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Yolanda Cerón: aún se escucha la voz de esta lideresa asesinada
Tumaco

Tumaco, 15 de septiembre de 2011. La comunidad se unió en una marcha por la paz y en contra de la violencia que afectaba la región. A partir de 2012, el Pacífico ha estado por encima del promedio nacional en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes

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Archivo EL TIEMPO

Yolanda Cerón: aún se escucha la voz de esta lideresa asesinada

En septiembre se cumplen 20 años del asesinato de la mártir nariñense.

Al callar la voz de un líder social no solo se silencia a una persona, se enmudece a toda una comunidad que en medio del dolor y el miedo no tiene más opción que dejar o postergar sus sueños colectivos. Es también dejar una familia sin rumbo. Así sucedió cuando la voz de la hermana Yolanda Cerón fue amordazada para siempre, el 19 de septiembre del 2001, al mediodía, frente a la iglesia La Merced, en Tumaco.

Al cumplirse 20 años de su asesinato, su familia, las comunidades negras por las que dio la vida y sus compañeros de trabajo diario siguen cargando el peso de esa muerte, no solo por la forma como ocurrió, sino por la motivación: Guillermo Pérez Alzate, conocido en el tiempo de la guerra como alias Pablo Sevillano, quien comandó el bloque Libertadores del Sur de las Auc, confesó que dio la orden porque la hermana, supuestamente, era colaboradora de la guerrilla del Eln.

Estos señalamientos causan tanto dolor entre sus cercanos como las balas que la mataron, pues saben que a su líder la silenciaron porque resultaba incómoda, dado que sus últimos 10 años estuvieron enfocados en divulgar y exigir lo plasmado en la Ley 70 de 1993, que les otorga derechos colectivos sobre la tierra a las comunidades negras de la costa pacífica nariñense.

Nacida en Arboleda (Berruecos, Nariño), en 1958, la hermana sintió su vocación religiosa desde niña y un impulso interior por salir adelante, ya que venía de una familia de bajos recursos económicos. Así lo hizo: se convirtió en bachiller del colegio María Goretti, de Pasto; formó parte de la Compañía de María y se graduó como licenciada en Educación y Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Dejó la comunidad religiosa y su trabajo como docente de la escuela La Playa, del municipio Francisco Pizarro, para emprender el trabajo social y comunitario con comunidades negras.

No sabíamos qué hacer. Me refugié. Otros líderes salieron de la zona o se escondieron porque sabían que sus vidas corrían peligro. Se hizo mucho daño. Un caos total

Así que la religiosa se embarcó en una causa retadora, pues el conflicto del Pacífico nariñense tiene una evolución marcada por la presencia y disputa de prácticamente todos los actores del conflicto: Farc, Eln, autodefensas y bandas criminales de todo orden, que han llevado a cabo por casi treinta años una violenta disputa por el control de territorios para el afianzamiento de cultivos de uso ilícito y rutas de narcotráfico. Hoy, el territorio sigue siendo estratégico para los actores del conflicto, y la población civil continúa a expensas de la violencia.

Según la Consejería de DD. HH. de la Presidencia de la República, en un informe del 2015, “en el Pacífico sur, conformado por 15 municipios, las tasas de homicidio están por debajo del promedio nacional hasta 1998. En 1999 se registra un primer salto en los índices, al pasar a 65 homicidios por cada cien mil habitantes (h. p. c. h.) y subir constantemente hasta el 2000, cuando se registró un primer tope de 84,8 h. p. c. h. En adelante y hasta el año 2012, el Pacífico siempre estará por encima del promedio nacional”.

Por todo esto, al finalizar la década de los 90, especialmente, la labor de la religiosa resultaba incómoda para distintos grupos que convergían allí, incluidos los terratenientes que se habían apropiado de tierras y, por obvias razones, no les convenía que se conociera y aplicara la ley 70.

En 1995 fue nombrada Directora de Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Tumaco. Con el pasar de los años, empezó a hacer una serie de denuncias y un trabajo de resistencia comunitaria frente a la ocupación del territorio por parte del bloque Libertadores del Sur de las Auc, el narcotráfico y las empresas del monocultivo de palma, lo que generó amenazas contra ella y otras personas de la Pastoral Social y de las comunidades.

