Será un estercolero más. Otro lago de aguas putrefactas inservibles para las comunidades que lo rodean. Una advertencia que dejará indiferente a la mayoría.
Que la mítica laguna de Tota esté condenada a la misma degradación que la mitad de los aproximadamente cinco millones de lagos que hay en el planeta, según los expertos, no despertará reacción alguna más allá de un suspiro de aburrimiento. Más de lo mismo, dirán unos. Coros fúnebres de los catastrofistas de siempre, alegarán otros.
Lo cierto es que el lago más grande de Colombia, de 82 kilómetros cuadrados, está a punto de alcanzar el punto de no retorno. De continuar el desenfrenado deterioro ambiental, la catástrofe será irreversible, no habrá manera de recuperarlo. Las 300.000 personas que lo tienen como su fuente de abastecimiento vital dependerán de las lluvias que les regale el cielo.
Muchos son los culpables y pocas las soluciones. Pero de nada sirve poner el espejo retrovisor para reprochar las barbaridades hechas por igual tanto por las autoridades como por ciudadanos desde los años sesenta. El reto es detener el desangre, impedir que sigan adoptando medidas que agravan la tragedia en ciernes. La inmediata está en manos de la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales).
Si aún no han podido asestar la puñalada definitiva con una nueva explotación de petróleo, es gracias a la lucha que lidera el Colectivo Sugamoxi, formado por nativos comprometidos con salvaguardar la región del mismo nombre, un área de Boyacá que incluye el lago de Tota y Sogamoso. La presión que ejercieron ante diferentes órganos de control y el Congreso de la República obligó a la compañía francesa Maurel&Prom a interrumpir las labores exploratorias, y ahora será la Anla la que sentencie si pueden seguir adelante con sus trabajos o deberán abandonarlos para siempre.
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Cuentan con el respaldo del gobernador, Carlos Andrés Amaya; de la Procuraduría, que recomienda no desarrollar el proyecto, y con la Contraloría, que detectó medio centenar de irregularidades que ponen al descubierto la falta de compromiso de la compañía gala con la protección de las fuentes de abastecimiento de agua potable en la región. Y, lo más importante, se ha ido incubando un fuerte rechazo social tras padecer algunos campesinos las consecuencias devastadoras de los trabajos de sísmica realizados hace un par de años. En unos casos, aseguran los afectados, les secaron las fuentes de agua potable y, en otros, perdieron sus casas o las dañaron las explosiones subterráneas que requieren los estudios.
“La gente tiene la mentalidad de que el petróleo seca el agua. El año pasado, la sequía fue terrible y la achacaron a la sísmica. Tengan la seguridad de que aquí el petróleo no entra”, afirma rotundo el alcalde de Tota, Édgar Moreno.
Y si Maurel&Prom llegara a ganar la puja, sufriría un calvario. Algunos lugareños llegan al punto de asegurar que están “dispuestos a dar la vida si los petroleros quieren entrar”.
Pero el oro negro no es la única amenaza de Tota, situado a 3.015 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cordillera Oriental. El principal municipio a sus orillas, Aquitania, recibe el sobrenombre de ‘capital de la cebolla larga’. Produce el 90 por ciento de la que consume el país, por lo que no sorprende una frase del ingeniero Germán Bermúdez, director de Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá: “Tendríamos que ver vegetación de bosque alto andino, y lo que hay es cebolla”.
El rechazo colectivo al petróleo no se siente hacia el resto de las actividades productivas que también ejercen presiones sobre la calidad de las aguas del lago. Es tan potente el reinado de la cebolla que las fincas se adentraron en la laguna y desecaron cientos de metros para ampliar los cultivos. Y en demasiados casos ni siquiera respetan los 30 metros de ribera que deberían pertenecer a la Nación.
“Los que son dueños de las riberas también son dueños del agua”, se queja don Víctor, un campesino de la vereda Llano Alarcón, Cuítiva. Su finca está sobre una ladera desde la que se divisa el lago. “No lo dejan a uno meterse para instalar una motobomba y subir agua para regar. Los de la montaña solo tenemos lo que caiga del cielo, y las sequías son tenaces”.
Sin embargo, para los labriegos que se abastecen de Tota, el agua es inagotable. “De los 18.000 habitantes de Aquitania, el 90 por ciento depende de la cebolla y el 10 por ciento, del turismo. Corpoboyacá empezó a determinar la ronda del lago, pero los dueños de los predios no aceptan que los terrenos son del lago, no son suyos”, explica Sebastián Chaparro, el joven secretario de Gobierno de Aquitania. “Lo que resulta incompresible es que las autoridades notariales entregaran la propiedad, que es de la Nación, a particulares. Y si ahora pretenden quitárselas sin ofrecerles alternativas, van a generar un problema social terrible”.
Igual opina el alcalde de Tota: “Si les corremos los 30 metros de una vez, brincan todos. Eso sí, cuando la laguna recupera su espacio natural (en períodos de crecida por las lluvias), enseguida piden indemnización porque se les daña la cebolla”.
