Ser defensor de derechos humanos en Colombia es correr peligro. En el país las luchas sociales amenazan intereses de gente que oculta su rostro para mandar a matar. Si hay algo claro con los crímenes, es que la justicia debe los resultados de las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.
Según reportes de medios de comunicación y de una fuente reservada, asesinaron en promedio a un líder cada dos días en 2018. Fueron 168 los muertos, 11 mujeres y 157 hombres. Los dos departamentos con más personas muertas son Cauca, 32 y Antioquia, 24. Ambas regiones cercadas por todo tipo de actores violentos, lo que hace difícil identificar a los responsables.
Tres datos generan escozor en las estadísticas de crímenes de defensores: de los 168 asesinatos en 2018, 21 fueron asesinados con sevicia y tortura, en 140 casos los presuntos responsables son desconocidos y 13 personas asesinadas fueron previamente desaparecidas.
La mortal estadística no puede volverse paisaje ni las marchas de rechazo ni las cadenas de indignación a través de las redes sociales. Colombia es el segundo país con más defensores asesinados en América Latina, después de Brasil, según datos de la organización Global Witness.
Según esta ong internacional, 127 defensores fueron asesinados en Colombia entre 2013 y 2017 y en Brasil 217 en el mismo periodo de tiempo. Cada vez que asesinan a un líder en nuestro país, hay un lamento, una investigación lenta y un resultado que nunca llega.
De los 168 homicidos en 2018, 165 colombianos carecían de medidas de protección en el momento del crimen. “Que la mayoría no tuviese protección puede tener distintas explicaciones, una, que no denunciaron”, dijo Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Indagando con algunos de los familiares de líderes asesinados, para esta nota, unos manifestaron que no se atrevieron a poner las denuncias por miedo; otros precisaron que lo hicieron pero el proceso para lograr la protección fue lento.
A 31 de octubre de 2018 la UNP estaba protegiendo a 6.200 personas en Colombia con distintas medidas. Lo que hay de fondo en las declaraciones de González es que la Unidad no tiene presupuesto para atender tantos casos.
Se requieren 850 mil millones de pesos, sin embargo “el presupuesto aprobado en este momento es deficitario. Está en 800 mil millones de pesos. Estos recursos cobijan armas, comunicaciones, escoltas, personal, arriendos, carros”, dice.
A comienzos del 2018 hubo 4.000 solicitudes de protección y a octubre de ese mismo año sumaron 9.000, y la Unidad tiene tan solo 6.000 escoltas.
Lo claro es que con protección o no, las 168 personas fueron acribilladas por atreverse a defender temas comunales, agrarios e indígenas, en ese orden, y sus crímenes ocurrieron después de la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las Farc, cuando se asumía un clima esperanzador para la paz.
De otro lado, un informe elaborado por científicos sociales de la Universidad Nacional, que cobija da cuenta de 257 homicidios cometidos entre el 24 de noviembre de 2016, día de la rúbrica en Bogotá del Acuerdo de Paz, y julio 31 de 2018.
El informe se titula ‘¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo’, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), con información de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, la Confederación Acción Comunal de Colombia y la plataforma Verdad Abierta.
El informe concluye que “los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual denota un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma un proceso de planeación” y que la tendencia y el aumento de estos crímenes se dio entre enero y julio de 2018, cuando se registraron más asesinatos que en todo 2016.
Esa conclusión del IEPRI, de que la violencia contra los líderes sociales es repetitiva, metódica y no aleatoria, ya había sido advertida por la Procuraduría General de la Nación al investigar sobre el impacto específico que la reclamación de tierras despojadas por los grupos armados ilegales ha tenido en el aumento de la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos territoriales, según palabras de Fernando Carrillo, en el informe “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”.
En lo que va del 2019, 14 amenazas han sido registradas por autoridades. Panfletos, llamadas y mensajes han sido denunciadas por colectivos y comunidades.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para este tema sostuvo recientemente que en el 2018 el homicidio aumentó en el 49 por ciento de los municipios y la impunidad persiste.
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EL TIEMPO
