1989: Colombia, entre fuegos cruzados

1989: Colombia, entre fuegos cruzados

Primer capítulo del libro '1989', escrito por María Elvira Samper y publicado por Editorial Planeta.

Luis Carlos Galán

El asesinato de Luis Carlos Galán fue uno de los hechos más graves del año horrible de 1989. La foto fue tomada en Pereira en un homenaje hace 10 años.

Foto:

Ricardo Vejarano. Archivo/ EL TIEMPO

Por: MARÍA ELVIRA SAMPER
18 de abril 2019 , 12:15 a.m.

La violencia es una constante en la historia de Colombia y como la hidra de Lerna, el monstruo mitológico con cuerpo de serpiente de múltiples cabezas, se reproduce y recicla con mayor o menor intensidad a lo largo de nuestra vida republicana.

Unas veces allí y otras allá, el surgimiento de nuevos actores políticos y económicos crea escenarios de competencia por el poder con los viejos y tradicionales, que se acomodan y reacomodan, interactúan o se combaten por la influencia y el control de territorios, de jugosos negocios legales e ilegales, de sectores sociales o políticos, de administraciones locales o regionales, de agentes estatales. Una competencia por el poder que se manifiesta en su forma más brutal en las zonas rurales, en las regiones más desprotegidas y abandonadas por el Estado, donde no pocas veces sus mismos agentes atizan la violencia para impedir la participación en la vida pública de líderes políticos, movimientos y organizaciones sociales.

Esa hidra de la violencia que repta desde las guerras civiles, adquiere dimensiones insospechadas en la década del ochenta, en particular durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), elegido en mayo de 1986 cuando aún están frescas las imágenes de la tragedia de la toma del Palacio de Justicia, episodio que marca un hito en la historia del país. Barco gana las elecciones por una significativa mayoría de votos (4.214.510) sobre el con- servador Álvaro Gómez Hurtado (2.588.050) y su victoria es atri- buida a una mezcla de euforia liberal y miedo al hijo de Laureano, uno de los principales protagonistas del período conocido como la Violencia. Es la última campaña en muchos años hecha en plaza pública, antes de que el narcoterrorismo arrecie y obligue a las siguientes a refugiarse en recintos cerrados y en los medios de comunicación, y a los candidatos a rodearse de guardaespaldas y aparatosos esquemas de seguridad.


El nuevo presidente llega a la Casa de Nariño bajo el lema de “Mano tendida y pulso firme”, con un programa de corte liberal y el propósito de desarrollar una serie de reformas para moder- nizar el Estado y la política, para poner a Colombia a tono con las nuevas realidades. Un programa que, para empezar, supone romper de una vez y para siempre con el Frente Nacional. Barco considera que ese pacto excluyente entre liberales y conservado- res, que en su momento sirve para poner fin a la violencia polí- tica, ya no tiene sentido porque ha generado nuevos conflictos y porque no permite la sana oposición y la competencia de partidos diferentes a los tradicionales.

El problema es que el pacto sobrevive a los dieciséis años inicialmente pactados, gracias al artículo 120 de la Constitución incorporado en la reforma de 1968, que obliga a dar participa- ción “adecuada y equitativa” al segundo partido en votos. Así, en acato a la norma, Barco ofrece tres ministerios a los conservadores bajo el entendido de que son a título personal y en adhesión al programa de gobierno, y no como cuota de partido para cogobernar. El Directorio no acepta y proclama lo que llama “oposición reflexiva”. Los azules quedan por fuera del Gobierno y el presidente libre de ataduras para acabar con la manguala bipartidista que tiene acostumbrados a liberales y conservadores a la cohabitación y a la repartija burocrática.

Sin embargo, romper esa tradición le genera problemas de go- bernabilidad en momentos críticos y le impide concretar algunos de los cambios de fondo que contempla el programa de gobierno. Para el primer mandatario son prioritarias la reforma política para oxigenar el sistema y ampliar los espacios de participación y representación, y la reforma de la justicia para combatir las nuevas modalidades del crimen organizado, que requieren ambas cambios constitucionales. También pretende recuperar para el poder civil el manejo del orden público y, no menos importante, mantener abierta la puerta del diálogo con las guerrillas con el fin último de su desarme, desmovilización y reintegración a la vida legal.


Un abanico de buenos propósitos que difícilmente puede convertir en realidad por falta de apoyo político, incluso de su propio partido, y por la intensificación de las violencias que des- garran al país –en especial la asociada con el narcotráfico–, que adquieren dimensiones insospechadas porque los capos acuden al terrorismo que multiplica el daño y afecta a la sociedad entera.

