Continúa la búsqueda de los embera desaparecidos en el Sinú

do wâbura trâbi
un himno
para despedir
al Río
cantan
los Êbêra Katío
hijos del agua
hermanos de Kimi
que lloran la muerte
de un dios

- Iván Castiblanco Ramírez.

“Lo que era el río Sinú, también desapareció”. Martha Cecilia Domicó Domicó habla fuerte mientras se pinta el rostro con kipara (tintura que se obtiene de una planta), una tradición embera katio. Ella no ha podido tranquilizar su espíritu desde hace 18 años, cuando por la fuerza su padre fue separado de la comunidad de Beguidó, en Paramillo, departamento de Córdoba. Al líder Kimi Pernía Domicó lo desaparecieron el 2 de junio del 2001. Desde entonces se rompió la armonía del territorio.

Él es uno de los 660 miembros de comunidades indígenas en Colombia que han sido desaparecidos forzosamente en 29 departamentos entre los años 1973 y el 2017; solo 28% de ellos fueron hallados muertos y el 18 %, vivos. En total 515 hombres, 108 mujeres y 37 personas sin información hacen parte de este relato diverso y triste, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

A ellos no han parado de buscarlos sus pueblos étnicos, que han visto amenazadas su cultura y costumbres ante la práctica del horror que representa arrancarle un ser a la tierra y sembrar el vacío, con lo que ello significa para su cosmogonía. Una historia que en muchas de esas comunidades resulta innombrable.

Grupos indígenas en el país han tenido que vivir con la pérdida de un miembro de la comunidad y con ello otro tipo de desaparición, la de sentirse invisibles en la historia de la guerra y la violencia sociopolítica en Colombia, según se desprende del relato de Martha Domicó: “porque no hemos sido vistos como iguales ante la justicia colombiana”.

Para retomar el diálogo con los pueblos indígenas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada en Colombia dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tras la firma del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, elaboró un protocolo de relacionamiento y coordinación que incluye a las etnias en los procesos de búsqueda con enfoque humanitario, teniendo en cuenta su gobernanza propia y autónoma.

Entre todos acordaron elaborar un plan de trabajo que desembocará en la realización del censo nacional de personas indígenas desaparecidas que se deberá incluir en el Registro Nacional de Desaparecidos; bases de datos con información geográfica sobre las fosas, sitios de sepultura y cementerios ilegales, así como un diagnóstico nacional sobre reflexiones, pensamientos y experiencias de resistencia sobre la desaparición de personas indígenas en el marco del conflicto armado.

Para la Unidad, según su protocolo, es claro que la desaparición forzada de indígenas “ha generado múltiples vulneraciones y afectaciones paralelas a sus derechos tales como la dignidad humana, libertad de locomoción y expresión, integridad física, espiritual y sicológica, pertenencia a una familia y a una comunidad, identidad cultural, personalidad jurídica y acceso a la justicia”.

Las aguas serpenteantes café con leche bañan Tierralta, municipio cordobés azotado desde hace cinco décadas por la violencia de la guerrilla, de los paramilitares, del narcotráfico, de las bandas criminales y de los grupos residuales. Allí, donde el calor húmedo golpea fuerte e intenta borrar las figuras que Martha pintó en su rostro, ella y su descendencia resisten. La ausencia de Kimi Pernía es un recuerdo que su pueblo no permite que se desvanezca.

-¿Quién era Kimi?
-“Un líder de mi pueblo”- responde Martha entre alegre y triste. 

Pernía es hijo de Manuelito Domicó, noko (líder) de los embera, y nieto de Yarí, un Jaibaná (médico de la comunidad) y uno de los caciques fundadores de la comunidad de Beguidó.

