Más de 3.000 trabajadores del Gobierno de Boyacá, de sus institutos descentralizados, Secretaría de Educación y Contraloría General de Boyacá se verán afectados por la medida cautelar decretada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá que acaba de suspender un artículo de la ordenanza 09 de 1980, aprobada por la Asamblea departamental.
Esa ordenanza aprobó el pago de lo equivalente a medio salario adicional en junio de cada año para todo el personal vinculado con esas entidades.
Resulta que, como también cobijaba a los funcionarios de la Secretaría de Educación, el Ministerio del ramo demandó la ordenanza con el argumento de que las asambleas no pueden crear factores salariales. “La prima es un factor salarial, y cuando la creó la Asamblea se excedió en sus competencias porque eso no le correspondía a ellos. La Constitución del 91 ordenó que el legislador (el Congreso) es el único que tiene facultad para establecer esos pagos”, dijo el magistrado Luis Ernesto Arciniegas.
El dirigente sindical Luis Antonio Correa dijo que preparan una ofensiva jurídica para defender el derecho, pues hubo acuerdos con el Gobierno departamental de que esa prima se mantendría.
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