Al presidente Barco le esperan años difíciles, retos grandes y enormes desafíos. La violencia alcanza niveles tan altos en el cuatrienio, que este es considerado como uno de los más convulsionados del siglo XX, y 1989 el año más violento de la historia reciente. Enfrentar el embate del narcoterrorismo consume buena parte de los esfuerzos y la energía del Gobierno.

Las herencias

En el país que Barco debe gobernar, el homicidio es la primera causa de mortalidad. Según cifras oficiales, ha crecido cerca del 50 % en los últimos cuatro años. Las tasas más altas coinciden con las zonas donde guerrillas y grupos paramilitares se disputan el control. Los grupos subversivos han multiplicado sus frentes y ampliado su presencia en el territorio. Están presentes en cerca de 170 municipios de los 1.100 que tiene el país y no solo actúan en regiones de frontera y de colonización interna donde histórica- mente han tenido influencia y la autoridad del Estado es débil y precaria la presencia de la Policía, sino en nuevas zonas. Allí donde hay fuentes de riqueza, legales e ilegales –coca, carbón, petróleo, oro, agroindustria o ganadería–, que les permiten extraer rentas para financiar sus actividades y aumentar su influencia en lo local. Las Farc, que han sacado ventaja de la tregua pactada en los llamados Acuerdos de la Uribe con el gobierno Betancur, tienen cerca de cuarenta frentes, entre 3.000 y 3.500 hombres en armas –la mitad de todas las fuerzas guerrilleras–, y se han fortalecido y extendido a diez o más departamentos, proceso en el cual la coca juega un papel clave. El EPL concentra actividades en regiones de desarrollo agroindustrial como la zona bananera de Urabá, y de explotación petrolera como el Catatumbo (Norte de Santander). Y en cuanto al ELN, su expansión es notoria y coincide con el hallazgo del pozo petrolero de Caño Limón y la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Barco hereda un proceso de paz fracasado, una tregua frágil con las Farc, un clima de opinión antinegociación, y la desconfianza de los militarles en el poder civil, que rechazan el diá- logo con los grupos armados porque lo consideran no solo una claudicación ante el “enemigo comunista” que los ha obligado a pasar a la defensiva, sino la causa de su crecimiento y expansión. Aun así, el presidente insiste en buscar una solución política del conflicto interno.

Ha vivido y sentido en carne propia la violencia bipartidista y la persecución de los conservadores, y descree de la fórmula de la pacificación a sangre y fuego. Por eso, y a pesar de los errores del gobierno anterior, deja abierta la puerta de la negociación con los alzados en armas, les mantiene el reconocimiento político y respeta los acuerdos pactados. Les tiende la mano al EPL y al M-19 que han roto la tregua, y al ELN que no ha participado en los diálogos de paz. Advierte, sin embargo, que no le temblará la mano para imponer la fuerza legítima del Estado a los que no acepten dejar las armas y persistan en la guerra. “Mano tendida y pulso firme”, es el lema que identifica la política de paz.

El Gobierno redefine la estrategia, corrige los errores e ins- titucionaliza el proceso. No más comisiones de ciudadanos de buena voluntad como en el proceso con Betancur. En su remplazo crea la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, dependencia directa de la Presidencia, que también asume el diálogo con las comunidades. El Gobierno retoma el Plan Nacional de Rehabilitación de su antecesor, pero con una visión más amplia y técnica y con el doble propósito de combinar la política de reconciliación con la lucha contra la desigualdad y la pobreza. El objetivo es llegar no solo a las regiones más afectadas por la violencia, sino a zonas marginadas de la vida económica y social, y ampliar los espacios de diálogo a los campesinos, co- lonos y habitantes de las regiones. Los municipios se encargan de la ejecución del presupuesto, que pasa del 3 % al 14 % en los cuatro años de gobierno, mediante los llamados Consejos de Rehabilitación en los que participan las comunidades.

El programa empieza a desarrollarse en forma paralela a las conversaciones con la guerrilla, pero adquiere un dinámica distinta, pues mientras avanza y su cobertura se amplía –de 140 a más de 300 municipios en todo el período–, el diálogo con las Farc fracasa. Un año dura el proceso que, entre ires y venires, acciones violentas y la ambigüedad de la guerrilla, llega al punto de no retorno en septiembre de 1987, cuando las Farc emboscan un convoy del Ejército en el Caquetá, y mueren veintisiete solda- dos y 42 resultan heridos.

