Los casos de eutanasia que más han sacudido a sociedad colombiana

Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquella “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”.

Desde entonces se le ha pedido al Congreso que legisle y regule este derecho.

Hasta la fecha, se han presentado 13 proyectos de ley en el país relacionados con la reglamentación del derecho a morir dignamente. Todos se han ‘hundido’ en el proceso.

Dicha falta de legislación ha causado que quienes pretenden acceder a la muerte digna estén en una especie de ‘limbo’ legislativo al depender, únicamente, de la decisión de un comité médico. Dicho equipo debe evaluar las condiciones del paciente y, si considera que tiene una enfermedad terminal, accede a realizar el procedimiento.

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“El Congreso debe decir con precisión y claridad quién y en qué condiciones puede acceder a ese derecho para brindar seguridad jurídica, porque en muchos casos los médicos no quieren asistir a las personas que toman la decisión de morir de forma digna”, aseguró para ‘La W’ el congresista Juan Fernando Reyes Kuri, quién impulsó el último proyecto para reglamentar la eutanasia.

Mientras se decide sobre el futuro de esta ley, recordamos algunos de los casos más conocidos relacionados con la eutanasia en el país.

(En contexto: Congreso hundió el proyecto que reglamentaba la eutanasia en Colombia).

Hace unos días se conoció el testimonio de Yolanda Chaparro de Andrade, una mujer, de 71 años, que sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento que afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos.

Esta enfermedad no tiene cura y, después de un tiempo, causa que los músculos no funcionen para hablar, caminar, respirar y comer. Ante este deterioro, el cerebro sigue intacto, por lo que la persona queda “atrapada en un cuerpo lleno de dolores”, explicó Yolanda al Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (‘DescLAB’).

Desde mayo del 2020, esta mujer le contó a su neurólogo su deseo de morir dignamente mediante la eutanasia. De inmediato, el médico respondió ‘no’, afirmando que ella aún estaba “muy bien”.

Es por eso que, junto al abogado Lucas Correa, director de investigaciones de ‘DescLAB’, decidió radicar una tutela. Tras ello, su neurólogo aplicó un protocolo del Ministerio de Salud indicando que la paciente no era candidata porque su estado de salud no estaba “lo suficientemente deteriorado”, dijo Correa.

Según el abogado, debía cumplir varios niveles de deterioro como “estar postrada en cama o usar silla de ruedas permanentemente”, situación que Yolanda Chaparro quería evitar, pues no lo consideraba compatible con “una vida digna” y, por el contrario, le parecía “un trato cruel e inhumano”.

Después de una batalla legal de varios meses, los jueces de primera y segunda instancia negaron la tutela, en diciembre del 2020.

(Además: Una vez más el Congreso esquivó temas espinosos como la eutanasia). 

Por su parte, la mujer empezó a sentir cada vez más los efectos de su enfermedad, y comenzó a necesitar oxígeno, a usar silla de ruedas y a tener dificultad para comer.

Por consiguiente, en mayo de este año, Chaparro regresó a donde su neurólogo y ratificó su deseo de morir dignamente. Esta vez, los doctores convocaron un comité médico y, finalmente, autorizaron el procedimiento.

Yolanda Chaparro falleció a través de la eutanasia el pasado 25 de junio, acompañada de sus seres queridos.

Aunque su deseo ya fue cumplido, la batalla jurídica continúa, pues la tutela que interpuso el año pasado siguió su camino y, el 29 de junio, la Corte Constitucional determinará si su caso queda en revisión.

“Esperamos que la lucha de Yolanda sirva para que otras personas no tengan que sufrir lo que ella sufrió”, afirmó Correa.

El padre del famoso caricaturista Julio César González, más conocido como ‘Matador’, fue el primer ciudadano en Colombia al que se le practicó la eutanasia, el 3 de julio del 2015.

Ovidio, de 79 años, padecía un cáncer de boca que le había comprometido gran parte de sus funciones. Dos meses y medio antes de su partida, le comunicaron que su cáncer era terminal, por lo que decidió trasladarse a Pereira.