La historia de los embera es un relato anfibio, como el de los pueblos que contaron Orlando Fals Borda y otros historiadores del Caribe, entre ellos el cordobés Víctor Negrete Barrera. Los embera de Córdoba crecieron entre los ríos Esmeralda, Sinú y Verde, en lo que se conoce hoy como Parque Natural Paramillo, 504 mil hectáreas repartidas entre los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Sobre tierra y agua, en el Paramillo, los embera cazaron, pescaron, vivieron. En ese lugar habitado no había espacio para el dolor, pero la violencia llegó en los 80 con las guerrillas Epl y luego las Farc, y a finales de la década del 90 y principios del 2000 todo cambió radicalmente con el paramilitarismo. Hoy sobreviven en condiciones difíciles incluso algunos se perdieron en la mendicidad en una ciudad fría como Bogotá, producto del desplazamiento.

Martha Domicó señala con su mano derecha un “por allá estábamos”, para referirse a un lugar lejos del bullicio de Tierralta, cabecera urbana del Alto Sinú, municipio al que ella se desplazó después de la construcción de la represa Urrá (abeja en lengua embera) lo alteró todo y cambió sus costumbres. .

Ana Carolina Castañeda Vargas, en su tesis de maestría de estudios culturales, se refiere al “duro peso para los embera katio quienes, en una insalvable encrucijada de la guerra paramilitar a comienzos del 2000, pasaron de víctimas de la construcción de la represa a ser responsables por la rearmonización ecológica de la cuenca alta del río Sinú, pasando de negociadores en las mesas con la empresa Urrá a ejecutores de planes de saneamiento y ordenamiento ambiental. La moral ecológica de Parques Nacionales, por ejemplo, es perversa, pues en aras de la conservación ambiental considera a los indígenas colonos de la misma manera que los indígenas consideraban colonos a los campesinos sin tierras”.

Martha Domicó cuenta que muchísimo antes de que la guerra se asentara en el Alto Sinú, los embera katio tuvieron cercanía con el hombre blanco. “A mi papá lo cogen los funcionarios de Urrá: “Kimi, ¿usted quiere ser docente? (a mediados de la década de los años 90) Le dijeron: “usted sabe hablar español”. Un gringo le había enseñado las matemáticas, el español, cómo se hablaba y como se escribía. Ese gringo le dijo cómo ser maestro”. Kimi aprendió a leer y a escribir con el exmisionero americano Gordon Horton.

La mujer sonríe cuando recuerda que su padre era un hombre feliz. “Él bajaba por el río hasta Tierralta y a veces se ponía a tomar”. Un día tres ingenieros que estaban en el pueblo le pidieron que los llevara en chalupa por el río, y cuando él sube al resguardo una guerrilla que se llama EPL lo detuvo y le dice ‘¿quiénes son estos ingenieros?’ A ellos se los llevaron y los asesinaron”.

Kimi fue detenido por la justicia colombiana y encarcelado durante nueve meses en Montería, capital de Córdoba. Finalmente lo dejaron libre porque no encontraron pruebas para responsabilizarlo del triple crimen, “pero mancharon su nombre para siempre” dice Martha con furia.

Al regresar al territorio, Kimi Pernía se refugió en él, a orillas de Kuranzadó o río Esmeralda, donde había nacido y se puso a escribir varias de las leyes indígenas en documentos que compartía con otros líderes. “Empezó a hablar con las mujeres, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños. Nos enseñó que teníamos que organizarnos bien. Nos indicó que debíamos marchar en contra del daño tan grande que iba venir con Urrá (la hidroeléctrica)”.

La historia de la represa e hidroeléctrica se remonta al Gobierno de César Gaviria (1990-1994), y el Plan de Expansión Eléctrica de la Costa Caribe de la Corporación Eléctrica del Caribe (Corelca). La zona inundable sería el sitio conocido como la Angostura de Urrá, que hacía parte del Parque Natural Paramillo, creado por el Inderena en 1974, “después de que en 1973 el Incora se negara a una petición de las mismas comunidades embera katío para la titulación de esas tierras como resguardo”, expone Castañeda Vargas en su investigación.

