Hace unos días, en París, la casa Christie’s subastó 139 piezas precolombinas y algunas alcanzaron precios nunca vistos. Las representaciones diplomáticas de México, Guatemala, Honduras, Colombia y Perú intentaron de modo conjunto que la operación se suspendiera, pero no lo lograron. El fracaso dejó en claro que nuestras legislaciones para proteger los bienes patrimoniales chocan con la legislación internacional que regula el comercio de obras de arte, discrepancia de talla que deja un único damnificado: el pasado prehispánico.
Las autoridades mexicanas afirmaron que “la comercialización de piezas arqueológicas fomenta la delincuencia transnacional” y estimula las “excavaciones ilícitas”, dos verdades de a puño. Empujado a la clandestinidad, el guaquero desentierra tesoros y nos condena a ignorar datos mínimos como son el lugar de origen y la precisa antigüedad de sus hallazgos, por lo que el problema debe ser replanteado para llegar a soluciones prácticas desde el punto de vista científico y patrimonial, sin afectar la libre y necesaria circulación de las obras. Hace generación y media, cuando Colombia goleó a Argentina, Maradona hizo una declaración que los marcadores posteriores han confirmado: se trató de un accidente de la historia. En el caso de que tratan estas palabras, el 5-0 del título es una reiterada, continuada e incomprensible perversión de la historia.
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Diez años después de los saqueos arqueológicos acontecidos en la hacienda Malagana de Palmira, donde se usaron retroexcavadoras para sacar piezas de oro enterradas en un cementerio indígena, se dictó el decreto 833 de 2002. El documento precisa con razón que hay una “conjunción estructural” entre los bienes muebles e inmuebles definidos como arqueológicos y el cabal conocimiento de “su origen o época de creación”, tal y como lo definen los tratados internacionales. Considera, además, que separar “estos bienes de su originario contexto arqueológico representa una forma de afectación o pérdida de información”, generando “un irreparable empobrecimiento del patrimonio cultural”.
El 12 y 13 de marzo de 2012, Telepacífico informó en el noticiero 90 Minutos que la extracción ilícita de tesoros continuaba en Malagana y entrevistó a guaqueros en el acto de lavar piezas sacadas de un cañaveral, el claro indicio de que el decreto no estaba cumpliendo su propósito. La ineficacia de la disposición gubernamental la creó el artículo 3, en el cual se decreta lo siguiente: “Los bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico, la información arqueológica y/o en general el contexto arqueológico integran el patrimonio arqueológico, el cual pertenece a la Nación, es inalienable, imprescriptible e inembargable”.
Los pectorales de oro y las vasijas de cerámica, por ejemplo, son bienes tangibles. La información arqueológica, en cambio, es intangible y deriva de los datos acopiados por los arqueólogos durante las excavaciones. Lo tangible y lo intangible, según el decreto, pertenecen por igual a la Nación y deben ser protegidos con idéntico celo. Solo que la condición de bien inalienable e inembargable puede aplicarse al pectoral y la vasija, no a su origen y datación con la técnica del carbono 14, información de libre circulación entre los académicos. Pues bien, en el caso de la pertenencia patrimonial que se invoca, qué deben privilegiar los funcionarios del Icanh responsables de aplicar el decreto, ¿el objeto material o la información inmaterial?
Para impedir la compra-venta del objeto coleccionable se estableció que, enterrados o desenterrados, los objetos precolombinos son propiedad de la Nación y “se encuentran fuera del comercio”, por lo que “son intransferibles a cualquier título por su tenedor”. El resultado perverso de la medida es que los guaqueros, aunque la norma lo exige, no reportan sus hallazgos. No hay incentivos económicos que los estimulen en esa dirección y los objetos contrabandeados terminan en manos de coleccionistas desconocidos. En otros casos, los objetos de oro son fundidos, borrándose la prueba del ilícito cometido. La clandestinidad favorece, además, las falsificaciones. Los conocedores denunciaron que 15 de las 139 piezas subastadas por Christie’s eran falsas, o sea que no fueron detectadas por los expertos de la casa de subastas.
Colombia ha estado tratando los enterramientos precolombinos como si se tratara de la minería. Si el oro, el carbón o el petróleo le pertenecen por ley, basta pagar unas regalías para extraerlos, comercializarlos y exportarlos legalmente. No sucede lo mismo con el bien precolombino, sometido a manipulaciones clandestinas. En lugar de impedir, el decreto ha favorecido la pérdida de información científica sin afectar en lo más mínimo el comercio ilícito de bienes.
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Ya el historiador de arte Halim Badawi ha observado en Historia urgente del arte colombiano que las piezas precolombinas más apreciadas de nuestros museos “fueron compradas a coleccionistas privados y no obtenidas mediante técnicas arqueológicas tradicionales”, o sea que no han sido “halladas por los arqueólogos in situ”, como es lo usual en México, Perú, Egipto y China. Se concluye que nos hemos privado de la intangible pero fundamental información arqueológica que el decreto valora y, en últimas, obstaculiza acopiar.
