En una sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, que se conoció este domingo, se denegaron las pretensiones de Jorge Arturo Sanabria, el principal accionista de la empresa Multipropósito S.A. ESP., que presta el servicio de acueducto en el municipio de Calarcá, quien demandó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) por los daños causados por causa de la suspensión que impuso la autoridad ambiental sobre el relleno sanitario Villa Karina en el 2014.
Sanabria buscaba obtener unos 27.000 millones de pesos, los cuales habría dejado de percibir la empresa en los meses en que han estado suspendidas las actividades en el relleno. Esta suma sería, según las pretensiones que aparecen en la sentencia 095, para el pago de salarios y prestaciones sociales de los empleados que participan en la operación del vaso uno del relleno, la realización de estudios para el levantamiento de la medidas preventivas de la CRQ, el pago de honorarios y peritajes en que ha incurrido la empresa para esta demanda, entre otras.
El fallo del Tribunal, además, condenó al demandante a resarcir a la CRQ los gastos que le causó este proceso.
Cabe recordar que a este depósito de basuras ubicado en la vereda El Crucero se le impusieron medidas preventivas a través de la resolución 518 y se suspendieron las actividades por presunta contaminación y agotamiento de la vida útil del vaso uno. No obstante, según Multipropósito, este vaso ya había sido suspendido por la empresa, pues ya había cumplido su vida útil.
La CRQ también advirtió en su momento que el relleno no estaba cumpliendo con la licencia ambiental, que exigía la puesta en funcionamiento de cuatro pozos que monitorean aguas subterráneas. Y reveló que el vaso dos, llamado Las Azucenas, que en la época estaba en construcción, estaba ubicado sobre una quebrada de la zona y esto no es permitido.
Los últimos días no han sido buenos para Jorge A. Sanabria, el principal accionista de Multipropósito.
El jueves cuando el Tribunal falló en su contra, el Juzgado Primero Penal de Calarcá, también resolvió que “no hay administración desleal ni restablecimiento de derechos porque no hay delitos”, tras una demanda que interpuso en contra de la alcaldesa de Calarcpa, Yenny Trujillo, del gerente de Empresas Públicas de Calarcá (Emca), Luis Edwin Pérez, y de otros miembros de la junta directiva de Multipropósito.
Sanabria es señalado por el gerente de Emca de cometer el delito de estafa sobre recursos públicos, porque al parecer habría usado de manera indebida varias tarjetas de crédito de la empresa, además de un fondo rotativo por 300 millones de pesos, el pago de hoteles y la compra de un vehículo que no ha sido devuelto.
Pérez dijo que ya lo denunció ante la Fiscalía. Además, lo acusa de haber desembolsado 4.000 millones de pesos para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio, pero a la fecha la obra no ha sido ejecutada y tampoco se conoce el paradero de estos dineros. “Un contrato de papel es lesivo para los intereses de la ciudadanía y pone en riesgo los servicios públicos. Todo lo que se maneja hoy en Multipropósito es dinero público”, dijo Pérez.
Para Néstor Ocampo, ambientalista del municipio, “mediante movimientos poco ortodoxos, ese señor Sanabria se ha ido quedando con las empresa públicas, hoy es dueño del 60 por ciento”.
Otro revés para Sanabria es que la Registraduría, a través de la resolución 001 del 17 de marzo pasado, le autorizó a un comité ciudadano recaudar unas 6.000 firmas para poder convocar a una consulta popular donde se le pregunte a los calarqueños si están de acuerdo o no que el municipio recupere la prestación de los servicios públicos.
Según Luis Eduardo Soler, uno de los promotores de la iniciativa, “ya empezamos a firmar incluyendo en corregimientos y veredas de Calarcá. Vamos a retomar los servicios públicos porque eso es un patrimonio que nos dejaron los abuelos”.
ARMENIA