Barco advierte entonces que en cualquier parte del territorio nacional en donde la fuerza pública sea atacada, el Gobierno dará por terminado el cese al fuego. Se cierra así la mano tendida y le llega el turno al pulso firme. Las Farc siguen en la guerra, como han seguido en la guerra los otros grupos guerrilleros (Ver Anexo, página 245). Mal momento para el Gobierno que atra- viesa por una grave crisis de credibilidad y que además enfrenta una creciente movilización social, la doble embestida del nar- coterrorismo y el paramilitarismo, y el dramático y paulatino aniquilamiento de la Unión Patriótica, UP.

La guerra sucia

La UP es otra de las herencias políticas que recibe el presidente Barco. El partido que surge de los acuerdos con las Farc muestra un avance notorio en su primer año de vida, que se refleja en los resultados de las primeras elecciones en las que participa: en las regionales de marzo saca dieciocho diputados y 335 concejales, y en las presidenciales y de Congreso en mayo, elige cinco senadores y nueve representantes, y su candidato a la Presidencia, Jaime Pardo Leal, obtiene el 4.5 % del total de la votación, la más alta de la izquierda hasta entonces.

El presidente le reconoce legitimidad al nuevo partido en su discurso de posesión. Destaca su presencia en el Congreso como muestra de que las diferencias y contradicciones políticas pueden dirimirse por las vías democráticas, y anuncia que va a impulsar iniciativas como la consulta popular, la creación de una circunscripción para que las minorías puedan tener una adecuada representación en el Congreso, y la reglamentación de la elección popular de alcaldes, principal reforma política de la administración Betancur.

Es una oportunidad para abrir espacio a nuevas fuerzas y figuras políticas, para romper la manguala bipartidista y el clientelismo, pero es una oportunidad que líderes regionales ligados a los partidos Liberal y Conservador –sobre todo al primero–, perciben como un peligro, como una seria amenaza. No ven con buenos ojos la competencia en regiones donde la UP tiene acogida, acostumbrados como están a la distribución equitativa de las cuotas de poder, y más interesados en controlar sus feudos electorales que en apoyar reformas políticas.

El rechazo se traduce en apoyo a los grupos paramilitares, que cuando Barco asume el cargo están armados, entrenados y financiados por narcotraficantes, en particular por los capos del cartel de Medellín, y adelantan una campaña de exterminio contra la UP. En ese momento, el partido contabiliza más de trescientos muertos entre miembros y simpatizantes, sobre todo en regiones como el Meta, Urabá y el Magdalena Medio, donde empieza a consolidarse como fuerza política. La situación es tan crítica, que antes de cumplir un mes en funciones, Barco se estre- lla con la realidad de la guerra sucia cuando son asesinados dos de los catorce congresistas de la UP recién elegidos: el representante Leonardo Posada y el senador Pedro Nel Jiménez. El Congreso solo lleva cuarenta sesiones.

Mes tras mes, año tras año, la barbarie paramilitar arrasa con la vida de dirigentes, congresistas, diputados y alcaldes de la UP, líderes sindicales, profesores, campesinos, indígenas y trabajadores afines a las organizaciones de izquierda. La violencia política crece de la mano del paramilitarismo y la guerra sucia escala a un nivel más alto en octubre de 1987 con el asesinato de Pardo Leal, el golpe más contundente contra el nuevo par- tido hasta ese momento. No será el último. Dos años después, en marzo de 1990, es ejecutado Bernardo Jaramillo, sucesor de Pardo Leal en la dirección del partido y candidato presidencial.

La maquinaria criminal de los paramilitares avanza arrolladora durante la administración Barco y en 1988, ya consolidada y bien aceitada en el Magdalena Medio, extiende sus tentáculos hacia Urabá, Antioquia y Córdoba, donde la guerra sucia entra en una nueva etapa, la de los asesinatos colectivos. Los hermanos Fidel y Carlos Castaño, con vínculos sólidos con el narcotráfico, son el motor y el objetivo es no solo sacar del camino a dirigentes de la izquierda, sino a sus bases políticas y sociales. Algo similar ocurre en el Meta en zonas consideradas fortines de las Farc, donde el partido gana terreno y los grupos armados del Mexicano y de Víctor Carranza reaccionan con violencia.

En 1988 el Gobierno está contra las cuerdas, desbordado. Se calcula que en el país hay entre 130 y 135 organizaciones para- militares, y lo más grave es que el Ejecutivo no tiene claridad ni posición unificada sobre la dimensión y el alcance del fenómeno. Mientras algunos funcionarios rechazan esos grupos porque los consideran criminales, otros los defienden con el argumento de que están amparados por la ley (Ley 68 de 1968). El presidente se desmonta de la controversia con el argumento de que el problema es de semántica. Las Fuerzas Armadas guardan silencio cómplice, pues algunas unidades usan esos grupos para hacer el trabajo sucio, y el aparato judicial está intimidado y además carece de instrumentos y recursos para sacar adelante las investigaciones relacionadas con la criminalidad narcoparamilitar.

