La Unidad de Búsqueda en Colombia fue creada jurídicamente para cumplir el mito de Antígona: buscar y nombrar a los ausentes.
Devolverle la esperanza a los familiares de los desaparecidos y en el mejor de los casos identificarlos, es una tarea que supone retos mayúsculos. Solo los desaparecidos forzados entre 1958 y 2017 suman 82.998 personas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
¿Y eso qué significa? En términos estadísticos, se busca un número de ausentes equivalente a toda la población de Rionegro, municipio antioqueño, o de Sabanalarga, Atlántico. Pero más que un número, supone incorporar a la historia de Colombia la identificación de las víctimas de desaparición forzada, técnica de guerra instalada en el país a lo largo de 60 años.
En un pajar de conflictos hay que hallar todas las agujas. Impunidad y violencia fue lo que hizo casi imposible la búsqueda de los desaparecidos en el país hasta que la ley lo tipificó como delito en el año 2000. Hasta entonces se hablaba de secuestros. La explicación es de Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal.
Se busca un número de ausentes equivalente a toda la población de Rionegro, municipio antioqueño, o de Sabanalarga, Atlántico
En la lucha compleja por buscarlos, el Estado le dio una herramienta legal a la Fiscalía para que por fin avanzara en sanar jurídicamente un dolor que no tiene nombre. Con la Ley 975 de 2005 se creó la Unidad Nacional de Justicia y Paz, con el objetivo de buscar a todas las víctimas que en el marco del conflicto fueron desaparecidas y asesinadas por los grupos alzados al margen de la ley.
2008: Exhumación en la vereda Las Liscaz, de Ocaña, de 3 jóvenes que desaparecieron en Soacha, Cundinamarca, y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate.
Luís eduardo Robayo / El tiempo
Comenzaron las excavaciones a lo largo del territorio nacional. En Tierradentro, alto San Jorge, Córdoba, llegaron los equipos forenses el 3 de febrero de 2007. Los esqueletos de doce pobladores fueron desenterrados de las tumbas sin identificar en el cementerio del poblado. Eusebio Arsenio Hoyos Pineda, quien fuera el inspector de la población, contó que varios de ellos sepultó bajo el más absoluto silencio. “A los familiares les prohibieron darles cristiana sepultura, llorarlos”, dice un relato de la época.
Estos procesos se repitieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para lograr la identificación de los restos encontrados y la inhumación de los mismos, pero lo sepultado bajo tierra supera cualquier expectativa sobre la búsqueda de la verdad. Las acciones en Colombia, ante la dimensión de la desaparición, no han sido suficientes.
Sin embargo, a partir del proceso de paz del Gobierno con las Farc y la entrada de una justicia transicional y restitutiva que plantea entre sus focos, la búsqueda de los desaparecidos, la esperanza renace con la creación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
Unidad y víctimas, un solo motorLuz Marina Monzón, directora de la Unidad, llegó a ese cargo porque las víctimas se lo pidieron. Está comprometida con ellas y con el país. El Estado avala la Unidad, lo que no ocurrió en Guatemala, pero nuestro gobierno tarda en desembolsar los recursos necesarios para así multiplicar los esfuerzos que en territorio se vienen haciendo para buscar a los ausentes.
La directora de la Unidad no ahorra energía para explicar que lo que se logre será una sumatoria de esfuerzos y no un ejercicio individual de una institución cuya vida jurídica es de 15 años, con derecho a prórroga de 5 años más. Y muy seguramente tendrá que haberla porque si los desaparecidos forzosos suman casi 83 mil y por muy dotada que esté la Unidad se logran identificar 2.000 personas por año, se requerirán entonces 41 años para lograrlo.
Por muy dotada que esté la Unidad, se logran identificar 2.000 personas por año. Se requerirán entonces 41 años para lograrlo
Monzón se ha reunido ya con diversas entidades y en territorio, para poder diseñar el modelo de trabajo. Hasta ahora han realizado ocho encuentros en territorio: Meta, Barrancabermeja, Montería, Norte de Santander, Sincelejo, Buenaventura, Mocoa, Bogotá. “En esos diálogos en los que le preguntamos a la gente lo que interpreta como humanitario, nos han dicho cosas fuertes. Hablaron de la necesidad de la confianza y el respeto. 'Que no le digan a uno que vuelva después o que se perdieron sus papeles cuando uno va por información del familiar desaparecido', es lo que quisiéramos lograr” explica Monzón.
Uno de los retos más importantes de la búsqueda está, más allá de hallar los cuerpos, en su identificación.
Juan Carlos Quintero
Por lo pronto, un trabajo avanzado muestra el nivel de compromiso y esfuerzo colectivo de las víctimas y la Unidad de Búsqueda: el levantamiento de información de más de 500 casos de desapariciones forzadas y los mapas donde estarían fosas y enterramientos de los cuerpos. Eso está contenido en el proyecto “fortalecimiento para la sociedad civil en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas desaparecidas, el cual se ejecutó en 13 departamentos del país”, explica Monzón.
Ojo, buscaremos vivos e incluso los hijos de los excombatientes, sobre los que hay pocos rastros
La Unidad trabajará en tres líneas: recolección de información, análisis y localización para la búsqueda; prospección, exhumación e identificación y participación, que es el área de trabajo mancomunado con las víctimas en el territorio. “Y no buscará solo muertos. Ojo, buscaremos vivos e incluso los hijos de los excombatientes, sobre los que hay pocos rastros”, explica Monzón.
¿Una búsqueda difícil?A su turno, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, dice que la historia de la desaparición en Colombia es demasiado fuerte. El Instituto tiene 104 años de existencia y desde 1919 cuenta con un registro de personas desaparecidas.
Ramona Del Carmen Jaime, desde El Tarra, Norte De Santander, también busca un ser querido desaparecido en la guerra.
Cortesía Laura Aguilera / CICR
En el 2011 Medicina Legal, tras un convenio con el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional, hace una revisión de más de 22 mil tarjetas de necrodactilia de cadáveres que ha estudiado pero que no han sido identificados. Por las huellas de los 22 mil se podría determinar la identidad de por lo menos 10 mil, cuenta Valdés. Esa información obliga a revisar en qué cementerios están esos más de 10 mil cadáveres.
En el mismo año se le da cuerpo entonces al Plan Cementerios. Se hace un censo, una búsqueda documental en las bases de datos del Instituto, la Fiscalía, los Juzgados de Instrucción Criminal.
Se procede a la creación de un banco nacional de perfiles genéticos. Toda vez que es la herramienta más idónea para lograr la identificación. El objetivo es complementar las muestras biológicas aportadas por familiares, con lo que se encuentre en cementerios. “En total llegamos a tener 40 mil muestras de familiares y 5 mil de restos óseos”, dice Valdés.
“Hoy ya tenemos repositorios en Yopal, en la Costa, en Buenaventura, Tumaco, Neiva, entre otros. Allí se albergan unos 4 mil cuerpos. Seguimos con la idea de que organismos internacionales nos puedan apoyar. Nunca el Instituto devolverá a un cementerio un cuerpo que ha sido estudiado”, puntualiza Valdés.
Para Luz Marina Monzón “el reto de buscar y nombrar a los ausentes, contar sus historias, devolverles el lugar que se merecen no solo entre las víctimas, sino entre todos los colombianos, es complejo, pero es la tarea y hay que hacerla”.
Ginna Morelo
UNIDAD DE DATOS
Twitter: @ginnamorelo