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Chaparro asegura que las alcaldías son conscientes de la urgencia de frenar el deterioro. “Pero, ni siquiera reuniendo el dinero de los tres municipios que rodean la laguna, alcanzaría para limpiar una mancha que hay en el sector de Llano Alarcón y Hato Laguna, y que no es otra cosa que maleza que sale cuando se vierten aguas residuales. Debe ser el Gobierno Nacional el que intervenga”.
Aquitania carece de una planta de tratamiento de aguas residuales como requiere su privilegiada situación. Los diseños para ponerla al día quedaron obsoletos y no se avizora una solución pronta.
Más lejana aún se antoja hallar una solución a la gallinaza con la que abonan los sembradíos de cebolla, el principal contaminante. “A diario llegan al pueblo entre 50 y 60 viajes de ese abono, y la manera de controlarlo no es declarándole la guerra frontal, porque tendría un impacto sobre el bolsillo de los campesinos y podrían organizar una asonada. Es una campaña de concientización lo que se necesita; aquí, la gente no tiene conciencia ambiental”, dice Chaparro. De ahí la dificultad de imponer barreras. “Lo que sabemos es que el lago está lanzando una alerta, sufre una muerte lenta y somos testigos quienes nacimos en estas tierras y lo hemos conocido desde niños”.
Hace unos años, medio centenar de campesinos fundaron Asoparcela, con el fin de preservar la laguna que los chibchas veneraban. Emplearon métodos limpios, desecharon los abonos y plaguicidas que causan mayores perjuicios. Pero la adopción de buenas prácticas agrícolas dio como resultado una cebolla más delgada que la habitual, y en Corabastos –mercado central de Bogotá– no les gustó. La pagaban mal y fue imposible continuar. Muchos quebraron, y la mayoría retornó al sistema tradicional.
“Hoy en día, en Aquitania hay 5.400 cultivadores de cebolla que cultivan normal, y solo quince de Asoparcela permanecen fieles a su causa”, dice Javier Acevedo, cabeza de la Fundación Defensa y Salvación del Humedal Lago Tota. “El camino es cambiar la mentalidad”.
Y si en el universo de las cebollas llueve, en el los criaderos de truchas no escampa. Un sacerdote las trajo hace cinco lustros a Tota con el loable objetivo de mejorar tanto la dieta de la gente del campo como sus ingresos, y contó con el apoyo de la autoridad ambiental del momento.
Coltrucha fue la primera empresa que se creó y en la actualidad es la única de las existentes con conciencia ambiental en toda la cadena de producción. Los alevinos que crían proceden de Estados Unidos y allí regresan una vez alcanzan una libra de peso tras once meses de engorde. “En invierno se congelan los lagos norteamericanos, y por eso Tota es perfecto para ellos. Semanalmente sacamos dos toneladas que exportamos a Miami gracias al certificado de calidad que tenemos”, afirma César Jimmy Alba, administrador de Coltrucha, que fue uno de los fundadores de Asoparcela.
Uno de los problemas más graves para el lago es el manejo inadecuado de la disposición de las heces de las truchas. “Nosotros recogemos el estiércol de los peces, lo compostamos y las vísceras las llevamos a una planta de concentrados”, explica Alba. Otros botan los desechos al lago sin el tratamiento adecuado.
El turismo es otro quebradero de cabeza. La joya de la corona es Playa Blanca, conocido como el ‘mar de Boyacá’, un paraje mágico de arenas finas al que acuden a bañarse miles de turistas desafiando el frío. Un día de temporada alta pueden abarrotarla más de tres mil visitantes. “La playa colapsa y no todos los que acuden la dejan limpia”, indica Liliana Rodríguez, coordinadora ambiental de la Alcaldía de Tota.
Han intentado sin éxito poner límites a la entrada. Solo pueden parquear 150 carros junto a la playa, que ya es una multitud porque suelen llegar familias completas, y el resto se cuela por todos lados. De un pequeño muelle salen lanchas turísticas, y el guía de una de ellas incluye en su perorata una mención a la suciedad de las aguas. “Tota está contaminada en un 50 por ciento”, admite, antes de animar a sus clientes a pegarse un baño.
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Los hoteles, todos de tamaño pequeño, también son responsables. “Sale más cara la planta de tratamiento de aguas residuales que el mismo hotel”, señala Liliana Rodríguez, resuelta a imponer las reglas que puedan.
“Colombia espera una gran crisis de abastecimiento de agua para ponerse las pilas, y pienso que entonces ya será tarde”, apunta el ambientalista Rodrigo Roa.
En la Gobernación señalan hacia los municipios y el Gobierno Nacional. “Ninguno que se beneficia de Tota, incluido Sogamoso, retribuye al lago, no aportan para mejorar su fuente de agua”, afirma Germán Bermúdez. “En la Gobernación tenemos conflictos ambientales en 123 municipios y poca plata para atenderlos. Si no hay dinero ni voluntad política del Gobierno Nacional, es imposible solucionarlos”.
SALUD HERNÁNDEZ- MORA
Especial para EL TIEMPO
Aquitania (Boyacá)
