¿Por qué embargo en favor de Sea Search no afecta proceso del galeón?

¿Por qué embargo en favor de Sea Search no afecta proceso del galeón?

Gobierno asegura que polémica decisión no cobija las verdaderas coordenadas donde está el San José.

El galeón San José fue hundido en junio de 1708 frente a las costas de Cartagena.

El galeón San José fue hundido en junio de 1708 frente a las costas de Cartagena.

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Ministerio de Cultura

Por: Cultura y Entretenimiento
02 de abril 2019 , 11:16 p.m.

Aunque temporalmente la firma Sea Search Armada se anotó un tanto por la decisión de una Sala del Tribunal Superior de Barranquilla de decretar una medida cautelar en su viejo pleito por el galeón San José, para Colombia no hay efectos reales en el proceso de recuperación de ese histórico naufragio. 

La Sala Octava de Decisión Civil de ese tribunal revivió la medida de embargo sobre lo que se recupere del mar. Esta misma semana, el Estado colombiano -coordinado por la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, en cabeza de Camilo Gómez- presentará un recurso ante esa misma instancia para que se eche atrás la decisión. 

Los argumentos de fondo de Colombia son dos. Primero, que cualquier disputa por la propiedad sobre ese patrimonio ya la resolvió la Corte Suprema (instancia superior de Tribunal) en favor de la Nación desde el año 2007. Ese fallo declaró ilegal cualquier reconocimiento de derechos previos a un privado por la eventual recuperación de patrimonio histórico y cultural, y sus alcances fueron revalidados por una sentencia de unificación del Consejo de Estado del año pasado. En el caso de lo que se considere como tesoro (cargas de minerales preciosos en bruto, por ejemplo), sí podría dar lugar una repartición. 

La medida cautelar que se decidió en Barranquilla, entonces, no tiene sustento legal, al tenor de las decisiones de fondo de las altas cortes, en lo que se refiere a patrimonio histórico y cultural. 

El segundo argumento es más concreto: el Estado sostiene que las coordenadas declaradas en 1982 por los buscatesoros norteamericanos (que compró después Sea Search Armada) no corresponden a la ubicación real del naufragio. Así, incluso si se mantuviera la medida de embargo no se afectaría el proceso real de recuperación porque en esas coordenadas específicas, en el mar frente a Cartagena, no se tiene planeado realizar ninguna operación. 

Por eso la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez aseguró este martes que el actual proceso del San José no se afecta. "Lo declarado por la Sala Octava del Tribunal Superior de Barranquilla solo se refiere a una medida procesal antigua que en nada afecta el proceso contractual vigente en este momento", dijo Ramírez. 

Colombia mantendrá en la más absoluta reserva las coordenadas donde se encuentra el naufragio y no cederá frente a las estrategias que buscan la revelación de esta valiosa información

"Colombia mantendrá en la más absoluta reserva las coordenadas donde se encuentra el naufragio y no cederá frente a las estrategias que buscan la revelación de esta valiosa información", aseguró la Vicepresidenta.

Entre los argumentos con los que cuenta Colombia para defender sus derechos plenos sobre el San José está el informe Columbus, realizado por una firma extranjera que a comienzos de los 90 exploró el área declarada por la Sea Search. Ese informe concluyó, por ejemplo, que lo que los cazatesoros aseguraban eran los palos mayores de la nave correspondían en realidad a trozos de madera de no más de 60 años de antigüedad. 

La Sea Search sostiene que el barco está en las coordenadas que informó en los 80, pero el Gobierno colombiano, que lo ubicó en diciembre del 2015 con la Maritime Archeology Consultands (MAC), sostiene que el sitio es otro y que su ubicación se mantendrá en secreto pues se trata de un patrimonio de los colombianos. Igualmente, se aprobó la ley de Patrimonio Sumergido para proteger los hallazgos eventualmente recuperados de aguas dulces y saladas. 

Recientemente, según fuentes oficiales, la Sea Search pidió a Colombia autorización para una nueva exploración. Sin embargo, pretendía que esta incluyera no solo el punto del que se habló en los 80 sino un área circundante de 10 millas, lo que les fue negado por improcedente. Diez millas (16 kilómetros) equivalen a la distancia que hay entre el centro de Bogotá y el municipio de Cota, en la Sabana.  

Luego de establecerse el hallazgo arqueológico y de estar las coordenadas en poder del Gobierno, este último abrió una licitación en el que la MAC aparece como originador. Se trata de una Asociación Público Privada en la que el Estado no pone recursos.

Sin embargo, el proceso se ha dilatado y el gobierno de Iván Duque prorrogó por tres meses más el anuncio de la licitación, pues pidió más asesoría al Consejo de Estado.

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