Un debate de control político, llevado a cabo en el Concejo de Bucaramanga, fue el escenario en donde se reunieron por primera vez los representantes de los venezolanos que residen en la capital de Santander para ser escuchados por concejales y funcionarios de la administración municipal.
Ante ellos, los voceros elevaron una petición especial: recibir una visa humanitaria que les permita acceder al sistema laboral y de salud legalmente.
Alba Pereira, una de las líderes de la comunidad venezolana en esa ciudad, expresó que este documento sería una salida para que los inmigrantes, quienes están llegando desde la nación vecina huyendo de la crisis, encuentren mejores alternativas de progreso social y económico.
“Estamos pidiendo esta visa para personas que ejerzan una profesión, que tengan una actividad concreta para ayudar al desarrollo de la ciudad. Cuando legalicemos esas personas veremos un conducto regular para el trabajo, pues se podrían autofinanciar su EPS, la educación, y serían una carga menos para el Estado colombiano”, precisó la venezolana.
De acuerdo con datos extraoficiales manejados por el Concejo y por la misma comunidad venezolana, hay cerca de 17.000 personas del vecino país en la capital santandereana.
Para Manuel Salcedo, dirigente estudiantil, quién se encuentra solicitando asilo político en Bucaramanga, los problemas que se han derivado de la llegada masiva de sus compatriotas al país, y que se han acentuado principalmente en el sector de salud, seguridad y educación, podrían resolverse con la legalización de estas personas a través de dicho trámite.
"Todo tiene una misma vertiente, si nosotros no podemos acceder de forma legal al sistema de empleo, entonces cómo hacemos para pagar seguridad social. Nosotros no queremos subsidio de nadie, lo que estamos solicitando es oportunidades para ingresar debidamente al sistema laboral, y así se nos permita hacer los pagos correspondientes para nuestra salud”, manifestó el representante.
Frente a dicha situación, funcionarios de Migración Colombia, quienes estuvieron presentes en la plenaria, aseguraron que esa entidad está revisando cada caso y aclarando las opciones que tiene el país para atender esta crisis.
Según Jaime Andrés Beltrán, presidente del Concejo de Bucaramanga, una de las problemáticas a nivel social que se ha acrecentado con la llegada de venezolanos, es el aumento de personas que entran a ejercer a la prostitución, pues, según el corporado, mensualmente son 50 mujeres, entre 18 y 25 años, las que se unen a esta actividad.
“Hablar de prostitución, drogadicción, incremento de violencia y de indigencia por venezolanos es el resultado de la migración. Lo que preocupa es que Bucaramanga no está preparada para atender esta problemática. No hemos sido capaces de atender los problemas locales, mucho menos los de la población que está llegando de Venezuela”, dijo el concejal.
En cuanto a la situación de seguridad, el brigadier general, Juan Alberto Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc), explicó que en lo que va corrido del año ya van 36 venezolanos capturados por cometer delitos menores en la ciudad.
Esta cifra, que resulta preocupante para las autoridades, representa un aumento importante frente a las capturas realizadas en 2016, que fueron tan solo cinco.
En lo corrido del año ya van 36 venezolanos capturados por cometer delitos menores en la ciudad
Por su parte, el secretario de Salud de Bucaramanga, Raúl Salazar, expresó su preocupación pues el presupuesto que recibe la ciudad es insuficiente para atender casos que requieran de atención inmediata, como por ejemplo los embarazos.
“El Sistema General de participación, tanto en educación como en salud, nos está cargando más cosas todos los días pero no nos aumentan para poder responder a estas necesidades que están pasando”, indicó Salazar.
Los tipos de servicios a los que más acuden los venezolanos son medicina general urgente y laboratorio clínico.
Jaime Moreno/ EL TIEMPO
Según cifras del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabú) en lo que va de este año se les ha brindado atención a 112 personas de ese país (con los papeles en regla), mientras que en todo el 2016 fueron 99.
Sin embargo, la cantidad atendida es mayor si se tiene en cuenta que no se les cierran las puertas a las personas que no tienen la documentación necesaria para estar en el país.
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