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Viaje a las tierras de ‘San coca’
Coca

Un lugar donde hasta 10.000 personas se han volcado a la siembra prohibida.

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Raúl Arboleda. AFP

Viaje a las tierras de ‘San coca’

Un lugar donde hasta 10.000 personas se han volcado a la siembra prohibida.

En remotas aldeas de las montañas que escoltan al río Patía, en Cauca, la hoja de coca es venerada.

Avanzan cordillera adentro deshojando rabiosamente el paisaje verde con sus manos, cosecha tras cosecha. Son cuadrillas de mujeres con sus bebés, pero también de colonos y migrantes que trabajan en los prósperos enclaves cocaleros, a pesar de la intensa lucha antidrogas que se libra en el país.

Incrustados en las montañas del Cauca están los territorios de ‘San coca’, llamado así por la devoción al cultivo que lo provee todo. Un lugar donde hasta 10.000 personas se han volcado a la siembra prohibida. Muchas de ellas, después de cosechar pérdidas con la yuca, el maíz, el café y la caña. Y otros, simplemente atraídos desde muy lejos por los ingresos que aquí pueden percibir.

La AFP llegó hasta estas remotas aldeas del río Patía donde se ha consolidado un entramado de actividades en torno al cultivo y procesamiento de la hoja de coca, de la cual se obtiene la cocaína: la droga de la que Colombia sigue siendo el principal productor mundial.

Por décadas, la guerrilla fue la autoridad de facto en la zona, pero en el 2016, cuando se firmó la paz, salió del Cauca para su desarme. El Estado, que en teoría debía llenar el vacío, nunca llegó. Y hoy los rebeldes están de vuelta.

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La coca ha nacido como respuesta al abandono institucional (...) y le ha permitido a toda la población de estas localidades alcanzar un mínimo de dignidad”, dice Azael Cabrera, portavoz de Agropatía, que reúne a 12 comunidades o corregimientos rurales que componen el primer eslabón de este negocio ilícito.

Después de medio siglo de guerra contra las drogas, el polvo blanco sigue saliendo por toneladas hacia Estados Unidos y Europa, principalmente. Durante este tiempo, diez gobiernos han tratado infructuosamente de acabar con el negocio que financia a alzados en armas y ejércitos que creó el narcotráfico, con un alto costo en vidas. Las millonarias ayudas antinarcóticos de Washington tampoco han funcionado.

El poder real

Cuando no asoman los militares, aquí mandan las disidencias. Su presencia se advierte en vallas y afiches de ‘Carlos Patiño’, un comandante guerrillero del Cauca muerto en combate en el 2013 y cuyo rostro barbudo es la imagen del nuevo movimiento armado que manda en la región.

Los cocaleros saben dónde están y cómo se mueven los “señores”, en su mayoría jóvenes que acampan en las montañas o rondan los centros urbanos.

Aunque el grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se desarmó en 2017 –un año después de firmar el acuerdo que debía terminar con un conflicto de medio siglo–, cientos de disidentes quedaron activos. Y, atraídos por el boom cocalero, “volvieron hacia finales de 2019” a la cordillera del Patía, dicen resignados los campesinos.

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Regresaron con fusiles nuevos, pero a lo mismo de antes: a mediar entre narcotraficantes y campesinos, y a cobrar su propio impuesto por cada gramo de pasta base que se procesa en estos territorios.

La coca da cuatro cosechas al año. El doble de las dos que, por ejemplo, arroja el café, emblema del agro colombiano. Y no es casualidad que el Cauca pasara de 5.900 hectáreas de cultivos de coca en 2010, a 16.544 el año pasado, según el monitoreo anual de la ONU.

Pasaron los acuerdos de (paz de) La Habana y aquí nunca se asomó el Ejército. Hoy esta zona nuevamente está cogida por grupos armados al margen de la ley (...). Hemos aprendido que al que tenga las armas lo tenemos que respetar”, comenta Reinaldo Bolaños, un líder comunitario.

Los disidentes imponen su propio código penal. “El campesino no tiene autoridad sobre ellos, no puede decir que se vayan, no le queda sino permitir que lleguen. Pero no por eso somos guerrilleros ni narcotraficantes”, enfatiza Cabrera.

