¿Quién responde por la quiebra de los teatros en Colombia? / Opinión

¿Quién responde por la quiebra de los teatros en Colombia? / Opinión

Descarnado panorama actual del Teatro Libre, por Ricardo Camacho, su fundador y director.

Teatro Libre

Ricardo Camacho y Juan Diego Arias en la sede de Chapinero del Teatro Libre.

Foto:

Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por: Ricardo Camacho
14 de junio 2020 , 10:40 p.m.

Esta es la situación del Teatro Libre, en esencia, la misma de todos los teatros y salas privadas del país: las dos salas del Teatro Libre están cerradas desde el 16 de marzo; los contratos de las 17 personas del equipo administrativo están suspendidos. Los actores y demás personal artístico no tienen contratos de trabajo y, como su ingreso proviene de una parte de la taquilla, no tienen con qué sufragar ni siquiera la seguridad social, aunque sean muy claras las consecuencias de no pagar estas cotizaciones. Los gastos indispensables de la sala, como –otra vez– la seguridad social de los trabajadores, el aseo, la vigilancia, servicios públicos, etc., están a punto de ser interrumpidos, con la perspectiva de que los teatros se queden como tierra de nadie.

Y siguen llegando los cobros de los impuestos, el “de pobres” (sí, tal como se lee), el predial, etc.

Y, estando quebrados, ¿se puede acaso vislumbrar algún tipo de actividad futura una vez se salga de la pandemia, con los protocolos que han de regir para los espectáculos públicos? La mayoría absoluta de las salas de teatro tienen un aforo que no pasa de las 200 sillas, y, si se reduce este a la mitad, más el resto de acondicionamientos que se requieren, es más que dudosa la posibilidad de poder volver a programar un espectáculo.

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¿Qué ocurre? A comienzos de los años 90, el entonces ministro de Cultura, Ramiro Osorio, puso en marcha, entre muchísimas ejecutorias vitales para la cultura del país, la política de las Salas Concertadas, que consistía en que el Estado subvencionaba los gastos administrativos mínimos de las salas de teatro para garantizar que pudieran mantenerse abiertas. No se oculta que, finalmente, esta era una forma de subsidio al público, y esa política produjo una verdadera eclosión de la actividad teatral en el país.

Y siguen llegando los cobros de los impuestos, el “de pobres” (sí, tal como se lee), el predial, etc.

Pues bien, en algún momento, el Estado decidió adulterar la política de las Salas Concertadas, y ahora esos recursos no podrán volver a ser utilizados para su propósito original, sino para proyectos concretos. Esta decisión le permitió al Estado ahorrarse todo un rubro de los ya raquíticos presupuestos para los teatros, dado que, mientras funcionó la política de Salas Concertadas, funcionaba al tiempo la de los proyectos. Así que lo que eran dos programas distintos y complementarios, cada uno con su propio presupuesto, fueron reducidos a uno solo: el de los proyectos.

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Ya es de por sí una afrenta la que padecemos los teatros e instituciones que llevamos más de 40 años trabajando de forma ininterrumpida al tener que demostrar nuestra existencia año tras año, y tener que concursar para los proyectos, cuando nos hemos ganado con creces el derecho a una subvención permanente y generosa.

Se les ha pedido al Estado, al Mincultura y a la Secretaría de Cultura que, así no sea sino por la situación ocasionada por la pandemia, se permita que los recursos de los proyectos puedan destinarse a gastos administrativos, para así poder operar aun cuando sea a un primer nivel. La respuesta, alegan, son los “impedimentos legales”. Como si no se hubieran liberado recursos para otros sectores acudiendo a legislaciones de emergencia.

Pretenden el Mincultura y la Secretaría que se pueda llevar a cabo un número de proyectos virtuales cuando no hay las más mínimas infraestructura y logística para desarrollarlos. Y pretenden que para desembolsar lo poco que reparten, los teatros adquieran varias pólizas de $ 400.000 cada una, so pena de no girarlos. Y, de contera, distraen al sector con el embeleco de la “economía naranja”, que, en buen romance, aspira a convertir a los creadores en “gestores”, “emprendedores”, para que sus “productos” sean “sostenibles” y “rentables”, escamoteando así la obligación del Estado de subvencionar la cultura.

Se sabe que, desde los griegos, una de las marcas de agua que miden a una civilización es la del apoyo liberal y desinteresado a la cultura, sin el cual ella no es viable. ¿Estarán enteradas las autoridades culturales locales de que Alemania declaró a la cultura como bien de primera necesidad?

RICARDO CAMACHO
Fundador y director del Teatro Libre
Columnista invitado

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