Las coincidencias de nuestra época con la de Alfonso López Pumarejo

Las coincidencias de nuestra época con la de Alfonso López Pumarejo

Fragmento del prólogo de la nueva edición de La revolución en marcha, de Álvaro Tirado Mejía.

Las coincidencias con Álfonso López Pumarejo

Al presidente Alfonso López Pumarejo, cuyo primer periodo fue de 1934 a 1938, lo sucedió su copartidario Eduardo Santos (izq.), quien lo acompaña acá en un evento del siglo pasado.

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Álvaro Tirado Mejía
14 de junio 2019 , 06:53 p.m.

En agosto de 2018 se terminó de imprimir la cuarta edición de Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, en la colección ‘Apuntes Maestros’, de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Seis meses más tarde, el libro se había agotado, razón por la cual se decidió hacer esta nueva edición bajo el sello conjunto de la Universidad Nacional de Colombia y Penguin Random House. Las siguientes reflexiones acompañan esta nueva salida de un trabajo de historia política que ha llamado la atención de los lectores y los investigadores sociales.

El corto tiempo en que se agotó la anterior edición sorprende cuando se tiene en cuenta el bajo nivel de lectura que caracteriza al país, las dificultades de las editoriales universitarias para distribuir su producción intelectual y el creciente desconocimiento de nuestra historia, agudizado por la supresión de su enseñanza en las escuelas y colegios de Colombia. Por fortuna, en el público lector se percibe un cambio, tanto por la calidad de los trabajos producidos en los programas de historia que ofrecen las universidades como por un marcado interés por encontrar respuestas a la incertidumbre que pesa sobre la sociedad global y sobre las tensiones del país. Se piensa que un mesurado escrutinio del pasado puede ofrecer respuestas a situaciones no siempre claras pero de grandes consecuencias para la vida cotidiana de la sociedad.

La elaboración del presente libro buscó llenar un vacío, que todavía persiste, en la investigación de la historia política del país, especialmente en lo relacionado con el siglo XX. Si bien es cierto que en la interpretación de los hechos del pasado subyace la visión que el autor tiene de la sociedad, las exigencias del trabajo académico –el manejo de las fuentes, la explicación de los procesos y la presentación de las posiciones encontradas en los conflictos– servirían para controlar los eventuales sesgos ideológicos del investigador. Queda a juicio del lector extraer las conclusiones pertinentes, evitando los anacronismos y los calcos mecánicos de las experiencias del pasado para explicar el presente. La historia, magistra vitae, solo ofrece lecciones cuando se la aborda con inteligencia, con amplitud de miras, pues aunque ella transcurre por el mismo cauce, las situaciones son distintas y reclaman respuestas adecuadas a contextos diferentes. Todo cambia: ‘Nadie se baña dos veces en el mismo río’.

Traigo estas consideraciones con el objeto de explicar por qué se dio la inesperada difusión de la última edición de este libro. Mi respuesta, a modo de sugerencia, es que los problemas centrales que se debatieron en el período estudiado siguen gravitando en nuestros días. Ochenta años después de la Revolución en Marcha encontramos posiciones y argumentos similares en pro y en contra de las reformas. En la época del presidente López Pumarejo, los partidarios del cambio aducían la necesidad de la modernización. Reclamaban la democratización de la sociedad, la equidad, la mejora de las condiciones de vida del mundo rural y urbano, la participación de la mujer en la educación y su ingreso a la universidad, lo mismo que la libertad de pensamiento, que reclamaba la libertad de conciencia, de expresión y de cátedra. A todo ello se sumaba el fortalecimiento del Estado social de derecho, la posibilidad del divorcio y del matrimonio civil y, no menos relevante, la supresión o limitación de las prerrogativas supraestatales de la Iglesia en la vida de los colombianos afincadas en el Concordato y en la Constitución de 1886.

Los antimodernos constituyeron un frente en nombre de la tradición, la moral y las “buenas costumbres”. Se los conoció con los apelativos de grupos de derecha, de tradicionalistas, de fascistas. Muchos, con el antifaz de apolíticos, hacían política a través de la Apen (Acción Patriótica Económica Nacional), un gremio que buscaba proteger los privilegios de capitalistas y latifundistas en contra de la reforma tributaria y la ley de tierras. Quien siga las controversias y el proceso político de la época, y los contrastes con los temas del debate actual, no dejará de sorprenderse por su paralelismo, su afinidad y coincidencia.

Comencemos por la tierra. Desde los años veinte, el país vivía una intensa agitación social enmarcada en las peticiones de un proletariado naciente que reclamaba el derecho efectivo a la sindicalización y al recurso de la huelga, recientemente legalizados en el gobierno de Olaya Herrera (Ley 83 de 1931). El movimiento campesino era especialmente intenso y reclamaba derechos frente a los abusos del latifundio.