Las masacres hacen de 1988 uno de los años con los más altos índices de violencia en mucho tiempo (el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, tiene documentadas sesenta con cerca de seiscientas víctimas). Es el año del exterminio masivo y del amedrentamiento de comunidades enteras, el período de mayor auge paramilitar. Los esfuerzos de la administración para ponerle coto a la guerra sucia se ven reducidos por el poder de los actores involucrados, la debilidad institucional y la corrupción del Ejército y la Policía, pero también por su misma ambigüedad. Solo, que, hasta mediados de 1990, en la recta final del mandato, el presidente Barco prohíbe los grupos de autodefensa y toma medidas contra el paramilitarismo.

La UP, la principal víctima de la guerra sucia, registra en- tonces más de mil muertos. La mayoría de esos crímenes son pla- neados y ejecutados por el brazo armado del cartel de Medellín, encabezado por Rodríguez Gacha, el Mexicano, y muchos otros por el clan de los Castaño.

Narcotráfico y extradición

El narcotráfico, que hasta los dos últimos años del gobierno Betancur es un asunto de segundo orden porque la agenda privile- gia el diálogo con las guerrillas, cobra protagonismo después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara en abril de 1984, cuando el presidente Betancur decide aplicar la extradición. La decisión desata la más violenta reacción de los capos del narco- tráfico, en particular del cartel de Medellín con Pablo Escobar y el Mexicano a la cabeza, que emprenden una cruzada terrorista para desestabilizar el sistema y doblegar a la sociedad, y presionar un cambio de las reglas del juego para tumbar la extradición.

El narcotráfico es el más grave problema interno. Alimenta la violencia paramilitar y es la piedra de toque del enfrentamiento entre los carteles de Medellín y Cali, que discrepan en los mé- todos para combatir la extradición y se disputan los mercados, y de la llamada guerra verde, entre esmeralderos, comprome- tidos en el negocio de las drogas y en la conformación de gru- pos paramilitares.

Es también un fenómeno transnacional en el que Estados Unidos, el mayor consumidor, es protagonista principal. Cerca del 80 % de la cocaína que esnifan sus ciudadanos la producen las mafias colombianas, y aunque Colombia no es el país que más cultiva coca, los carteles criollos tienen los laboratorios para procesarla, y controlan rutas y redes de exportación y distribución a los Estados Unidos. Para Washington el tráfico de drogas es un problema de seguridad nacional, y su concepción para combatirlo parte de la premisa de que la oferta crea la demanda, y de ahí que la solución empiece por atacar la producción.

Y como en Colombia las regiones cocaleras coinciden con zonas donde hay presencia de guerrillas y en algunas se dan alianzas temporales y de conveniencia (la guerrilla protege cultivos, pistas y laboratorios, y los narcos les dan armas o pagan un impuesto o “gramaje”), el término narcoguerrilla –acuñado dos años antes por el embajador Lewis Tambs– resulta funcional a la militarización de la lucha contra las drogas. Se matan dos pájaros de un tiro –subversión y narcotráfico– y en esa guerra asimétrica Estados Unidos pone la presión y Colombia los muertos.

El acusador desvía la atención del consumo en su propia casa, de los precursores químicos que produce y de las armas que fabrica y que llegan a manos de los narcotraficantes, y pone el foco en Colombia, la gran culpable. El narcotráfico define las relaciones bilaterales. Sin embargo, y pese a la dimensión e implicaciones del problema para el país, el presidente apenas lo menciona en forma tangencial en el discurso de posesión: “El tráfico de drogas y el terrorismo, graves delitos contra la hu- manidad, son preocupación principal de todas las naciones. Por ello continuaremos colaborando con los esfuerzos que hace la comunidad de naciones para salvar a nuestra civilización de sus perversos efectos”.

Barco sabe que no tiene mayor margen de maniobra en relación con la política antidrogas de Washington, y sabe también que el aparato judicial colombiano es débil y pobre en recursos; que carece de instrumentos jurídicos para enfrentar la crimina- lidad asociada al narcotráfico; que es precaria la preparación de los organismos de inteligencia, y que la intimidación y el soborno a los jueces, y la infiltración de las mafias en las Fuerzas Armadas y sus organismos de inteligencia, hacen en extremo difícil, si no prácticamente imposible, frenar el crecimiento del narcotráfico y sus manifestaciones violentas, y juzgar a los responsables. Para completar el grave cuadro clínico, no hay diagnósticos precisos ni políticas definidas, y la alternativa de la negociación –ya intentada y fracasada en 1984 durante la administración Betancur–, no es aceptable para Washington.