Dentro de los campos de cultivos ilegales se ven familias enteras, ancianos y madres solteras con sus hijos.

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Raúl Arboleda- AFP

Economía familiar

Dentro de los campos de cultivos ilegales se ven familias enteras, ancianos, madres solteras con sus hijos, gente que llegó empobrecida de las ciudades y hasta venezolanos que erraron por meses hasta llegar aquí.

El alumno que no tiene clases o está en receso escolar también se va a las fincas a raspar y con eso aporta a sus estudios y al sustento de su casa”, ilustra Abel Solarte, dirigente comunitario.

Siendo aún menor de edad, Karen Palacios migró de Bogotá al Cauca junto a su pareja, un hombre oriundo de la región. Hoy ella tiene 20 años y una hija de dos.
Antes de separarse y quedarse a cargo de Dana, pasó por El Plateado, al otro lado de la cordillera, donde aprendió a “raspar coca a mano limpia”.

Luego, expulsada por la violencia de los grupos que se enfrentan por el dominio de los plantíos y su transformación en pasta base para la cocaína, cruzó la montaña y llegó a los enclaves del Patía. “Me tocó sola con mi hija, la llevaba a los cultivos y cargaba una carpa o una hamaca para que durmiera mientras trabajaba”.

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Luego Karen consiguió guardería para Dana, pero con la pandemia cerró todo y de nuevo tuvo que llevar a la pequeña a la recolección.

Pero ya no está sola. Después de que el covid-19 hundió el negocio de zapatos del que vivía su familia, también migraron al Cauca su papá, su madrastra y su hermano. Todos se hicieron raspachines.

De 28 años y con cuatro hijos, Lorena Guevara también va “a raspar” con su bebé de un año y antes que ellas, Miriam, de 34 y viuda desde hace cinco, también pasó por las mismas.

Muchas de nosotras no tenemos esposo y tenemos nuestros hijos, y si nos vamos a raspar es para conseguir su alimentación, su vestimenta”, justifica Dora Meneses, portavoz de un grupo de 60 recolectoras.

El ‘boom’

La ONU calcula que entre 2016 y 2018 hasta 201.000 familias se dedicaron al cultivo, poco más de un millón de personas, lo que a la fecha representaría el 2 por ciento de los 50 millones de colombianos.

El boom cocalero llegó esos años de la mano del acuerdo de paz con las Farc, que ofreció a los cultivadores compensaciones económicas y el fin de la persecución judicial si destruían sus cultivos ilegales voluntariamente.

Autoridades y expertos coinciden: los campesinos interpretaron el pacto como un incentivo para plantar más y recibir mayores beneficios por la erradicación.
También hubo mayor demanda de cocaína y se fortaleció el dólar con respecto al peso colombiano, lo que elevó el precio de la pasta base.

Todo esto hizo que en el 2017 el cultivo de coca se disparara hasta alcanzar el récord de 171.000 hectáreas.

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Aunque oficialmente unas 100.000 familias aceptaron destruir sus matas, la erradicación voluntaria no caló en Cauca por desconfianza hacia la palabra del Gobierno, y la producción siguió con la mano de obra de colonos y migrantes.

Raspachines extranjeros

Desde una Venezuela en quiebra llegó Yeison Enríquez con su esposa y tres hijos. Creía que la coca era una “mata ilícita”, pero ahora la defiende: es “una fuente de trabajo”, dice, para él y su hermano, que también migró para meterse en los cultivos. “En la ciudad no contamos con esta oportunidad, y si erradicaran la coca me vería en la obligación de migrar otra vez”, comenta Enríquez.

En 2020 Colombia logró reducir los cultivos hasta las 143.000 hectáreas, después del récord de 2017. Sin embargo, ese año la producción de clorhidrato de cocaína se mantuvo estable (1.228 toneladas) por un mejor rendimiento de los cultivos, según la ONU.

Convencido de que el narcotráfico puede ser derrotado, el presidente Iván Duque se embarcó en una agresiva política de erradicación de cultivos que pretende reforzar con fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015 ante las sospechas de que el herbicida es dañino para la salud humana y el ecosistema. El reto está servido.