Además de lo relacionado con la propiedad, el problema de la tierra incluía la situación de los peones, de los aparceros y de los colonos. A ello se sumaban la apropiación de baldíos y los enfrentamientos violentos entre campesinos y latifundistas. Antes, como ahora, la “aclimatación de la paz”, como se decía en esa época, y como se consagró en los recientes acuerdos de La Habana, pasaba y pasa por la resolución del problema agrario. Muchos de sus componentes son, por supuesto, diferentes, en especial cuando se tiene en cuenta la aparición de un actor desconocido en el pasado: el narcotráfico.

Pasemos ahora a la educación. Aunque el Estado venía haciendo esfuerzos por mejorar el sistema escolar, más de la mitad de la población era analfabeta. La enseñanza primaria y secundaria era precaria y buena parte de ella estaba en manos de comunidades religiosas. Las universidades podían contarse con los dedos de la mano y estaban mal dotadas. Carecían de bibliotecas, de laboratorios y de salas para el buen desempeño docente. Entonces, como ahora, el problema de la educación estaba en el centro del debate. El gobierno se planteó la educación como un asunto global que abarcaba la escuela, el colegio y la universidad, sin desechar el papel del hogar en la transmisión de valores cívicos de respeto, tolerancia y dignidad o de saberes relacionados con la nutrición y la higiene. El Ministerio de Educación hizo esfuerzos por llegar a todas las regiones del país con un programa masivo que se inspiraba en la labor emprendida por José de Vasconcelos en México. Era preciso educar al educador, elevar su nivel de conocimientos; de allí la profusión de escuelas normales.

En cuanto a la educación superior, el pilar era la Universidad Nacional de Colombia. Su nombre abarcaba múltiples aspectos. Era la universidad del país. Sus facultades dispersas se concentraron en un campus debidamente diseñado y se la concibió como un faro de conocimiento. Se le dio un plan, se elevó el nivel de sus maestros, se incorporaron catedráticos extranjeros y se la dotó de modernas edificaciones para una docencia científica. A ella concurrieron las mejores mentes profesionales sin distingo confesional ni procedencia partidista. Acorde con el proyecto del Estado, la universidad debía ser nacional, hecho que implicaba cubrir el país, estudiarlo, conocerlo, representarlo.

Para el momento no era significativa la contraposición universidad pública y universidad privada. Estas últimas, muy reducidas, y de carácter confesional algunas de ellas –la Javeriana y la Bolivariana–, se oponían a los gobiernos liberales y desplegaban su labor formativa al mismo tiempo que otras instituciones de raigambre liberal como la Universidad Libre y el Externado de Colombia. Al igual que ahora, el asunto era el papel y las obligaciones del Estado frente a la universidad y la educación pública. El debate, muy afín a los problemas de nuestros días, se centraba en la función del Estado para garantizar la educación básica, la autonomía de pensamiento, la actividad científica, la calidad de la formación y la libertad de cátedra.

Las coincidencias con Álfonso López Pumarejo

Álvaro Tirado Mejía (1940) es abogado, profesor universitario, diplomático, historiador, escritor, politólogo y economista paisa.

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Archivo EL TIEMPO

Papel del Estado

¿Estado testigo? ¿Estado interventor? ¿Hasta dónde podía y debía ir la intervención de los gobiernos en materia de educación, salud, trabajo, economía y política social? En la Revolución en Marcha se optó por el intervencionismo de Estado plasmado en la Reforma Constitucional de 1936. Como en nuestros días, las corrientes se dividían entre intervencionistas y liberales clásicos, entre partidarios del laissez faire y de una mínima participación del Estado en la vida económica y los partidarios de una implicación activa del Estado en la economía con el fin de lograr un crecimiento del capital productivo y, al mismo tiempo, de procurar la justicia social.

Los primeros esperaban que la mano invisible del mercado guiara la economía y no pocos programas sociales. Pero los tiempos eran para el intervencionismo. Los efectos de la crisis de 1929 estaban muy frescos, y una de sus causas se atribuía a la falta de la regulación estatal. Por doquier se manifestaban las teorías de Keynes y en Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt llevaba a cabo el exitoso New Deal, amparado por el gobierno central de la Unión. La esfera jurídica no se quedó atrás. El constitucionalismo social y de control irrumpió en las primeras décadas del siglo XX con las disposiciones de las Cartas de México (1917), Weimar (1919) y España (1931). Todas ellas eran de clara estirpe intervencionista, ordenanzas que dominaron por más de medio siglo la vida de los Estados latinoamericanos.

