Desde hace cuatro años, Enrique Kerguelén Pérez da vueltas rutinarias en un espacio de ocho metros por cuatro. Esa es su casa y también su cárcel. Paola Petro, su defensora pública, lo sacó de la prisión donde estuvo los últimos nueve años y logró para él la pena privativa de la libertad en su residencia en un humilde barrio de Montería, en el Caribe colombiano.
A Enrique le imputaron cuatro delitos, su defensa logró probar que era inocente de desaparición forzada y hurto. Quienes también lo incriminaron de homicidio y porte ilegal de armas se retractaron diciendo que él no tuvo nada que ver, pero fue condenado a 27 años de prisión.
La abogada Petro trabaja sola. Atiende el caso de Enrique desde el año 2008, se gana 4’120.000 pesos de honorarios mensuales y atiende a 70 condenados más dentro del programa de Ejecución de Penas del Sistema Nacional de la Defensoría Pública, en la cárcel Las Mercedes de Montería. Su misión era salvaguardar los derechos de un hombre en el sitio más peligroso del país, la cárcel, y ahora fuera de esta. La abogada hace parte del sistema, pero se siente huérfana debido a las enormes fallas que este tiene.
La defensa pública en Colombia, que en términos internacionales viene siendo el ‘ombudsman’, es un terreno ganado desde la Constitución de 1991 y su objeto principal es impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado social de derecho promovido por la ley. Es decir, mejorar la capacidad y el acceso del ciudadano a la administración de justicia y a que tenga una defensa técnica cualificada.
La defensora pública Paola Petro.
José Perdomo/ para EL TIEMPO
Enrique Kergulén, a quien asiste, tenía 33 años cuando se vio involucrado en un homicidio que lo llevó a la cárcel. Su caso pasó por las manos de varios abogados. “Los que tuvieron mi caso atendían demasiados procesos y no se dedicaban, como hubiese querido, a mi situación. Yo no contaba con dinero para buscar un abogado particular, soy pobre. Así que conté con la mala suerte de terminar en la cárcel siendo inocente”.
Un condenado tiene derechos y quienes se encargan de velar porque estos no sean vulnerados son los defensores públicos, conocidos popularmente como abogados de oficio. Eso es lo que hace Paola Petro aun en contra de situaciones adversas. “Lo asisto desde que cumplió la tercera parte de la pena, la cual ha podido redimir gracias a que ha hecho lo que le he recomendado: estudiar y trabajar. Me encargo de que esto sea reconocido, por lo que logramos la libertad condicional por 72 horas cada dos meses, pero un día lo trasladaron a otro penal más peligroso, lejos de su esposa y dos hijos. Durante tres meses hice una defensa técnica de su caso y logramos traerlo de regreso a Montería, antes de que muriera de hambre o lo mataran en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar”.
No hay una explicación legal para el traslado de Enrique Kerguelén. Ocurrió días después de que él denunció las precarias condiciones de hacinamiento dentro del penal Las Mercedes de Montería. Era líder organizativo de uno de los patios y manifestó sus inconformidades en los comités públicos ante los representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. En Colombia, las cárceles albergan 119.000 reclusos a febrero de 2017, mientras que la capacidad es de 78.000 cupos. El porcentaje de hacinamiento supera el 52,1 %
La abogada penalista es una mujer de ojos brillantes y rostro amable. Es dura y argumentativa cuando se refiere a un sistema que “desde que nació, afronta una crisis estructural muy grande de la que pocos se ocupan”, pero se quiebra cuando piensa en el caso de Enrique: “Él es un hombre de fe que cumple sin reparos la prisión domiciliaria con opción de trabajo. Afortunadamente consiguió empleo en una fábrica de bicicletas que está al frente de su casa y lo hace porque sabe que con ello podrá obtener, algún día, la completa libertad que no le concedieron los tribunales”.
Dentro del amplio grupo de ciudadanos sin recursos está Enrique Kerguelén, con medida de prisión domiciliaria en Montería. “Gracias a la doctora Paola, por lo menos puedo estar en mi casa con mi esposa y mis hijos. Mi vida me la dañaron porque soy inocente y no descansaré hasta limpiar mi nombre, pero tendré que hacerlo de la mano de defensores públicos, así me tarde no sé cuántos años más”, dice Enrique.
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