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El desamparo de la comunidad gay en el Perú

Manifestación por los derechos de la comunidad LGBT en Perú

Manifestación por los derechos de la comunidad LGBT en Perú

Foto:El Comercio / Perú

La odisea de hacer una denuncia: abusos policiales y complicidad institucional contra los LGBT.

Sara Castillejo
Nació como Luis Alberto Rojas Marín, pero prefiere que la llamen Azul. Tiene 36 años y vive en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, en la costa norte del Perú. Ahora es rubia y le gusta el fucsia en los labios. Hace nueve años recién se estaba dejando el cabello largo y comenzaba a usar ropa ajustada. Tres policías y cinco serenos (agentes de seguridad municipal) la vieron en la calle, la abordaron, la golpearon y más tarde violaron. 

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Nunca obtuvo justicia en ninguna instancia. Su última esperanza ahora recae en la Comisión Interamericana de DD.HH., que en los próximos meses emitirá un informe de fondo sobre su caso. “Dependiendo de eso podría llegar a la Corte. Sería el primer caso de tortura sexual que vería la Corte contra una miembro de la comunidad LGBT en la región”, señala Karen Anaya, representante legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), organización que asesora legalmente a Azul en el Perú.
Marcha por los derecho de la comunidad LGBT en Perú.

Marcha por los derecho de la comunidad LGBT en Perú.

Foto:El Comercio / Perú

Todo ocurrió el 25 de febrero del 2008 en Ascope, una ciudad situada a 40 minutos de Trujillo. Un patrullero la divisó y le cortó el paso. “¡¿A dónde vas, cabro concha tu madre?!”, le gritaron los agentes. Un par de policías bajaron del vehículo y le pegaron un varazo en el estómago. La redujeron, la subieron al patrullero y la llevaron a la comisaría de la localidad, donde otros policías se ensañaron con ella.
“Uno de ellos me metió de los pelos a una sala de investigación. Dos policías más se le unieron para insultarme, darme cachetadas y pegarme con la vara en el estómago. Me cogieron de los pelos, me voltearon contra la pared. '¿Te gusta la pinga, cabro de mierda?', me decían. Yo les preguntaba por qué me hacían eso. Ellos me apretaban las nalgas, me manoseaban. Quise escapar, pero me cogieron de los brazos y me desvistieron”, recuerda.
Le introdujeron la vara por el recto dos veces y como vieron que sangraba la dejaron tirada y encerrada. Azul se quedó totalmente desnuda por seis horas. “Ya no tenía fuerzas, solo les rogaba que me dieran agua”, dice.
A las 6 de la mañana llegó otro policía de apellido Vilca.
–¿Qué te ha pasado? –le preguntó.
–Me lo han hecho los policías.
Según Azul, el agente no mostró mayor compasión. Solo le devolvió la ropa y le ordenó que se largara a su casa. Al llegar, le contó a su madre lo sucedido y ella la acompañó a sentar una denuncia. Fue imposible. En la comisaría ningún policía aceptaba tomar declaración en contra de sus compañeros. 

Decían que no podía denunciar a un policía ahí, que tenía que ir a otro lado, pero no me explicaban dónde

En la fiscalía tampoco tuvo mayor suerte, aun cuando el médico legista anotó todas las lesiones que presentaba Azul y concluyó que la habían violado con un objeto. “La fiscal me dijo que no me podía creer mi versión porque yo era homosexual, y que no se podía probar que me habían violado porque yo tenía relaciones con hombres”, acusa. “Quiso dar a entender que las lesiones se las habían hecho fuera del lugar”, añade Karen Anaya.
Nunca se abrió investigación ni por tortura ni por violación sexual contra los policías. “Solo se inició un proceso por el delito de abuso de autoridad, cuya pena no excede los 3 años de prisión (en el Perú, las penas menores de 4 años pueden suspenderse y reemplazarse por una libertad bajo comparecencia). Tampoco por eso recibieron alguna sanción. En la fiscalía dijeron que los policías habían seguido pasos rutinarios”, cuenta la abogada.

