Todavía no llegamos a la tierra prometida

Maritza Salabarría fue desplazada de Mundo Nuevo, Córdoba, y no puede volver. Una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, proferida el 3 de noviembre de 2016, le restituyó las parcelas a quienes fueron sus vecinos y, como ella, debieron salir hace 26 años del territorio. En ese entonces ‘los Mochacabezas’ les advirtieron que desgajarían cuerpos y cumplieron. Pero Maritza no hace parte del grupo que retorna. ¡Ella no!

Su imagen se quedó congelada en una foto del 19 de noviembre de 2011 al lado del entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien es hoy negociador de paz con ELN. El funcionario creyó haber resuelto una historia de dos décadas de desplazamiento, desaparición y crímenes cuando le entregó los dos títulos de propiedad a la mujer y dijo whisky para la fotografía.

Pero ni los títulos ni el tiempo que ha corrido desde que se promulgó la Ley de Víctimas le han ayudado a Maritza.

Casi son siete años desde que el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso sacar adelante una ley enmarcada en los principios de la justicia transicional, como el primer paso para la consecución de una “paz estable y duradera” en Colombia. Un país donde el germen de la guerra es el conflicto por la tierra. Dos mil quinientos días después, los avances son notorios, pero falta mucho.

Lo primero que hay que recordar es que hace cinco años el presidente Santos dijo en Ayapel, Córdoba, que la expectativa era restituir 2’400.000 hectáreas. Un informe contratado por Usaid Colombia para revisar con rigurosidad el tema conceptuó, tiempo después, que no es posible estimar un número de hectáreas en particular.

Lo cierto es que no existe homogeneidad en las cifras. El Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio contabiliza 6’556.978 hectáreas, mientras que la Comisión de Seguimiento a la Política Pública, afirma que “entre 1980 y julio de 2010, sin contar la propiedad colectiva, el total de tierras abandonadas o despojadas suma 6’638.195 hectáreas”.

¿En qué ha logrado avanzar la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia? Se ha alcanzado la orden de restitución de 4.239 predios más seis territorios étnicos. Es decir que se restituyen hasta ahora 216.000 hectáreas en todo el país. En los despachos judiciales hay solicitudes por otras 600.000 hectáreas.

Tres son las razones más complejas por las cuales la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia no avanza a pasos agigantados. El primero tiene que ver con los vericuetos jurídicos que debe sortear la justicia para desenredar la maraña que supone la propiedad en Colombia, un tema tan complicado que incluso el Incora (organismo del Estado encargado de la propiedad en el campo) resultó ser uno de los máximos despojadores. Esto se conoció tras fallos de restitución en el corregimiento de Brasiles, municipio de San Diego, Cesar.

Las otras dos razones hacen referencia a la imposibilidad de restituir los territorios que hoy están sembrados con coca, por la presencia de los actores armados de todo tipo y los que están sembrados con minas antipersona.

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El caso de Maritza hace parte de los líos jurídicos que no han podido ser desentrañados y por eso en el primer fallo colectivo de Mundo Nuevo a ella no le fue restituido su predio. De hecho, en la sentencia se planteó un aspecto relacionado con su padre, quien sería un segundo ocupante de la propiedad, y está por probarse la legalidad de los documentos que lo hacen dueño del predio.

​Y para cubrir todas estas demandas que intentan ordenar el campo en Colombia, sin incluir el reto descomunal que supone clarificar el asunto de los baldíos, responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó y puso en funcionamiento en el año 2012, 24 Juzgados Civiles Especializados en Restitución de Tierras y 15 magistrados especializados.

En el año 2013 se sumaron 15 nuevos juzgados, los cuales atienden y resuelven las solicitudes de protección del derecho a la restitución, conforme a lo previsto en la Ley de Víctimas.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, llama la atención sobre los rezagos de la guerra y los aparatos ilegales que siguen actuando en lugares como el Catatumbo y el Bajo Cauca, los cuales bloquean la implementación de la ley.

Para Sabogal, las cifras de todo este problema colombiano se resumen en un estimado inicial de 160.000 familias afectadas por abandono de tierras o despojo, tras la depuración.

Hoy están en trámite 60.000 reclamos desde el primer momento en que la persona se inscribe en el registro de tierras despojadas. “Con base en ello fue que se armó el músculo institucional de la entidad”, dice.

Un análisis predictivo, contratado por la Usaid para revisar la política de restitución, plantea el siguiente panorama para Colombia en los próximos 15 años: las solicitudes por restitución serían otras 60.000.

En el pasado, el 44 % de los despojos, según lo nombran las víctimas en su declaración, los hizo la guerrilla de las Farc y un 43 %, los paramilitares. Para los próximos años se prevén conflictividades recicladas, según los análisis de expertos, aun en las zonas de posconflicto; por lo que la resolución vía restitución de tierras seguirá siendo un reto para el Estado colombiano y, sin duda, el caso de Maritza Salabarría estará ahí, en punta.

Explore el siguiente mapa: haga clic en cada departamento para conocer el porcentaje de tierras que despojaron los grupos armados ilegales:*el apartado 'otros' se refiere a que no hay claridad en el grupo despojador.