Ella decía que no podía abandonar a estas comunidades en la lucha por la tierra, a pesar de que estaba poniendo en riesgo su vida

A pesar de esto, la hermana Yolanda no se apartó de su compromiso y, dentro de los muchos trabajos que sacó adelante, se destacó el impulso que dio a la conformación del Consejo Comunitario de Acapa, hoy uno de los más reconocidos del Pacífico, y de otros consejos comunitarios que lograron la titulación de cerca de 96.000 hectáreas.
Para llegar a esto, lideró una labor de alfabetización de la Constitución y en especial de la ley 70 del 93 que ayudó a las comunidades a comprender cómo eran los procesos y requisitos para lograr titulaciones.

“Mi tía era muy terca. Por donde metía la cabeza la sacaba —recuerda su sobrina, Yenyt Narváez Cerón—. Era una mujer valiente, no demostraba miedo, no tenía pelos en la lengua. Solo buscaba que se respetaran los derechos de las comunidades negras e indígenas”.

Ese carácter que la llevó a ser una reconocida lideresa de Nariño era también el motor que movía a su familia. Aunque sus cinco hermanos, su papá y sus sobrinos solo la veían una vez al año, la hermana Yolanda era su columna vertebral, el sustento emocional y económico de esta familia humilde, como lo son muchas en el Pacífico colombiano.

La hermana Yolanda Cerón (en el centro) fue asesinada el 19 de septiembre de 2001, frente a la iglesia La Merced, en Tumaco.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Caos, desolación y miedo

La familia no conocía de las amenazas —vivían en otros municipios—, pero quienes trabajaban con ella sí.

“Fue un momento de miedo, desolación, angustia, paranoia; no sabíamos qué hacer. Me refugié. Otros líderes salieron de la zona o se escondieron porque sabían que sus vidas corrían peligro. Se hizo mucho daño. Un caos total”, recuerda Jáner Castillo, quien trabajó con ella en la Diócesis de Tumaco, desde el año 95 hasta su muerte.

Destaca que, si bien la hermana Yolanda sabía de las amenazas, su compromiso con las comunidades le dio la valentía para no callarse: “Esa fue una opción de vida que ella eligió. Eso es lo más loable. Porque ella decía que no podía abandonar a estas comunidades en la lucha por la tierra, a pesar de que estaba poniendo en riesgo su vida”.

Era una mujer valiente, no demostraba miedo, no tenía pelos en la lengua. Solo buscaba que se respetaran los derechos de las comunidades negras e indígenas

Por su parte, Yenyt lamenta que, con esta muerte, los sueños de toda su familia se truncaron porque el proyecto era que los sobrinos mayores estudiaran y luego velaran por los más chicos: “Ella decía que era una cadena. Esa cadena se rompió”.

Muchos proyectos sociales también se detuvieron y otros se retomaron años después. Castillo calcula que al 2019 había cerca de 993.654 hectáreas tituladas. “Para nosotros, la tierra es vida, sustento, contacto con el medioambiente, cultura… Un hombre negro sin tierra no vale nada”, reflexiona Castillo.

Todos concuerdan en que lo más triste es que la violencia continúa y se sigue matando por los territorios, pero confían en que la paz llegue, animados por el legado de la religiosa. En sus cabezas aún suenan las palabras que a diario les repetía la hermana Yolanda: “El trabajo apenas empieza”.

Defender la Ley 70 le costó la vida

En la Constitución Política del 91, Colombia se definió como país pluriétnico y multicultural. En ese contexto, el Estado reconoció de manera especial los derechos de los pueblos étnicos sobre sus territorios ancestrales. En desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución, se expidió la Ley 70 de 1993, que les dio a las comunidades negras, que venían ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva.

Enseñar esa ley por todo el territorio del Pacífico nariñense, para que las comunidades recuperaran lo que era suyo, incomodó a algunos actores del conflicto que confluían allí. Por esa defensa del territorio, la hermana Yolanda Cerón fue asesinada.

Tras 20 años de espera, un encuentro para sanar

La víctima y el responsable, dos décadas después de que sus sus miradas se cruzaran, se volverán a ver frente a frente.

Durante más de 20 años se han pensado mutuamente. Cada uno tiene grabada la imagen del otro. De un lado, un hombre en una moto. Del otro, un joven al que se le resbala de los brazos su tía malherida. La víctima y el responsable. Pedro* y Álex Germán Narváez Cerón, dos décadas después de que sus vidas y sus miradas se cruzaron unos pocos segundos, durante un asesinato, se volverán a ver frente a frente.