Ante este estado de cosas, el Gobierno encuentra que la extradición es el mecanismo que causa mayor impacto en las mafias. Es su gran temor, la verdadera amenaza. “Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”, dice la consigna de Los Extraditables, que ordenan eliminar a jueces y magistrados que se han atrevido a abrir o a impulsar procesos para incriminarlos, pero en los primeros tres meses de mandato, Barco queda notificado de que la decisión es ampliar los blancos de tiro.

Entre septiembre y diciembre de 1986 son asesinados Raúl Echavarría Barrientos, subdirector del periódico Occidente de Cali, crítico de las mafias; el coronel Jaime Ramírez, jefe de Antinarcóticos de la Policía y comandante de la operación que desmantela en 1984 un complejo de laboratorios para procesar cocaína del cartel de Medellín, y el director de El Espectador, Guillermo Cano, abanderado de la causa contra la nefasta influencia del narcotráfico en la vida del país. Estados Unidos pre- siona cada vez más para que Colombia aplique la extradición.

Para seguir los lineamientos de Washington y hacer efectiva la extradición, Barco debe moverse en un laberinto jurídico que disimula muy mal la intimidación del aparato judicial, amena- zado por las mafias. En momentos en que la Corte Suprema de Justicia analiza una demanda contra la Ley 27 de 1980, aprobatoria del tratado de extradición, Los Extraditables ofrecen parar las “acciones militares” contra quienes apoyan la figura si deciden suspenderla. La demanda es de un abogado de los narcos y el argumento para tumbar la figura es formal, vicios de procedimiento: la ley ha sido sancionada durante el Gobierno de Julio César Turbay por un ministro delegatario, Germán Zea, y el presidente no puede delegar esa función.

La Corte compra la teoría y el 12 de diciembre de 1986 tumba la extradición. Santanderismo puro que anticipa la carrera de obstáculos que será la Presidencia. Barco reacciona de inmediato y para corregir el problema formal firma la Ley 68 de 1986 que aprueba la extradición, en presencia de sus ministros y del procurador Alfonso Gómez Méndez. El Congreso le da la bendición a la ley y en febrero de 1987 el Gobierno da vía libre al traslado de Carlos Lehder, capo del cartel de Medellín, a los Estados Unidos.

Pero la batalla jurídica sigue. La ley es demandada de nuevo y después de meses de debates y de empates, un conjuez inclina la balanza y la Corte declara inexequible el tratado en junio de 1987. De nuevo el presidente queda impedido para extraditar narcos a los Estados Unidos. No obstante, en 1988 surge una nueva oportunidad cuando la Sala Penal de la Corte Suprema se abstiene de pronunciarse en un caso de extradición, y advierte que está vigente un tratado multilateral que Colombia suscribe en 1888, el Tratado de Montevideo, el primero que menciona el trá- fico de sustancias controladas como delito causal de extradición, y que considera aplicable el mecanismo por vía administrativa.

La Corte salva el pellejo y el presidente queda con la facultad de extraditar, facultad que ejerce mediante un decreto de estado de sitio en agosto de 1989 para restablecer la extradición, luego de los asesinatos del comandante de la Policía de Antioquia, co- ronel Valdemar Franklin Quintero, y del candidato liberal Luis Carlos Galán.
Durante los cuatro años de la administración, la lucha de las mafias contra la extradición se lleva de por medio las vidas de funcionarios judiciales, periodistas, cuatro candidatos presidenciales y un procurador; de cientos de personas inocentes muertas en atentados con bombas, y de más de cuatrocientos policías por cuyas cabezas Escobar paga en promedio dos mil dólares. Un siniestro historial que incluye el secuestro de Andrés Pastrana, hijo del jefe de la oposición y candidato a la Alcaldía de Bogotá, y del hijo de Germán Montoya, mano derecha del presidente Barco secretario general de la Presidencia.

El estado de sitio

En el catálogo de buenos propósitos del Gobierno para restablecer la democracia plena, figura recuperar para el poder civil el control del orden público, que, en la práctica, se ha vuelto dominio exclusivo de los militares porque el país vive en perma- nente estado de sitio. Un régimen de excepción que les reconoce facultades extraordinarias y que aumenta sus prerrogativas, pero que no ha significado mayor eficacia en la lucha contra la subver- sión, y en cambio suspende garantías constitucionales y limita las libertades públicas.

