contra de figuras de autoridad (agentes de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Fuerza Armada, personal de Fiscalía General, Dirección de Centros Penales así como de los ministerios de Salud y Educación).

La Fiscalía General, por su parte, registra ochos procesos judiciales por amenazas y lesiones cometidas por policías y militares contra este colectivo, entre los años 2015 y 2016.

Con este escenario, ¿qué le queda a la población LGBTI a mediano plazo? Esperanza y sembrar tolerancia. Sobre esto último, la PDDHH prepara junto con el Ministerio de Educación un plan para educar docentes y luego replicar en aulas los valores de la tolerancia, la no discriminación y el respeto a las diferencias. Habrá que esperar un poco para que esa cosecha comience a dar fruto en un entorno violento pero donde todavía hay espacio para la esperanza.

POR BLANCA ABARCA Y MICHELLE MORALES
Periodistas de La Prensa Gráfica de El Salvador
Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)Colaboración para el reportaje 'A nadie le importó'

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