Una factura cuyo concepto de cobro refiere suministros de tamales, por un valor de 30 millones de pesos a una empresa de grúas en Acacias (Meta), documento que no específica la cantidad del producto, es una de las irregularidades que halló la Fiscalía General de la Nación en la investigación adelantada en contra del contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE), suscrito el 21 de abril del año 2016 entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.
De acuerdo con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dentro del seguimiento al contrato se identificó que el operador del PAE en ese departamento habría contratado a proveedores ficticios en otras regiones del país, que no prestaron los servicios nutricionales a los menores.
“Se suscribió un contrato de 30 millones de pesos para el suministro de tamales y ese contrato se habría suscrito con una empresa que suministra grúas, en el Meta. Allí pudimos constatar, en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias, y que por supuesto no sabían hacer tamales. Como complemento, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes”, señaló el Martínez.
El Fiscal indicó que esos contratos ficticios, según las evidencias que tiene el ente, se habrían suscrito en los departamentos de Huila, Tolima y Meta.
“Mientras el Contralor encuentra en Programas de Alimentación Escolar pechugas de 40 mil pesos, nosotros estamos encontrando tamales de 30 millones de pesos”, anotó el funcionario del ente investigador. En el departamento del Huila, Surcolombiana de Inversiones contrató la elaboración y entrega de postres, con una asociación de padres de familia del restaurante escolar La Galaxia en el municipio huilense de Tarqui, por 20 millones de pesos. Tras las pesquisas, se constató que esa agrupación está inactiva y que sus representantes legales desconocían al operador.
Mientras el Contralor encuentra en Programas de Alimentación Escolar pechugas de 40 mil pesos, nosotros estamos encontrando tamales de 30 millones de pesos
Asimismo, en Algeciras, en el departamento del Huila, habrían comprado mercados a una asociación de transporte de pasajeros, ubicada a cuatro horas de camino por una trocha municipal, y en Suaza, pagaron 290 millones de pesos a la asociación de padres de familia del restaurante escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras.
En el marco de la investigación se tendrían evidencias que demostrarían que esos recursos no terminaron en frutas y verduras paras niños santandereanos sino en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.
El peculado que se habría identificado por recursos que iban para los niños y que terminaron en bolsillos privados ascendería a la suma de 2.125 millones de pesos.
Por estos hechos, fue enviada a la cárcel la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona; Aníbal Gonzáles, coordinador del PAE y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.
Los funcionarios fueron capturados el pasado 17 de noviembre y les fueron imputados los delitos de celebración de contratos sin el cumplimento de requisitos legales, falsedad idelógica en documento público y privado, y peculado por apropiación a favor de terceros.
El contrato del PAE en Santander objeto de la investigación se suscribió inicialmente por la suma de 23.844 millones de pesos para 82 municipios no certificados, es decir, que no tienen capacidad de contratación porque cuentan con menos de 100 mil habitantes.
En septiembre del mismo año se hizo una adición por 6.700 millones y posteriormente por 5.200 millones de pesos. De manera que el contrato PAE del año 2016, destinado a suplir necesidades alimentarias y nutricionales de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios en ese departamento, asciende en total a 35.744 millones de pesos.
BUCARAMANGA
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