Su caso no es el único

En el Perú no existe un registro oficial de ataques y crímenes de odio sufridos por miembros de la comunidad LGBTI y son pocos los entes que han cargado con esta tarea. Uno es Promsex, que el año pasado registró 43 agresiones y 23 actos discriminatorios. El otro es el Observatorio de Derechos LGBT de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Este contabilizó 18 homicidios relacionados con crímenes de odio durante el 2016 (8 de las víctimas eran gays, 7 transexuales femeninas y 3 lesbianas), además de dos suicidios como consecuencia del ‘bullying’.
“La característica más común en los crímenes de odio es el ensañamiento. En la mayoría de casos que hemos recogido se observa que hay una tortura antes del asesinato. Golpean a la víctima, la amarran, queman, cortan y hasta degüellan”, explica Manuel Forno, coordinador del observatorio. Y menciona el caso de Alfredo Alfaro Caballero, de 51 años: era gay y prefería que lo llamasen Dennis. Trabajaba en un salón de belleza, en la ciudad de Huancayo (sierra central del Perú). El 22 de enero del 2016 fue asesinado en su local. Lo hallaron amordazado y atado de pies y manos con señas de haber sido asfixiado.
Algo similar le pasó a Edwin García Huicho, una transfemenina que se hacía llamar Heydi. Trabajaba en una peluquería del distrito de Ate, en la zona este de Lima. El 22 de setiembre del año pasado un sujeto entró al local con un cuchillo, le hizo varios cortes, la redujo y ató de pies y manos. Luego, la ahorcó.
El 13 de abril del año pasado apareció un cadáver con el rostro cubierto y lleno de moretones en un hostal concurrido por miembros de la comunidad LGBT en el distrito limeño de La Victoria. La víctima había entrado acompañada de un sujeto, que se esfumó.
Manifestación por los derechos de la comunidad LGBT en Perú

Manifestación por los derechos de la comunidad LGBT en Perú

Foto:El Comercio / Perú

Claudia Martínez Ramos, de 22 años, fue acuchillada 18 veces por ser lesbiana. Su asesino, Fernando Rivera Gallo, era la ex pareja de su novia y no le perdonaba que lo hubiera dejado por su culpa.
Víctor Félix Hernández Rugel, empresario gay de 56 años, fue torturado y asesinado en Sullana, en la región Piura, el 7 de diciembre del 2016. El cadáver de la víctima fue abandonado en el piso de su camioneta entre los asientos delanteros y traseros, desnudo y envuelto únicamente en una sábana. Le dispararon luego de haberlo golpeado varias veces en la cabeza. Tenía también tres cortes de cuchillo en el brazo derecho, en el tórax y en la cara cerca de la boca.

A doce travestis les echaron agua y a dos les tiraron basura. Dos miembros de la comunidad sufrieron ataques con perros y otros dos, violaciones sexuales

“Varios casos no se resuelven porque al familiar le da vergüenza que se conozca la historia. Nos dicen que prefieren dejar el asunto así. Siguen discriminando a las víctimas después de muertas”, sostiene Forno.
Además de los homicidios, el Observatorio de Derechos LGBT de la UPCH identificó el año pasado 65 golpizas y 26 atentados con armas contra gays, lesbianas y transexuales. “A doce travestis les echaron agua y a dos les tiraron basura. Dos miembros de la comunidad sufrieron ataques con perros y otros dos, violaciones sexuales”, indica Forno. Teniendo el Perú una población de 31’826.018 habitantes, las cifras parecen nimias. Lo cierto es que son apenas sumatorias de los casos que la prensa ha cubierto y que algunas organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT en provincias han ido reportando.
“El Estado tiene la obligación de prevenir la tortura y la discriminación. Recopilar estos casos ayudaría a visualizar el problema, pero el Estado no lo hace. Incumple su obligación. Sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de los ataques homofóbicos son perpetrados por miembros de la policía y el serenazgo”, denuncia Anaya.
“La situación a la que están expuestas las personas LGBT es lamentable. El acoso comienza muchas veces dentro de sus propios hogares. Actualmente estamos siguiendo el caso de Antonella Rabanal, a quien su madre golpeaba por ser lesbiana. Le decía que era obra del demonio. Antonella tuvo que demandar a su propia madre por discriminación y pedir medidas de protección. Han pasado dos años desde la última agresión y hasta ahora no se emite ninguna sentencia. La policía no quería ni tomar la denuncia en primer lugar”, recuerda Brenda Álvarez, abogada y coordinadora del Área Jurídica de Promsex. “Las autoridades tienen muchos prejuicios. Luchamos contra eso”, agrega.

La complicidad de las intituciones

11 municipios incluyeron en sus planes la 'erradicación de homosexuales'

Muchos funcionarios ejercen la discriminación abiertamente. En septiembre pasado el diario El Comercio denunció que once municipios distritales de Lima (San Martín de Porres, La Victoria, Barranco, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Ate, Independencia, San Luis, Santiago de Surco y Cercado de Lima) habían incluido en sus planes la “erradicación de homosexuales” como supuesta medida de seguridad.
En de San Martín de Porres, además, colgó el documento en la página web oficial jactándose de haber realizado ya 33 operativos en contra de la población gay, aunque luego indicaron que se referían a la erradicación de la prostitución en la vía pública.
POR: MARÍA DEL CARMEN YRIGOYEN
Periodista de El Comercio de Perú
Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)
Colaboración para el reportaje 'A nadie le importó'
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