Este miércoles fue aprobado, en cuarto debate de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca que las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sean reconocidas como trabajadoras formales del Estado y entren a la nómina de la entidad con contrato a término indefinido.
Se trata de una pelea de varias décadas en la que estas mujeres ¬-en las categorías Fami, tutoras y sustitutas- buscan ser contratadas y dejen de ser consideradas voluntarias, concepto mediante el cual prestan su labor desde 1986.
El proyecto de ley, propuesto por el senador del Polo Democrático Alexander López, pasa este jueves 15 de diciembre a la fase de conciliación entre Senado y Cámara y tiene dentro de sus objetivos proteger los derechos laborales de estas trabajadoras y que se establezcan garantías en materia de seguridad alimentaria, entre otras disposiciones.
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La iniciativa también pretender establecer los lineamientos contractuales entre las madres comunitarias y el ICBF, al igual que para las demás personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia dentro de la institución.
“Este es un tema que causa mucha sensibilidad, más cuando este año han muerto más de 20 madres comunitarias, sin ningún tipo de pensión. Hasta ahora, y después de 30 años sin estabilidad laboral, el Estado piensa en garantizarles sus derechos laborales”, aseguró López.
Cabe recordar que, recientemente, la Corte Constitucional ordenó al ICBF pagarles la pensión a 106 madres comunitarias, quienes interpusieron tutelas para que se les reconociera ese derecho.
Esa decisión despertó la preocupación del Gobierno, pues con ella se abriría el camino jurídico para que hasta 120.000 mujeres, que han pasado por este programa de voluntariado en los últimos 28 años, hagan la misma solicitud. Según Cristina Plazas, directora del ICBF, esta situación –aún por definir jurídicamente- representaría un presupuesto adicional de 20 billones de pesos para cubrir esos gastos.
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Sobre este punto, López añadió que la nueva ley va en el mismo sentido de la sentencia de la Corte; pero, según él, no existiría el impacto fiscal del que habla Plazas “porque las madres comunitarias seguirían siendo contratadas con el mismo dinero pero a través del Icbf y no de terceros, como ocurre en la actualidad”
El proyecto en mención plantea que las madres comunitarias tengan derecho a un subsidio permanente a la vejez, que se incrementaría anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente. Otro punto importante es que el acceso gratuito a la educación básica y media en las instituciones educativas oficiales, para lo cual el Gobierno nacional expedirá la reglamentación correspondiente. El ICBF no se ha pronunciado al respecto.
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