Si bien en el casco urbano del municipio de Tibú, en Norte de Santander, no se han presentado muertes violentas en los últimos 64 días, las cifras de homicidios reveladas esta semana por la Policía Nacional evidencian que esta buena racha no ha incidido en la disminución de la violencia en esta región del Catatumbo.
La desmovilización de 300 guerrilleros adscritos al frente 33 de las Farc, que operaban en la región del Catatumbo, sumada a una estrategia de control territorial implementada en los últimos meses por la Fuerza Pública ha permitido instaurar esta calma inusual en el epicentro de esta localidad, donde viven cerca de 14.000 personas.
Sin embargo, estos esfuerzos, que han sido liderados por la Policía Nacional, no evitaron que 59 personas fueran asesinadas en lo corrido de 2017, superando con 17 casos el reporte de homicidios del año anterior.
“Es importante resaltar que en el casco urbano de Tibú, en este período de tiempo, no se han presentado casos de homicidios. Esto obedece a una estrategia que se viene trabajando en coordinación con la Fiscalía, la Policía Judicial y las Fuerzas Militares. Lo que observamos es que estos delincuentes están desplazando su acción criminal hacia otras zonas del Catatumbo”, explicó el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander.
Entretanto, este indicador de inseguridad evidencia una variación ascendente que se percibe con preocupación entre la población del área rural, donde las dinámicas de las economías ilegales se nutren por la presencia de 12.787 hectáreas de cultivos ilícitos.
Para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, la atenuación de este fenómeno violento estaría relacionado a un fortalecimiento silencioso de actores armados organizados, que operan en esta franja de la frontera con Venezuela, como lo es la disidencia guerrillera del Epl, más conocida como ‘Los Pelusos’, cuya estructura criminal está conformada por cerca de 400 hombres alzados en armas, sin contar sus milicias urbanas.
Todo esto tiene una relación muy estrecha con los cultivos ilícitos y con las demás dinámicas del posconflicto que se están gestando en territorios donde persiste la desidia estatal
Este proceso de consolidación territorial y armada por parte de este grupo ilegal, que ha sido denunciado en varias ocasiones por el Observatorio de Violencia y Paz de la Fundación Progresar, se viene gestando en los territorios del Catatumbo, abandonados por la guerrilla de las Farc, durante su etapa de transición a la vida política.
“Estas discriminaciones son realmente inútiles porque lo que evidencia es un debilitamiento de la seguridad en otras zonas, donde se siguen movimiento con fuerza estos delincuentes. Todo esto tiene una relación muy estrecha con los cultivos ilícitos y con las demás dinámicas del posconflicto que se están gestando en territorios donde al desidia estatal persiste”, aseveró Enrique Pertuz, coordinador de la Red Departamental de Derechos Humanos de Norte de Santander.
En este punto coinciden algunos líderes campesinos del corregimiento de La Gabarra, ubicado a una hora del casco urbano del municipio de Tibú. Según la Asociación de Juntas de Acción Comunal, en este caserío han aparecido seis cuerpos sin vida en los últimos dos meses, una alarmante cifra que estaría retratando el recrudecimiento de la violencia a causa de la disputa entre organizaciones ilegales por el control del territorio.
A esto se suma también la percepción de inseguridad que ha referenciado el alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, por la acción de la delincuencia común en temas como hurto a establecimientos comerciales y agresiones personales. No obstante, la Policía desmiente estas afirmaciones al evidenciar una reducción del 30 por ciento en los casos reportados por estos delitos.
CÚCUTA
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