Pese a las buenas intenciones, el presidente se ve en la necesidad de acudir a esa figura extraordinaria que convierte al Ejecutivo en legislador y le da gobernabilidad. Es el instrumento más expedito y a la mano para combatir el narcotráfico y las violencias asociadas al crimen organizado, para ordenar medidas de protección a las autoridades amenazadas, endurecer penas, tipificar nuevos delitos, castigar el paramilitarismo y estimular la colaboración con la justicia.

La debilidad del aparato judicial, la corrupción en el Ejército y la Policía, y la poca posibilidad de que el Congreso –intimidado o sobornado por las mafias– apruebe las reformas que requiere la justicia, son razones suficientes para echar mano de ese me- canismo de excepción. Al fin y al cabo, el país está en estado de guerra y Barco ejerce su mandato entre los fuegos cruzados de varias confrontaciones.

El primer mandatario acude al régimen de excepción en no pocas ocasiones. Por ejemplo, en enero de 1988 luego del secues- tro de Andrés Pastrana y del asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, para promulgar el Estatuto para la Defensa de la Democracia o Estatuto Antiterrorista, un paquete de medidas para enfrentar jurídicamente al narcoterrorismo. Y en agosto de 1989, como respuesta a los asesinatos del coronel Valdemar Franklin Quintero y del candidato liberal Luis Carlos Galán, para restablecer la extradición por vía administrativa y dictar normas para fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas.

Sin embargo, el presidente considera que disponer de ese me- canismo no es suficiente, que es necesario convertir las medidas tomadas al amparo del estado de sitio en normas ordinarias y permanentes, y que solo mediante una reforma constitucional es posible diseñar un nuevo ordenamiento penal para hacerle frente a las diversas formas de violencia, y para crear instituciones remo- zadas, acordes con las nuevas realidades políticas y sociales. La vetusta Constitución de 1886 no da la talla, se ha quedado corta.

Reforma constitucional

La reforma constitucional, una de las obsesiones de Barco, empieza a tomar forma en enero de 1988. Noticias que auguran un mal año, como el asesinato de dos líderes sindicales, la explo- sión de un carro-bomba frente al edificio Mónaco donde vive la familia de Pablo Escobar, el secuestro de Andrés Pastrana, y el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, abruman a los colombianos que se sienten acorralados, amedrentados, y ponen al Gobierno contra la pared. Este no parece tener los instrumen- tos necesarios para frenar la oleada violenta, y su credibilidad y legitimidad están por el suelo.

Ante la crisis, El Espectador, crítico del gobierno por dé- bil y carente de iniciativa, propone una salida en editoriales consecutivos: consultar a los colombianos sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Política. El presidente, que viene madurando la idea con sus asesores, recoge el guante y responde con una carta en la que apoya la propuesta. Cree que es la única vía posible, pues intentos anteriores han naufragado en el Congreso. Barco propone el 13 de marzo, fecha de la primera elección popular de alcaldes, para que los colombianos se pronuncien sobre si están o no de acuerdo con derogar el artículo 13 de la reforma que da vida el Frente Nacional, y que prohíbe cambiar la Constitución por la vía del constituyente primario. Si gana el Sí –dice el presidente– el Gobierno tendrá las bases jurídicas y políticas para convocar una Constituyente.

Los partidos –y los expresidentes– reciben la propuesta en las espuelas, mientras varios sectores de opinión se muestran a favor. Poco a poco la controversia se decanta y el Gobierno firma en febrero un acuerdo con el jefe de la oposición, el expresidente Misael Pastrana Borrero: el Acuerdo de la Casa de Nariño. El objetivo es crear una comisión preparatoria con participación del Gobierno y representantes de todos los partidos, y su tarea es redactar un texto, un proyecto de reforma para someterlo a consideración del Congreso. El referendo debe votarse el 9 de octubre de ese año.

El engranaje comienza a rodar en febrero, y algunos sugie- ren que las comisiones del Congreso abran espacio para oír a las guerrillas. La Consejería de Rehabilitación tiene una propuesta en el mismo sentido, pero con la condición de que los alzados en armas muestren su disposición al diálogo para trazar una hoja de ruta que conduzca a su desmovilización. El Consejo de Estado se atraviesa y suspende el acuerdo con la tesis de que es un acto administrativo y que no es posible reformar la Constitución por la vía plebiscitaria. La decisión cierra también la puerta a las conversaciones con la guerrilla.