Lo harán el próximo 25 de junio, en un encuentro de reconocimiento de responsabilidades propiciado por la Comisión de la Verdad.

Para ese día, la familia de la hermana Yolanda Cerón lo que más desea es que los responsables reconozcan que la religiosa no era una guerrillera.

“Mi hermana era una defensora de los derechos humanos. Por eso la mataron, como aún siguen matando a líderes sociales en Colombia. Por pensar distinto, por decir la verdad, por luchar por los menos favorecidos. Queremos limpiar su nombre y borrar esa estigmatización”, afirma Juan Carlos Cerón.

En este encuentro estarán José*, otro de los responsables del hecho; Pedro, que conducía la moto desde la que le dispararon a la hermana Yolanda, y Guillermo Pérez Alzate, conocido en ese momento como alias Pablo Sevillano, comandante del bloque Libertadores del Sur de las Auc, quien dio la orden.

En Nariño, en el año 1999 se incrementan las fumigaciones y operaciones militares.

Foto:

AFP

Que se diga quiénes más estuvieron implicados porque esto no fue solo una orden de las Auc, el Estado, policías y terratenientes están metidos en este cuento

Del lado de las víctimas asistirán varios hermanos de la religiosa, unos sobrinos, entre los que se encuentra Álex Germán, quien la acompañaba en el momento del asesinato y que, hasta hace poco, no era capaz de hablar del asunto. Cuando se produjo la muerte de la religiosa él tenía 25 años, y desde ahí su vida se partió. Tuvo que esconderse durante mucho tiempo en diferentes lugares dentro y fuera de Colombia y, según dice su familia, nunca se ha podido recuperar. Y es que, como ocurre con muchas víctimas, el acompañamiento sicosocial para él fue nulo; el Estado lo ignoró, a tal punto que no está reconocido en la sentencia de Justicia y Paz para el pago de indemnización.

De este acto se espera lo que la familia ha pedido por años: que se diga la verdad, que los responsables pidan perdón sincero, que se reconozca que no era guerrillera y que “se diga quiénes más estuvieron implicados porque esto no fue solo una orden de las Auc, el Estado, policías y terratenientes están metidos en este cuento”, alega Juan Carlos.

“Siempre que matan a un defensor de los derechos humanos hay un comentario triste y ofensivo y es: ‘Por algo sería, quién sabe en qué andaba metida’. Eso es algo que siempre nos ha atormentado, y esperamos que todo el mundo sepa que lo único que hizo mi tía fue luchar por los derechos de las comunidades negras del Pacífico”, insiste Yenyt Cristina Narváez Cerón.

A pesar de tanto dolor, de años de espera, de un sentimiento de abandono del Estado, la familia Cerón está lista y abierta para hacer parte de este encuentro. Guiado por sus convicciones católicas y una profunda fe en Dios, Juan Carlos reconoce no sentir rencor, porque, aunque su hermana físicamente no está, su espíritu los acompaña todos los días: “En cambio, el que disparó está muerto y nadie lo recuerda”.

*Nombres cambiados

‘Queremos aportar a la verdad’ / Lucía González
comisionada

¿Por qué la Comisión de la Verdad hará este reconocimiento sobre el caso del asesinato de la hermana Yolanda?

Es un caso representativo por lo que significó su vida, su trabajo y su entrega a estas comunidades del Pacífico por defender sus tierras. Se convirtió en una mártir del territorio que hoy sigue siendo reconocida.

Lucía González, comisionada.

Foto:

Archivo particular

¿Qué se espera de este encuentro?

Aportar a la comprensión social de lo sucedido, a clarificar la verdad expuesta por los responsables, en especial por el señalamiento sobre la vinculación de Yolanda con grupos armados y la estigmatización de los defensores y defensoras de los DD. HH.

¿Qué pasará con otros líderes o lideresas que han sido víctimas?

Quisiéramos hacer estos actos con todos. Pero no es fácil. No todos están en capacidad de enfrentarse a un responsable. Y no todos los victimarios están listos para hacer una reflexión sincera, reconocer y comprometerse a la no repetición. Esta justicia restaurativa tiene ese valor: nos interesa que ellos también se integren a la vida como ciudadanos que pueden apostar a la paz. A través de este encuentro queremos reivindicar a líderes y lideresas del país.

(Lea también: 'En lugar de invitar al odio, hay que unirnos y generar confianza')

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