Recursos son para más que educar

Recursos son para más que educar

Instituciones educativas se ven en la obligación de destinar capital para la mejora de instalaciones

Restaurante

La alimentación escolar tiene una partida presupuestal gigante. Es de alrededor de 400.000 millones de pesos.

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ARCHIVO CEET

Por: REDACCIÓN + CONTENIDO
25 de febrero 2019 , 03:25 p.m.

La educación obligatoria en Colombia dura 12 años, desde un año obligatorio de educación preescolar hasta la culminación de la educación media en undécimo
grado.

Las escuelas públicas y privadas proveen la educación. La provisión pública es responsabilidad de entidades territoriales certificadas, y la descentralización en la educación se ha gestionado a través de un proceso de certificación de departamentos, distritos y municipios.

En los municipios no certificados, el departamento respectivo es responsable por la oferta educativa. Como cabeza del sector, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) mantiene la responsabilidad tanto por la regulación, la política y la planificación
como por el monitoreo.

Cuando una entidad territorial certificada tiene dificultades para proveer educación, puede contactar a un proveedor privado. En 2017, el 5,3 por ciento de los más de 9,3 millones de estudiantes del país en educación preescolar, primaria y secundaria
asistían a este tipo de provisión privada dependiente del Gobierno.

Los padres pueden elegir una escuela privada independiente, como en el caso del 18,7 por ciento de los estudiantes. Por lo tanto, la oferta privada representa un 24 por ciento de todas las matrículas.

Tradicionalmente, las escuelas han operado en varias jornadas para expandir la matrícula, pero en los últimos años el país se ha esforzado para cambiar a una educación de tiempo completo en el sector público a fin de incrementar las oportunidades para los niños.

En el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación tiene 17 programas de inversión. Según César López, jefe de Planeación, la ciudad aporta el 45 por ciento de los recursos para educación de la ciudad, y entre otros costos que se deben satisfacer están el acceso a internet del ciento por ciento de las entidades oficiales del Distrito.

“La alimentación escolar tiene una partida presupuestal gigante, de alrededor de 400.000 millones de pesos, de la cual el Gobierno Nacional solo nos da unos 7.000 millones”, explica López, quien además agrega que la ciudad también ha decidido
invertir en los entornos escolares con el fin de mejorar la convivencia en los alrededores de los centros educativos.

Sandra Inés Bernal Roldán, rectora de la Institución Educativa Juan Pablo II en Villavicencio, la cual ocupó el segundo lugar en las pruebas Pisa ‘for School’ el año pasado, sostiene que, efectivamente, los recursos que les son asignados por la Nación a las entidades educativas deben gastarse muchas veces en insumos que no necesariamente son para la formación de los estudiantes.

“De los recursos que nos llegan sale todo lo que los maestros necesitan para poder
dictar su clase, pero también es de ahí de donde los colegios oficiales tenemos que rebuscar recursos para poder solucionar los inconvenientes que se pueden ir presentando en el día a día, como puede ser cambiar una teja rota”, dice la rectora del
colegio.

Pedro Cerdan, economista sénior en educación del Banco Mundial, asegura que “mejorar los sistemas de financiamiento de la educación a distintos niveles en Colombia es uno de los retos más importantes que tiene el país. Y no hablo únicamente de la suficiencia de los recursos, sino de la manera de distribuirlos.
Los sistemas son radicalmente diferentes en primera infancia, educación básica y educación superior, pero los tres sistemas sufren de problemas parecidos. Son sistemas rígidos y fragmentados, con pocos incentivos a la mejora de la calidad
educativa. El sistema de financiamiento de la educación superior, además, genera grandes inequidades en acceso y calidad a la educación superior”.

Agrega el ejecutivo del Banco Mundial que “en educación básica, Colombia tiene un sistema de financiamiento muy complejo en el que las instituciones educativas
tienen muy poco poder de decisión en el uso de recursos. Y aunque cuenten con autonomía curricular, muy poco de lo que pasa en la institución depende del rector, lo que limita mucho su poder de transformar la calidad educativa en su institución”.

Del mismo modo, advierte que “en educación superior hay algunos problemas claros, además de la insuficiencia de recursos tan discutida en los últimos meses. El primero es que las fórmulas de asignación de recursos a universidades públicas no están
asociadas a ningún resultado, ni siquiera cobertura. Es decir, un estudiante adicional en una universidad pública no le genera un recurso adicional a la universidad, lo que crea un claro problema de incentivos a aumentar la cobertura. Adicionalmente,
una mejora en la calidad y la relevancia de la educación, que es costosa para las instituciones de educación superior, tampoco le genera ingresos adicionales, lo que también genera un problema de incentivos a mejorar la calidad”.