Pero el Gobierno no cede, vuelve a la carga y en julio radica en el Congreso el proyecto de reforma constitucional. Su primera etapa transcurre sin mayores obstáculos y la reforma es aprobada en primera vuelta en diciembre. Pero con el paso de los meses pierde impulso, se va quedando sin dolientes, y en la recta final el ambiente está tan tenso por la violencia narcoterrorista, que una propuesta para introducir un artículo para someter la extradición a votación popular obliga al presidente a hundir la reforma.

Con amplios sectores de opinión que consideran que la extradición es la causante de tantas vidas perdidas, de tanta sangre derramada, y que se muestran a favor de eliminarla, y con congresistas intimidados o sobornados, el Gobierno teme que el narcotráfico interfiera en la consulta y advierte sobre ese riesgo. Senado y Cámara hacen oídos sordos y aprueban la iniciativa. El Gobierno no puede permitir que triunfen los narcoterroristas y el 15 de diciembre le da la estocada final a la reforma. Un fracaso más en el intento de hacer un cambio institucional profundo.

Pero no todo está perdido. El movimiento estudiantil que surge tras el asesinato de Galán y que se manifiesta en la llamada Marcha del silencio, recoge la bandera de la reforma y la mantiene en alto. Su objetivo es hacer viable la llamada séptima papeleta para que los colombianos se pronuncien en las elecciones regionales de marzo de 1990 sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La propuesta recibe el apoyo de los medios y de algunos sectores políticos y de opinión, y aunque desata una controversia jurídica el Gobierno manifiesta su disposición a impulsar el proceso.

El 11 de marzo de 1990, la séptima papeleta logra cerca de dos millones de votos, según conteo informal de los universitarios, pues la Registraduría no interviene porque carece de mandato legal para hacerlo. Y aunque la consulta no es vinculante, crea una situación de facto que le da pie al presidente para jugársela de nuevo por la reforma. Entonces, mediante un decreto de estado de sitio ordena a la Registraduría que conta- bilice la votación de la consulta en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. Gana el Sí con 5.236.863 votos, el No obtiene 230.080 votos. Corresponde al nuevo presidente, César Gaviria, seguir adelante con el proceso que culmina en la promulgación de una nueva Constitución en julio de 1991. La Carta Política de Núñez y Caro recibe cristiana sepultura. El presidente Barco ha preparado el camino del cambio constitucional que no puede hacer realidad durante su gobierno.

Diálogo de paz

La mano tendida de las conversaciones de paz no resulta con las Farc, pero un año después, por contradictorio que parezca, el secuestro de Álvaro Gómez (29 de mayo de 1988) abre una nueva ventana de oportunidad. El M-19 reconoce la autoría y utiliza el plagio para invitar a un diálogo nacional. En una reunión en Panamá el 14 de julio de 1988, de la cual el Gobierno se margina, dirigentes políticos, representantes de la Iglesia, de los sindicatos y de los gremios, acuerdan con voceros del grupo guerrillero la liberación de Gómez y una cumbre de paz en Bogotá. Dicho y hecho, el líder conservador es dejado en libertad y la cumbre de paz se lleva a cabo en Usaquén a finales de julio. El M-19 recupera protagonismo y Gómez, antes enemigo de negociar con las guerrilla, se vuelve aliado.

El Gobierno reitera que el diálogo con la subversión solo tiene sentido si el objetivo es poner punto final a la lucha armada, y como no quiere dejar la pelota en la cancha de la oposición, el 1 de septiembre presenta la Iniciativa para la paz. Recupera así margen de maniobra y la posibilidad de que en la reforma cons- titucional que tramita el Congreso se incluyan circunscripciones especiales de paz, para que los grupos armados que se desmovi- licen puedan participar en las elecciones de marzo de 1990.

El Eln y el Epl rechazan la iniciativa del Gobierno, las Farc y el M-19 abren un compás de espera, y el Quintín Lame propone unificar las propuestas de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que integra a todas las guerrillas. Barco revela en diciembre que el Gobierno ha hecho los primeros contactos con el M-19, y cuestiona a los demás grupos por persistir en las acciones violentas. Año y medio después, el 9 de marzo de 1990, el presidente y Carlos Pizarro, número uno del M-19, firman en la Casa de Nariño el acuerdo para el desarme, la desmovilización y la reintegración de ese grupo a la vida legal. Es la primera negociación exitosa de un gobierno con una organización guerrillera. El Epl, el Prt y el Quintín Lame siguen el mismo camino y firman la paz en los primeros meses de 1990.