No queremos quedar en la miseria. Estamos organizándonos para marchar, protestar, irnos a paros”, advierte el líder Solarte.

Los cocaleros se jactan de haber expulsado a militares y erradicadores. El ministro de Defensa, Diego Molano, reconoce que el Gobierno ha intervenido con “menos intensidad” en el Cauca por el riesgo de violencia contra la Fuerza Pública. Pero advierte: “No les vamos a permitir a estos grupos que sigan con esta dinámica delincuencial”.

Alta rentabilidad

Las montañas del Patía son un hervidero de raspachines. “Cualquiera que cultive y procese la hoja tiene garantizada su compra de antemano”, cuenta Antonio Tamayo, un líder de 40 años.

A los cocaleros les adelantan recursos para que siembren. ¿Quiénes? “Los intermediarios de los narcos”, responde este hombre que llegó al Cauca proveniente de Antioquia, a 700 km de distancia, tras la erradicación en esa zona.

En la misma finca donde se cultiva, la hoja se pica y se procesa con cal, cemento, gasolina y sulfato de amonio hasta obtener la pasta base. Todas las semanas los ‘intermediarios’ recogen la pasta dura y blanquecina para llevarla hasta los laboratorios clandestinos o ‘cristalizaderos’ vecinos, donde los ‘químicos’ la transforman en cocaína de alta pureza.

(Puede leer: El líder campesino del Alto Sinú al que mataron por decirle 'no' a la coca).

Los campesinos se deslindan de la parte más lucrativa del negocio. “Nos categorizan como narcotraficantes (...), pero los que comercializan son otros. La mayoría de los campesinos no participan casi del comercio”, subraya Cabrera.

Aun así, con lo que les corresponde del negocio, les basta para no ser pobres. Una hectárea “bien sembrada”, explica Antonio, puede dar hasta 400 arrobas de hoja y a cada una se le pueden extraer entre 23 y 27 gramos de pasta base.

Un finquero puede ganar el equivalente a 6.500 dólares (24,9 millones) por hectárea en cada cosecha (cuatro al año), mientras que un raspachín o recolector experto se lleva hasta 37 dólares por jornada, en un país con un salario mínimo de 8 dólares diarios.
Además, “los intermediarios buscan a cada finquero, le compran el producto y se lo llevan, así que no tiene que pagar ninguna clase de flete”, dice Tamayo. El mercado busca al campesino y no viceversa.

Intensa actividad

Aunque los territorios de ‘San coca’ se interconectan por caminos que la lluvia convierte en lodazales, el tráfico es incesante. Los furgones que autorizan las disidencias pasan uno tras otro vendiendo gasolina, helados, pan, ropa. La economía de la coca creó una gran comunidad de consumidores.

En los centros urbanos hay obreros pavimentando los accesos o encaramados en andamios embelleciendo las fachadas de viviendas. El comercio bulle.

Con la bonanza cocalera hubo un “boom de la construcción”, explica el líder Reinaldo Bolaños. Los cocaleros aseguran que a partir de colectas mejoraron los caminos y dotaron las escuelas. “La coca la gran diferencia que marca es que nos da para alimentarnos y también nos da para cubrir lo que el Gobierno deja de hacer”, reclama Bolaños.

Si a algo le temen en estas montañas es al regreso del glifosato. El recuerdo compartido es el de poblados en ruinas, gente desplazada y casas abandonadas con candados. Las avionetas rociaron el herbicida en 1984, volvieron en los 90 y en 2008.
“La aspersión aérea es prácticamente un asesino para estos pueblos”, resume Reinaldo. Y lo más probable es que las comunidades del Patía no se queden de brazos cruzados si la aspersión vuelve y no se ofrecen alternativas viables a toda esta gente que hoy vive de la coca. Una vieja historia que continúa, como en muchos otros lugares del país.

(*) Este reportaje fue editado por EL TIEMPO.

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HÉCTOR VELASCO - PATÍA (CAUCA) - AFP -
FOTOS: RAÚL ARBOLEDA

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