El 5 de noviembre de 1994, en el Alto Sinú, 664 embera katío organizaron la travesía a lo largo de 360 kilómetros, para decirle al río Sinú Do wabura, dai bia ozhirada (adiós río, el que nos hacía todos los bienes), según lo relató el cronista José Navia en el diario El Tiempo. Kimi Pernía y los abuelos sabios reunieron a las comunidades para construir las balsas, las mujeres prepararon la comida, los niños alimentaron con su inocencia esa historia y todos juntos desafiaron a quienes intentaron oponerse a la ceremonia pacífica y espiritual para despedir al río que conocían, al dador de vida y al que una empresa le cambió el cauce.

“Mi papá empezó a organizar a las comunidades, a crear la balsita y esa balsa empezó a ser la casita. ¿Cuántas casitas tenemos que llevar, y mostrar que no somos como ellos interpretan, la empresa y los funcionarios de Urrá o quizá los gringos nos están interpretando?, que nosotros no existimos, no vivimos, no somos nada ahí en ese resguardo. Y les vamos a mostrar que sí somos personas y que sí tenemos nuestros derechos, que sí nos pertenece ese territorio y lo vamos a tener como un resguardo”. Así recuerda Martha lo que significó Do Wambura para todos ellos. Para algunos cordobeses es quizá un recuerdo fugaz y hasta fantástico: el de los indígenas en balsas bajando por el Sinú.

El historiador y maestro Víctor Negrete lo recuerda como “el ejemplo de una lucha que todavía vive, porque tanto los embera como los campesinos del bajo Sinú se opusieron a un proyecto energético que traería problemas y pobreza a la región, y eso fue lo que sucedió”.

La voz de la hija de Kimi se quiebra cuando piensa en el territorio del que se despidió y cómo es ahora: “El río era tan lindo, yo me acuerdo, era una corriente. Ya ahora no. Ese río está como enfermo. Era tan transparente que hasta el pescado subía. Los árboles también eran vivos, verdes se veían. Hoy día esto ya es opaco. El río está sucio, contaminado, en esa época no era así”.

Para ella y los embera, fue violentado su derecho a la consulta previa, que es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y grupos étnicos en Colombia a ser consultados sobre proyectos, obras o actividades que se pretenden realizar dentro de sus territorios. El mecanismo de ley busca de esta manera proteger la integridad cultural, social y económica de los pueblos, al tiempo que garantizar el derecho a la participación social. Como consecuencia, los embera interpusieron tutelas y una sentencia de la Corte Constitucional les concedió el derecho al resarcimiento de los daños causados a través del pago de indemnizaciones individuales e inversión en proyectos productivos con cargo a la empresa Urrá S.A.

Las posturas de Kimi, quien se levantó en contra del ‘kapuniá’ (no embera u hombre blanco) fueron siempre directas. Según un perfil publicado en Verdad Abierta, participó de la toma a la Embajada de Suecia en 1996 para protestar por el incumplimiento de los compromisos de la empresa Urrá. Viajó a Canadá en noviembre 1999 y allí intervino en el parlamento para contar las afectaciones de su pueblo. Posteriormente junto con otros líderes organizó la Gran Marcha Embera que salió el 29 de noviembre de ese año a Bogotá. Las comunidades estuvieron viviendo en las afueras del Ministerio del Medio Ambiente hasta el 26 de abril del 2000.

Ya en ese momento el Paramillo, la tierra de los embera, se cubría de violencia. En agosto de 1998 asesinaron a Alonso Domicó Jarupia; en febrero de 1999 a Alejandro Chacarí Domicó y en abril de ese mismo año a Lucindo Domicó Cabrera. En marzo de 2001 mataron a José Ángel Domicó Jarupia, tres meses después, es decir en junio de 2001 a Kimi y 22 días después a Alirio Pedro Domicó. Los cuerpos de Kimi y José Ángel sigue desaparecidos.

Kimi se refugió en Bogotá por unos meses, pero después retornó al territorio. Era señalado por la guerrilla y los paramilitares de pertenecer a un bando y al otro, acusado de la tala indiscriminada de bosque, de oponerse a la construcción de Urrá.