Pero la violencia no da tregua y en abril de 1990 es asesinado Pizarro, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que nace tras la desmovilización. El crimen es cometido por sicarios al servicio de Carlos Castaño con la complicidad de agentes del DAS. Es el tercer aspirante a la presidencia eliminado por paramilitares en el mismo año. Un mes antes, el 22 de marzo, el candidato de la UP, Bernardo Jaramillo, ha corrido la misma suerte. La campaña de 1990 es la más violenta de todos los tiempos.

Pataleos de ahogado

Convencer a la comunidad internacional de que la lucha contra las drogas deber ser una responsabilidad compartida, es otro de los propósitos frustrados del presidente Barco. A lo largo de los cuatro años de gobierno no desaprovecha oportunidad para alzar la voz y llamar la atención sobre un fenómeno que no solo compromete a Colombia sino en particular a los Estados Unidos, el mayor consumidor de droga, proveedor de precursores químicos para procesar la cocaína, de armas que llegan
a manos de las mafias, y cuyos bancos lavan miles de millones de dólares al año.

Barco aborda el tema por primera vez ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en septiembre de 1986. Les hace un llamado a la solidaridad para combatir el narcotráfico, mensaje que reitera días después en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA y luego ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y en los años siguientes, en cada cumbre, en cada encuentro formal e informal con el presidente George Bush, le reclama por la falta de compromiso de su gobierno para controlar el consumo interno y por la ausencia de compensación por los sacrificios que hace Colombia en la guerra contra el narcotráfico, que se traducen en cientos de muertos, corrupción, inestabilidad política y crisis institucional.

Pero tal vez el llamado más importante y más sonado es el que Barco hace ante la Asamblea General de la ONU en septiem- bre de 1989: “La lucha internacional contra el narcotráfico no puede ser una guerra de palabras”, dice Barco, y advierte que la guerra del narcotráfico es mundial, que el agresor es una poderosa empresa criminal que ha declarado una guerra total contra todas las naciones, y que ha llegado la hora para que la comu nidad de naciones decida de qué lado está. Propone un plan de acción y termina la intervención citando a Churchill: “La muerte y el dolor serán los compañeros de nuestra jornada. Las penurias nuestro vestido. La constancia y el valor nuestro único escudo. Debemos estar unidos. Debemos ser audaces... Juntos podemos, debemos y vamos a triunfar”.

La Asamblea se pone de pie, la ovación dura varios minu- tos. Saludos a la bandera, a las banderas… Barco regresa a seguir enfrentando ese animal de muchas cabezas que envenena al país. La lucha contra el narcoterrorismo sigue consumiendo la mayor parte de los esfuerzos del Gobierno. Solo meses después, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, reconoce que la demanda está en la base del problema del narcotráfico. “Nuestros esfuerzos para reducir la producción de drogas no tendrán éxito mientras haya demanda”, dice al inaugurar la Conferencia Ministerial sobre la Reducción de la Demanda de Drogas y la Amenaza de la Cocaína, celebrada en Londres en abril de 1990. Washington nunca hace un reconocimiento similar, solo levanta el dedo acusador contra Colombia y los países productores.

El último pataleo lo da el presidente Barco en febrero de 1990, durante una cumbre de presidentes en Cartagena, a la que asisten Bush y los mandatarios de Bolivia, Jaime Paz Zamora, y de Perú, Alan García. Allí señala las consecuencias negativas que la guerra contra el narcotráfico tiene para la economía colombiana, y pide fortalecer las medidas para combatir el tráfico de drogas. Pero Bush no admite el problema del consumo y la visión de Washington queda reflejada en el documento final, la Declaración de Cartagena, que insiste en una estrategia antidrogas con énfasis en lo militar, en la represión.

El narcotráfico y su deriva narcoterrorista cambian en forma radical el campo de acción del Gobierno. Virgilio Barco ejerce el poder en medio de fuegos cruzados, abrumado por los cen- tenares de muertos, por la destrucción material y el deterioro institucional que dejan las diferentes violencias; por las pugnas políticas clientelistas, y por la indiferencia de la comunidad internacional que no acepta su cuota de responsabilidad en el tráfico de drogas. Capotea todas las tormentas e impotente presencia cómo las cortes y el Congreso se atraviesan a su propósito de reforma constitucional. Nunca antes el Estado ha estado en tan alto riesgo, erosionadas su autoridad y legitimidad. Al borde del colapso. No obstante, el presidente Barco logra el primer proceso de negociación exitoso con la guerrilla y siembra las semillas para la convocatoria de Asamblea Constituyente que da origen a la Constitución de 1991.

MARÍA ELVIRA SAMPER

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