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“Llegó con la cara destruida, sufría y se quejaba de dolor; un día perdió el conocimiento y hubo que internarlo en la clínica. Y desde allá me convocó, como a su hijo mayor. Me dijo que quería la eutanasia y confesó que se sentía tan mal, que llegó a pensar en botarse desde el quinto piso de la clínica”, le contó ‘Matador’ a EL TIEMPO.

Desde entonces, el caricaturista se dedicó a hacer las averiguaciones correspondientes y, finalmente, logró que la Clínica Oncólogos de Occidente, en Pereira, citara a su padre para realizar el procedimiento el 26 de junio de 2015.

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Sin embargo, 15 minutos antes del encuentro, para el cual Ovidio y su familia ya se habían preparado, le negaron la eutanasia.

“Un doctor alegó que, para cumplirle ese derecho, él tenía que estar completamente postrado, y que como está puede vivir otro tiempo. Mejor dicho: que mi papá tiene que seguir sufriendo”, contó ‘Matador’ en aquel entonces.

Días después, el 2 de julio, la Clínica y la familia de Ovidio llegaron a un acuerdo y, finalmente, se autorizó su eutanasia. El procedimiento se hizo al día siguiente, con el propósito de no alargar más el sufrimiento del hombre.

“Es lamentable que este primer caso haya tenido que pasar por tanto trámite, es un doble dolor para mi familia que ahora ya terminó. Ojalá esto sirva para algo”, concluyó el caricaturista.

Esta mujer, que nació en Colombia pero vivió más de 30 años en Venezuela, murió el 10 de febrero de 2017, tras 16 años de lucha contra la esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP), enfermedad que la dejó paralizada del cuello para abajo.

Orrego, junto con su familia, se mudó a Medellín poco tiempo antes de fallecer, ciudad en donde solicitó, por medio de una carta enviada el 13 enero de ese año, el procedimiento de eutanasia.

Su hija Ana Carolina fue la encargada de registrar la petición de su madre en el documento: “Escribirla fue lo más difícil”, aseguró para ‘Noticias Caracol’.

La mujer esperó casi un mes para que le realizaran el procedimiento. Esto a pesar de que, según la Constitución, después de que el paciente solicita la eutanasia el comité científico debe pronunciarse máximo diez días después de la petición. Si dicho comité aprueba el procedimiento, éste se debe realizar en un máximo de 15 días calendario.

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“Cuando esto se retrasaba (...) mi familia estaba sumamente afectada y yo ni se diga. Podemos decir que la salud mental de toda mi familia estuvo bastante comprometida”, afirmó la paciente en un video en el que quería plasmar su testimonio.

Finalmente, en la mañana del 10 de febrero de ese año, luego de una larga espera, murió a través de la eutanasia, acompañada de sus hijos y su esposo.

“¿Por qué aquí nadie se ríe?”, fueron sus últimas palabras, las cuales sus hijos se tatuaron en sus brazos y, sobre todo, en su corazón.

Este hombre, de 59 años, contó en octubre del 2020 que lleva más de dos años solicitando la euatanasia a su EPS en la ciudad de Cali.

Víctor ha tenido dos accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, operaciones en la columna, entre otras patologías.

“Yo hace mucho vengo tratando que la EPS me autorice. Yo hace dos años he metido papeles, cada que vamos, averiguamos a ver si ya salió, si ya me autorizaron y hasta ahora nada. Hoy hablé con el médico que lleva mi caso allá en la EPS”, dijo Escobar a ‘BLU Radio’.

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“Yo le mandé las cartas que había mandado en ese entonces y me dijo que eso no lo habían subido al sistema y que me toca volver a empezar de cero”, agregó.

Días después de que su caso fuera visible en todo el país, a Victor le negaron el procedimiento porque un comité médico no consideró que su padecimiento fuera una enfermedad terminal, según escribió la periodista Claudia Palacios en su columna ‘VIVIR o vivir’.

Desde entonces Víctor, junto a su esposa, sigue batallando con sus enfermedades.

Esta decisión avivó el debate de la manera en la que se ha practicado la eutanasia en el país, que, de acuerdo con Palacios, “es un derecho negado a la mayoría de las personas que lo requieren. La Fundación ‘Pro Derecho a Morir Dignamente’ asegura que por cada solicitud formal y aceptada en comité son negadas otras tres”.

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