Algunos aspiran a que el arte colombiano no pueda verse sino en las colecciones públicas del país. Dentro de esa lógica, cuando el Museo Nacional quiso exhibir en Bogotá una veintena de las cerca de 500 esculturas que hay en San Agustín y sus alrededores, las comunidades locales se opusieron al préstamo alegando que “si los colombianos quieren verlas que vayan a San Agustín” (Semana, noviembre 15 de 2013). La región le estaba aplicando a la Nación lo que la Nación le aplica a la comunidad internacional, desmintiendo aquello de que las obras son patrimonio de la humanidad en su totalidad y no solo de los habitantes de un rincón del mundo.
El nacionalismo cultural está tan arraigado que ponemos el grito en el cielo por las piezas que han salido del país y permanecemos impasibles ante el hecho de que la “conjunción estructural” mencionada en el decreto no se cumple, dado que la información científica se seguirá perdiendo si el dueño del predio con enterramientos y el guaquero no son estimulados positivamente a reportar los hallazgos. Arqueólogos de prestigio han reconocido que apoyarse en guaqueros experimentados es fundamental para poder acceder a sitios de gran valor histórico e iniciar excavaciones. Si esto es así, a los guaqueros hay que ponerlos dentro de la ley para volverlos unos atentos, amigables y eficaces colaboradores.
La obra de Picasso puede verse en museos de decenas de países, no en España únicamente. Me ha enorgullecido apreciar piezas precolombinas procedentes del territorio colombiano en museos de Madrid, París, Berlín, Londres, Nueva York, etc. Algunos claman por la inmediata repatriación del Tesoro Quimbaya, conjunto de 122 piezas que el Gobierno colombiano le donó a España hace más de un siglo. La beligerancia chovinista es tal que las autoridades españolas jamás lo prestarán para ser exhibido en nuestro país, recelosas de que nosotros no lo devolvamos nunca. La desconfianza nos ha privado de la posibilidad de crear conciencia histórica con un Tesoro Quimbaya recorriendo triunfalmente las ciudades de Colombia, para volver intacto al Museo de las Américas en Madrid.
En opuesto sentido, una buena exposición de esculturas de San Agustín que recorriera las grandes ciudades del mundo atraería más turistas que la mejor de las campañas publicitarias en curso y permitiría una eficaz divulgación de nuestro patrimonio a nivel global, pero ya estamos advertidos de que ni en Bogotá puede verse.
La experiencia nos enseña que el legado precolombino tiende a ser repetitivo en sus soluciones formales y por eso hay rarezas como la famosa Barca muisca del Museo del Oro. Se concluye que, salvo el caso de las piezas verdaderamente notables, sería aconsejable y sano permitir la circulación nacional e internacional de las que se ajustan a patrones reiterados de diseño. En tal caso, exhibidas en museos, galerías comerciales y colecciones privadas de cualquier país, sabríamos con exactitud quién las tiene y en qué consisten, no solo desde el punto de vista material, sino desde el histórico y simbólico.
Durante el saqueo de Malagana, los guaqueros clandestinos destruyeron centenares de tumbas. Los arqueólogos alcanzaron a excavar apenas tres. Amenazados de muerte, tuvieron que suspender y abandonar la exploración. No obstante, pudieron determinar que se trataba del asentamiento de una cultura aborigen desconocida hasta entonces, distinta de la calima, un descubrimiento de mayor valor que el peso en oro de las piezas acopiadas científicamente.
En la actualidad, el comercio internacional ilícito de bienes culturales es de millones de dólares al año. Legalizar en lugar de ilegalizar la extracción y circulación de tesoros culturales es el camino correcto. Nos interesa la preservación del objeto tangible, pero también la información científica intangible que le es inherente. Poseer y exhibir la máscara de oro de Tutankamón ignorando el nombre del retratado, el lugar del hallazgo y la fecha de creación que los estudiosos han establecido equivaldría a poseer un automóvil de alta gama sin asientos ni motor. Conclusión: el guaquero debe ser visto como un aliado y no como un paria demonizado por la ley. El experto en hacer hallazgos es él, no el funcionario sentado frente a un computador en su escritorio. Si los guaqueros reportaran lo que encuentran, todos saldríamos ganando.
El Icanh o Instituto Colombiano de Antropología e Historia es la entidad gubernamental responsable de administrar y preservar el patrimonio mueble e inmueble de origen precolombino. A la luz del decreto 833 de 2002, cabe preguntar:
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Si es un deber ciudadanos avisarle a la autoridad competente el hallazgo fortuito de sitios arqueológicos (llamados popularmente guacas), ¿cuántos hallazgos no ligados a megaproyectos de infraestructura nacional, departamental o municipal han dado lugar, desde 2002, a la realización de excavaciones dirigidas por arqueólogos?
Establecidas las faltas que pueden cometerse “contra el patrimonio cultural de la Nación”, ¿cuántas personas en ese mismo lapso, y en cuántos sitios diferentes, ha sancionado el Icanh por “adelantar exploraciones o excavaciones no autorizadas”?
ÁLVARO MIRANDA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
*CRÍTICO DE ARTE