“Un día a mi papá, el 2 de junio de 2001, lo desaparecen. Lo amenazaron porque mi papá dijo: mi pueblo es mi pueblo y voy a luchar a donde es y les voy a dar duro a donde es porque no van a venir otros aparecidos a hacerle daño a mi pueblo”, cuenta su hija Martha.A Kimi se lo llevaron hombres las Autodefensas Unidas de Colombia cuando salía de la sede del Cabildo Mayor Embera Katio, en Tierralta. Nunca más lo volvieron a ver con vida.

El territorio embera fue violentado con la desaparición de Kimi Pernía. Martha no encuentra en su lengua las palabras para hablar de desaparición. De hecho el profesor etnolinguista de la Universidad de Los Andes, Rito Llerena, explicó para este reportaje que “en embera el verbo kenai significa 'matar, asesinar', es decir hacer morir violentamente. Si nunca lo encuentran, como el caso Kimy se dice kenasida (lo asesinaron, lo desaparecieron)”.

Otros embera del alto San Jorge, cuando se refieren a desaparición forzada, dicen en su lengua dayi bebu aduawã. El caso es que el término no es preciso.

Moisés David Meza, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien lleva el caso ante la justicia en representación de la comunidad Embera, explica que en marzo del 2019 la Fiscalía declaró los crímenes de los embera como de lesa humanidad. “Eso le da facultades a la Fiscalía para seguir investigando, no importa el paso del tiempo, lo cual evita la prescripción de los delitos. Ello confirma el ataque sistemático contra la comunidad embera en una época en que en el territorio había paramilitares aliados con el Estado, cometiendo todo tipo de crímenes”, explica.

La Comisión asumió el proceso por solicitud del pueblo embera, que hoy cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un mecanismo previsto en su articulado, que implementa la CIDH para exigirle a un Estado la protección de personas que han visto violentados sus derechos de forma permanente. Entre tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos en Bogotá sigue la investigación por el caso de la desaparición forzada de los miembros de la comunidad.

Moisés Meza confirma que si bien se han identificado autores materiales, faltan los intelectuales: “en muchos casos en Colombia hubo alianzas paramilitares con el Estado para perjudicar al pueblo indígena. Algunos postulados hablaron sobre el caso Kimi, pero no puedo decir que confesaron, lo hicieron en el marco del proceso de investigación penal porque se acogieron a Justicia y Paz, pero ha faltado que se amplíe el contexto. Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, mencionó el caso. Se dijo que el cuerpo de Kimi había sido arrojado al río, pero eso nunca fue confrontado, y ahí es donde se falla en estos casos”.

Para el abogado hay un déficit grande de justicia, ya que la impunidad genera graves violaciones de derechos humanos. Por ello explica que el enfoque diferencial y étnico es necesario en la investigación de los crímenes contra las comunidades indígenas. “Este tipo de casos para los fiscales son un desafío, porque no basta con construir un enfoque diferencial en el papel, sino aplicarlo, incluso desde la investigación misma, al momento de alcanzar una sentencia de reparación, en la búsqueda de los desaparecidos”.

Hasta el momento el enfoque humanitario aplicado a la búsqueda de los indígenas desaparecidos forzosamente apenas comienza en Colombia y para los embera katíos de Tierralta resulta claro que todavía se está lejos de que la justicia devuelva lo que su territorio perdió. Allí es donde entra la Unidad de Búsqueda con su enfoque, a trabajar con las comunidades en la sanación de sus territorios atendiendo a sus costumbres, pues la posibilidad de que sean hallados todos los desaparecidos es difícil si se confirma que muchos fueron arrojados a los ríos.

Justo por ello, por el reclamo de la verdad, los embera katío planean para noviembre de 2019 un segundo recorrido por el río al que la represa Urrá le cambió el cauce. Quieren navegar el Sinú, esta vez para reclamar el no olvido de los espíritus que deben retornar, como única forma de lograr la armonía territorial.

Unidad de Datos de EL TIEMPO