Ad portas de finalizar el periodo de gobierno que inició en el 2015, queda un saldo de 913 casos de funcionarios públicos sancionados.

Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), de las 13.614 autoridades locales elegidas hace cuatro años para cargos públicos de Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía y Concejo Municipal, 836 han sido sancionados por causas disciplinarias, 79 por faltas fiscales y 45 por actos penales.

Según Gabriel Angarita, coordinador del Observatorio de Asuntos Públicos y Transparencia de la MOE, la corrupción es un fenómeno que ha permeado no solo a las altas esferas del poder, sino también a la población colombiana. Es por esto que combatir el fenómeno de la corrupción se ha vuelto un tema clave para las campañas electorales actuales.

Existen muchas razones por las que el flagelo de la corrupción se ha normalizado en Colombia. Angarita resalta que los ciudadanos han permitido que esta cultura persista, ya que se adaptan a ella en lugar de enfrentarla. Además, no se cuenta con un mecanismo fuerte para combatirla.

“Los colombianos hemos normalizado la corrupción porque muchas veces está la conciencia en el imaginario colombiano que los políticos no importa que roben pero que hagan algo por el municipio. Las mismas conductas que se han permitido por muchísimos años han permeado a toda la sociedad, desde los niños en los colegios, donde permiten que hayan actos de corrupción como la compra de votos por dulces para un personero estudiantil, hasta los grandes escándalos que hay en las altas esferas del país”, señala Angarita.

Existen dos alertas principales sobre la contienda electoral en la actualidad. La primera es la trashumancia electoral, ya que se registran municipios con tasas de inscripción altas, donde puede haber más votantes que personas en el municipio. Y, por otro lado, la compra y venta de votos que ya se conoce, donde la repartición de comida, subsidios y regalos comienzan a hacer presencia y a afectar el proceso de elecciones.

Según Gabriel Angarita, hay muchos actos de los candidatos que pueden ser indicios de corrupción y de que, probablemente, habrá corrupción en su gobierno si son elegidos.

Por lo anterior, recomienda mirar con lupa las candidaturas en las que se presente alguna de las siguientes situaciones.

Cuando un candidato moviliza ciudadanos a diferentes puntos, dentro o fuera de la región, regularmente es porque quiere asegurarse de que sí voten por él.

“Muchas veces retienen la cédula de las personas que trasladan y solo se las dan en el momento de la votación, o muchas veces también pasa que les entregan el día de las elecciones el tarjetón ya marcado, tienen que depositarlo y traer un tarjetón totalmente limpio para así cerciorarse que los que están trasladando, las personas que están comprando los votos, efectivamente vote por estas personas”, dice Angarita.

Debido a la apatía que muchos ciudadanos sienten hacia la política en Colombia, pueden pasar dos cosas. La primera es que se abstengan de participar en las elecciones, y la segunda, quizá la más grave, es que no piensan en las consecuencias que tiene regalar su voto a cambio de un beneficio.

“Y el inconveniente que existe es que muchas veces esa dádiva, esos 50 mil pesos o ese mercado, nos dura a nosotros una semana, un mes, pero el resto de 3 años y 11 meses en el que la persona está en el poder, puede perjudicarnos mucho más de lo que nos está ayudando realmente esa dádiva, o ese regalo o ese tamal que, normalmente, nos están dando”, resalta Angarita.

Este pensamiento dificulta la elección de los gobernantes más idóneos y que, además, se haga un buen control político.

Otra de las situaciones que se puede presentar en las campañas, es que un candidato reciba apoyo público por parte de alguna administración. Al respecto, Angarita resalta que aunque es una probabilidad que no pueden asegurar por completo, es una gran amenaza para el correcto rumbo de los planes de gobierno de dichos candidatos.

“(…) Cuando hay una casa política o un apellido o hay un grupo político allá en el poder que nos está apoyando o que está apoyando a un candidato, muy probablemente haya muchos intereses detrás. Intereses de continuar con proyectos, de continuar con contratación, de continuar con gente que ya esté en la misma administración”, puntualiza.

Otro aspecto para tener en cuenta es la situación jurídica en la que se encuentren los familiares de los candidatos. Procesos judiciales, medidas de aseguramiento o nexos con grupos ilegales, pueden estar involucrados en algunos casos.

“Si hay un candidato que tenga tres familiares encarcelados por temas de corrupción pues nos debería despertar bastante sospecha porque puede que también o tenga negocios alrededor o que haya cometido actos de corrupción anteriormente o que pueda llegar a cometer actos de corrupción”, manifiesta Angarita.

La financiación de las campañas políticas es un punto clave que ha resaltado la MOE en la contienda electoral, ya que el origen de los dineros de campaña puede significar la transparencia de la misma.

“Si no se da toda la información respecto a la financiación de campaña, si no se da toda la financiación respecto de en qué se está invirtiendo el dinero de las campañas políticas, si no sabemos, por ejemplo, la declaración de bienes, de renta o de ingresos que tienen los candidatos o los grupos que están detrás de los candidatos, también nos puede generar algún tipo de alerta”, resalta Angarita.

Por último, Angarita resalta cinco riesgos a los que se ve expuesta la ciudadanía en caso de ser elegida una administración manchada por la corrupción.

1) Ese candidato va a trabajar en función de él y de sus allegados, y no en función de la comunidad.

2) Es probable que ese candidato busque trabajar para recuperar todo el dinero que invirtió en campaña, y la inversión social pasaría a un segundo plano.

3) Ese candidato va enfocarse en proyectos de lucro personal o para un grupo muy específico de la población. En este punto, los proyectos de salud, educación e infraestructura, quedarían relegados.

4) Es probable que con sus actos de corrupción, termine con problemas penales, disciplinarios o fiscales. Esto podría generar un vacío de poder en la autoridad local, en donde la ciudadanía se vería enfrentada a la incertidumbre de no saber quién los va a gobernar y de qué manera.

5) Por último, existe el riesgo de que el funcionario sea destituido o sea condenado, por lo la ciudadanía tendrá que hacer una nueva elección. Esta situación generaría más gastos y zozobra en el municipio o departamento.

Por lo anterior, Gabriel Angarita, en su función de vocero de la MOE en esta ocasión, invita a la ciudadanía a votar de manera consciente y responsable, pues es el futuro de los territorios el que se verá afectado por la decisión de los ciudadanos el próximo 27 de octubre.

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