Pero en el decenio de los ochenta cobraron fuerza los gobiernos “neoliberales” de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, seguidos rápidamente por las dictaduras militares de Chile y Argentina y por administraciones que pensaban que el peso de sus Estados había crecido demasiado. Su objetivo era la liberalización de la economía, la apertura al libre comercio, la reducción del gasto público y la disminución de los impuestos a las grandes corporaciones para que incentivaran el empleo. Entre tanto cobró vida la idea de que el Estado entorpecía el desarrollo económico y que las políticas sociales en pos de la equidad y la disminución de la desigualdad constreñían el crecimiento. Pero el hechizo se deshizo rápidamente. La crisis de 2008 evidenció los aspectos negativos de la falta de control y regulación del sistema financiero. A ello se sumaron los efectos diferenciados de la globalización, la crisis derivada de la caída de los precios del petróleo y el fracaso de las políticas del Fondo Monetario, que arrasaron con la economía griega.

Se halló que las veinticinco personas más ricas del mundo controlaban la mitad de la riqueza de la humanidad

Ahora, los críticos no provenían solo del campo socialista. A ellos se unieron economistas de diverso origen y científicos sociales preocupados por el eventual caos de la economía mundial y el aumento de la pobreza. En el mismo Foro de Davos, asiento de los grupos más acaudalados del planeta, se escucharon voces de alarma al constatarse la creciente concentración de la riqueza. Se halló que las veinticinco personas más ricas del mundo controlaban la mitad de la riqueza de la humanidad.

Es verdad que Colombia no ha llegado a los extremos de las políticas neoliberales adelantadas por las dictaduras del Cono Sur; ha guardado un modelo moderadamente intervencionista, pero no pocos sectores de su vida económica y social –los servicios de transporte, salud, energía y telecomunicaciones– se entregaron a la lógica del mercado sin amarras, dinámica que no pareció encontrar la mano invisible que controlara su ímpetu en pos de un equilibrio estable. Esto ha traído de nuevo las discusiones sobre el papel del Estado en los campos de la economía y de las políticas de protección de los sectores más vulnerables de la población tan caros a la Revolución en Marcha.

Se sabe que en todas partes, las reformas tributarias crean resistencia y oposición de los sectores afectados. Que el meollo de la discusión está en determinar cuál sector de la sociedad –si los más ricos, la clase media, los asalariados– soportará el mayor peso de la carga fiscal. Así sucedió cuando el gobierno de López Pumarejo propuso una tímida ley tributaria (78 de 1935), dirigida a gravar el exceso de utilidades, a la creación del impuesto al patrimonio y a aumentar las tarifas para las rentas más altas. Leyendo las discusiones de la época y los argumentos aducidos en esa ocasión, podría hacerse una doble columna con los argumentos esgrimidos en la actualidad por grupos poderosos y privilegiados en el debate de la reciente reforma tributaria que se presentó con el recatado nombre de Ley de Financiamiento: en lugar de nuevos o mayores impuestos, cóbrenles a los evasores; para qué pagar impuestos si se los roban; no hay que gravar el patrimonio, esto genera evasión y fuga de capitales; para atraer la inversión extranjera hay que ofrecerles tasas y descuentos especiales; si se reduce la carga impositiva a los grandes empresarios, automáticamente estos invertirán más en el país.

En nuestros días está de moda anunciar el fin de la democracia. Los medios de comunicación de masas —periódicos, revistas, noticieros– se solazan con el tema y como prueba acuden a la situación de algún país vecino o lejano con la narrativa de que el crecimiento de la economía requiere de gobiernos con “autoridad” (autocráticos) que superen las discusiones interminables de parlamentos indecisos e irresponsables y corruptos. Como en los treinta, vuelven a surgir las teorías conspirativas asociadas a la inseguridad, a la destrucción de la familia por las “ideologías de género”, al enemigo externo encarnado en el inmigrante, al poder de la izquierda, y hasta a las “liberalidades” del papa Francisco. También en los años treinta, la democracia fue atacada en una forma intensa y agresiva. Era el apogeo de las doctrinas totalitarias, antidemocráticas y antiliberales (...).

Con distintos actores y con similares argumentos, el debate sobre la democracia vuelve a cobrar el vigor que tuvo en el período relatado en este libro. En 1936, en el gobierno de López Pumarejo, las opciones estaban sobre la mesa: alzamiento o consenso, revolución o represión. En aquella ocasión, el país optó por la democracia con reformismo social.

ÁLVARO TIRADO MEJÍA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
Cortesía Penguin Random House

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