Entre los meses de diciembre de este año y enero de 2017 la Contraloría General de Boyacá deberá entregarle al municipio de Tunja las oficinas que ocupa en los pisos 5 y 6 del Edificio Municipal.
Un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo obliga al ente de control a devolverle dichas instalaciones a la Alcaldía en un lapso de 3 meses, contabilizados a partir de la notificación de la sentencia.
“Empezamos este año conociendo sobre la existencia una demanda que había ganado la Alcaldía de Tunja, la cual fue presentada por Fernando Flórez ante el Juzgado Quinto Administrativo. En primera instancia fue fallada en contra de la Contraloría”, indicó Pablo Gutiérrez, contralor de Boyacá.
El funcionario explicó que en su momento el entonces contralor Víctor Manuel Aguilar le dio poder a la jurídica de ese instante para que formulara el recurso de apelación frente a la sentencia.
“Pero lo apeló mal, el recurso quedó mal presentado y, por tanto, quedamos sin posibilidad de defensa y ya no hay nada que hacer”, apuntó Gutiérrez.
Tras conocer la noticia, el Contralor comenzó a correr ‘contra el reloj’ en busca de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Finalmente y, luego de tocar varias puertas, una se abrió.
“Inicialmente se buscó un sitio provisional donde estar. Hay una posibilidad de que se adecuen los pisos cuarto y quinto del Edificio de la Lotería de Boyacá para nosotros. Allá nos pasaríamos una parte, debido a que ahí solo cabemos 80 de los cerca de 100 trabajadores que actualmente tiene la entidad”, informó.
La otra parte de los funcionarios se radicaría en un edificio que tiene la Contraloría en donde funcionaba el Fondo Rotatorio.
“Este queda ubicado por la calle 18, entre carreras novena y décima”, explicó el Contralor, quien afirmó que la Lotería ya está adelantando todo el proceso licitatorio para arreglar los pisos cuarto y quinto en donde actualmente funciona Corpoica, al igual que el archivo, el almacén general y la sala de lectura de premios de la Lotería.
“De no poderse hacer allá, estaríamos en una situación muy grave porque la Contraloría tiene una restricción presupuestal muy grande. Nosotros no contemplamos la posibilidad de que la Lotería no nos dé esos pisos, además vemos buena voluntad del gobernador Carlos Amaya”, dijo.
La meta del Contralor es que del presupuesto que se le va a aprobar al departamento para el 2017 se destinen algunos rubros para el edificio.
Hace más o menos 18 años la Contraloría de Boyacá viene construyendo un edificio la carrera 9, entre calles 17 y 18; sin embargo, este aún no ha podido culminarse.
“Es un edificio bastante grande, ubicado en un terreno de aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados”, señaló Pablo Gutiérrez, contralor de Boyacá.
Según el funcionario culminarlo totalmente tendría un costo de entre 5.000 y 6.500 millones de pesos.
“Ese edificio ha intentado ser terminado por todos los contralores que han pasado, pero hasta la fecha no se ha podido, solo ha habido alardes de los gobernadores, quienes siempre que llega el nuevo Contralor se comprometen a acabarlo, pero nada y es tal vez por eso, que este es uno de los elefantes blancos más representativos que tiene Boyacá”, aseveró.
El Contralor afirmó que había estado hablando con el gobernador Carlos Amaya y que se estaban analizando alternativas para poder inyectarle recursos. “Se podría hacer una inversión con vigencias futuras o vía crédito. También, a partir de apoyo institucional. Estamos revisando”, dijo.
Pablo Gutiérrez, contralor de Boyacá.
Según el contralor de Boyacá, Pablo Gutiérrez, la Ley 617 los obliga a vivir con el 2,7 por ciento de los recursos de libre destinación del departamento, por lo que esa entidad solo tiene dinero para cubrir los gastos de funcionamiento, más no para adelantar inversiones de ninguna clase.
“Entrar a pagar un arriendo por encima de los 3 millones 500 mil pesos o de los 4 millones, es casi que imposible porque nosotros apenas podemos funcionar con lo de la nómina y de una manera muy precaria, incluso nuestro gran apoyo en este momento son las universidades que nos prestan judicantes para apoyarnos y poder funcionar y auditar a los casi 900 sujetos de control fiscal que tengo en todo el departamento”, mencionó Gutiérrez.
El funcionario señaló que la situación es tan compleja que incluso si llega haber algún sobrante del año fiscal, esa entidad debe devolvérselo a la Gobernación.
Boyacá Sie7e Días