Y el segundo problema identificado por Cedar “es que la asignación de recursos entre instituciones públicas es muy desigual. Las universidades que reciben recursos por el artículo 86 de la Ley 30 reciben muchos más recursos por estudiante que las universidades regionales, que en su mayoría reciben poblaciones con mayores necesidades y se ven forzadas a cobrar matriculas más altas ante la falta de recursos”.

Cobertura y desigualdad

De acuerdo con un informe de la Ocde sobre la escolaridad en Colombia, el país ha avanzado considerablemente en materia de cobertura, pero las tendencias de
desempeño son variadas, y persisten grandes desigualdades entre los estudiantes de áreas rurales y urbanas. Así mismo, el organismo multilateral sostiene que “la
educación ha sido una prioridad en los últimos años, pero la financiación pública es insuficiente para lograr los objetivos estipulados para la educación de la primera
infancia y escolar”.

Chévere ser profe

La educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de
un país y un pilar de la sociedad, y un alto porcentaje de esta incidencia se
concentra en el papel que juegan los educadores, a quienes se les puede considerar
unos héroes. Unos héroes de carne y hueso que, además de su compromiso y vocación, demandan condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida.

Si bien en Colombia, según el gremio, se han perdido privilegios, aún subsisten
beneficios con los cuales se busca dar un reconocimiento a su labor a través de políticas, planes y programas especialmente dirigidos a ellos. Estos son algunos:


Sistema especial de salud

De acuerdo con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), los pensionados y docentes afiliados gozan de un sistema especial de salud, excepcionado de la Ley 100 de 1993, extensivo a su núcleo familiar, que incluye, entre
otras ventajas:

“No preexistencias, es decir que ellos y sus beneficiarios reciben atención y tratamiento de todo tipo de patologías sin restricción; adicionalmente, no aplican
copagos o cuotas moderadoras”.

El sistema no exige períodos mínimos de cotización, “lo que significa que
desde el primer día de afiliación pueden recibir atención médico quirúrgica
sin restricción; de igual forma, se les suministran, al afiliado y sus beneficiarios,
todos los medicamentos formulados, siempre y cuando estén debidamente
registrados ante el Invima, y su entrega podrá ser bajo presentación genérica
o comercial”, según indica el Fomag.

Igualmente, el docente afiliado puede ser atendido en el municipio donde trabaja y su familia en otro lugar, si residen o estudian en sitio diferente; incluye además odontológica especializada en endodoncia, odontopediatría, periodoncia y cirugía; servicios de laboratorio clínico básico y especializado, imagenología básica y especializada, electrodiagnóstico y otros exámenes especializados.

Incentivos de formación

Aparte, la cartera de Educación, a través del programa Becas para la Excelencia
docente, otorga créditos beca 100 por ciento del valor de la matrícula condonables a docentes y directivos de instituciones educativas oficiales para estudios de maestría
en instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, con el
objetivo de mejorar la calidad de la práctica pedagógica.

Además, entre otras ventajas, no se requiere codeudor que respalde el crédito y permite que docentes reportados en centrales de riesgo financiero puedan acceder al crédito beca condonable y además les sirva para ascender en escalafón.

“Para que el crédito beca sea condonable, el becario debe cumplir tres requisitos: graduarse del programa que inició en un periodo no mayor a 3 años, participar en el proyecto de mejoramiento de su institución educativa con el acompañamiento
de la universidad y permanecer en la respectiva institución educativa mientras
cursa sus estudios y por dos años más”, enfatiza la entidad.

Pensiones

Los maestros que ingresaron al magisterio hasta el 2003 y están cubiertos por un régimen especial –consignado en la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- se pensionan a los 55 años de edad (hombres y
mujeres) con 20 años de servicio y obtienen una liquidación del 75 por ciento del salario mensual promedio del último año. Además de recibir la pensión pueden seguir trabajando hasta la edad de retiro forzoso.

Por su parte, quienes estén vinculados después del 2003, y regidos por el Sistema General del Pensiones de las leyes 100 de 1993, se pensionan a la edad de 57 años, tanto hombres como mujeres.

Bonificaciones

A través del decreto 2565 de 2015, el Gobierno Nacional otorga una bonificación
para docentes y directivos docentes al servicio del Estado que hacen parte del grado 14 del escalafón nacional docente, regidos por el decreto ley 2277 de 1979, la cual reconoce anualmente que, a partir del 2017, corresponde al 15 por ciento de la
asignación básica mensual.

De igual forma, les concede una bonificación por retiro del servicio, ya sea por renuncia voluntaria o por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, la cual es equivalente a un mes de asignación básica mensual, que se paga una sola vez.

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